Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la histórica decisión del Tribunal de Mayor Riesgo C del Estado de Guatemala, adoptada el 23 de mayo de 2018, la cual condena a cuatro militares de alto rango por los delitos de deberes contra la humanidad y violación, en agravio de Emma Molina Theissen, y por el delito de desaparición forzada en agravio del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen. Esta decisión constituye un gran avance en la lucha contra la impunidad por crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno en el país, permitiendo finalmente a la víctima y sus familiares obtener justicia 37 años después de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1981.
La CIDH destaca que esta sentencia aplica estándares internacionales e interamericanos desarrollados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al reconocer el carácter de violación continua de la desaparición forzada, la imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos, la inaplicabilidad de la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos, así como el valor central del testimonio de la víctima en casos de violación sexual, entre otros.
Dicha decisión, de confirmarse, permitiría al Estado avanzar en el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen vs. Guatemala, que ordenó al Estado identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen ocurrida en 1981.
“La CIDH saluda este paso hacia la memoria, la verdad y la justicia e insta al Estado a continuar desplegando todos sus esfuerzos para cumplir la totalidad de la sentencia de la Corte Interamericana, sobre todo realizar las medidas necesarias para establecer el destino y paradero de Marco Antonio Molina Theissen y así hacer cesar su desaparición forzada”, dijo la Relatora de la CIDH para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
“La sociedad tiene el derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes crímenes como la desaparición forzada fueron cometidos”, dijo por su parte la Comisionada Antonia Urrejola, encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH. “A través de esta sentencia se avanza simultáneamente en el camino de la justicia y en el camino hacia el esclarecimiento de la verdad, a la que tienen derecho las víctimas y los familiares y la sociedad en su conjunto”, señaló. La Comisionada Urrejola añadió: “la jurisprudencia interamericana ha establecido que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. El cumplimiento de dichas obligaciones resulta necesario para garantizar la integralidad de la construcción de la verdad y la investigación completa de las estructuras en las que se enmarcan las violaciones de derechos humanos. En este sentido, saludamos el paso importante que esta sentencia significa al tiempo que urgimos al Estado de Guatemala a continuar investigando hasta establecer el paradero de Marco Antonio Molina Theissen”.
El acceso a la justicia en Guatemala es un tema prioritario al cual la CIDH ha dedicado mucha atención a lo largo de los años. En su informe sobre
Situación de derechos humanos en Guatemala (2017), la CIDH observó que la falta de acceso a la justicia en el país está estrechamente vinculada a la falta de reparaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y señaló la importancia de que Guatemala atienda esa deuda histórica con las víctimas de dichas violaciones y sus familiares, consagrada en los Acuerdos de Paz.
“La CIDH alienta al Estado a continuar sus esfuerzos para poner fin a la impunidad en el país a través de la investigación, procesamiento y sanción de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, y reafirma la importancia de la reparación integral de las víctimas”, señaló el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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