El 16 de diciembre de 1970 secuestran a Néstor Martins
PRIMER ABOGADO DESAPARECIDO EN LA ARGENTINA
Se
puede precisar que este primer secuestro de un profesional, Néstor
Martins, realizado en 1970, a plena luz del día, en Plaza Lorea, a
metros de su estudio, junto su cliente Nildo Zenteno, marcará el
comienzo de la andanada de aberrantes operativos parapoliciales que se
generalizarán hacia 1975, primero con la Triple A y luego con la
dictadura del Proceso.
Gobernaba
entonces Roberto Marcelo Levingston, el segundo eslabón de la cadena de
la dictadura instalada por Juan Carlos Onganía.
En
ningún momento se encaró una investigación seria, y a 44 años del hecho
nunca existió detenido alguno por el doble crimen que ingresaba en un
cono de olvido.
El momento político
Una
nueva etapa dictatorial comienza el 28 de junio de 1966, con la
destitución del presidente constitucional Arturo Humberto Ilia.
Gobernaba de facto desde el 18 de junio de 1970, Roberto Marcelo
Levingston, un oscuro y desconocido general de inteligencia, ex Jefe del
Batallón 601, con sede en la calle Viamonte 1818, y que desempeñaba al
momento funciones de agregado militar en la embajada de los EE.UU.
Durante
aquel golpe se generalizarán los atropellos y la represión a dirigentes
estudiantiles, líderes obreros, dirigentes políticos y profesionales
del campo popular, como es el caso de Néstor Martins. Se sistematiza la
pérdida de conquistas obreras y crímenes políticos como los de Santiago
Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Hilda
Guerrero de Molina y Luis Norberto Blanco, entre otros.
Con “El Cordobazo” (29 de mayo de 1969),
se inicia en el país una reacción popular en cadena, le siguen: El
Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo, Correntinazo, Choconazo, etc.,
simultáneamente nacían en el país las primeras organizaciones
guerrilleras como el ERP, Montoneros, FAR, FAP y ELN, con alto impacto
en la opinión pública.
Es secuestrado y ajusticiado por Montoneros el 1º de junio de 1970 Pedro Eugenio Aramburu (otro dictador, militar y polí
También
son asesinados en la época dos altos sindicalistas, Vandor y Alonso, el
industrial Sallustro y el general Juan Carlos Sánchez, entre otros.
Comienzan
a declararse “zonas liberadas” en las que la extrema derecha
parapolicial actúa impunemente sin interferencias, y se estrena la
tristemente célebre“Coordinación Federal” en el edificio de la calle
Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de la Policía, como
eje de la represión y como reedición–corregida y mejorada– de la
temida “Sección Especial” que funcionó durante el gobierno peronista en
la Comisaría 8º de la calle Urquiza al 500, frente al Hospital Ramos
Mejía.
Se
reavivaba así otra temible organización como la “Liga Patriótica”,
nacida en 1918 para actuar impunemente durante la “Semana Trágica”,
luego en la “Patagonia Rebelde” y finalmente en el golpe de Uriburu en
el año ’30.
Ya en la tercera presidencia de Perón, hacia 1975, nace otra organización parapolicial, la “Triple A”, creada y dirigida por José
López Rega, secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, quien
la empleó para combatir a sectores de izquierda, y a las fracciones
disidentes del propio movimiento peronista.
¿Quién era el abogado Martins?
El
abogado Néstor Martins había tenido una intensa trayectoria vinculada
al cuerpo de abogados de la CGT de los Argentinos y a la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre. En el año 1965 había obtenido el
procesamiento por torturas de doce oficiales de Coordinación Federal,
acababa de denunciar y enfrentarse personalmente a un jefe de ese mismo
organismo.
Realiza
las primeras denuncias por torturas con nombre y apellido y se habló en
el ambiente judicial de que posiblemente haya llevado algún mensaje de
algún grupo guerrillero. Tiempo después del hecho, los abogados que
atendían el caso afirmaron que una organización derechista clandestina
denominada “MANO” se había adjudicado el secuestro. Más allá de las
causas y autores del hecho, importa destacar que el caso Martins
reflejaba el compromiso contraído por éste en el que una franja de
abogados asumía el ejercicio profesional frente a detenidos políticos,
lo que para las fuerzas de seguridad significaba una amenaza.
El
impulsor de aquella corriente de abogados de la CGT de los Argentinos
fue Conrado Ostigosa Antón, representante legal de la Federación Gráfica
Bonaerense, quien convocó a un grupo de profesionales integrado por
Mario Landaburu, Hugo Chumbita, Raúl Aragón, Rafael Lombardi, Néstor
Martins, Antonio Deleroni, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Giraldez, Laura
Rabey, Hipólito Solari Yrigoyen, Cayetano Póvolo, Rubén Gómez y Matilde
Scaletzky (posteriormente se agregarían Luis Cerruti Costa, Marta
Fernández y Amílcar Grimberg). La tarea de este cuerpo combinó la
atención laboral con la defensa de presos políticos y estudiantiles,
acosados entonces por la dictadura.
Asimismo,
asistió legalmente a activistas detenidos pertenecientes a las primeras
formaciones armadas, como las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) o las
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Además, con la intención de actuar
con mayor celeridad frente a las detenciones de militantes producidas en
el interior del país, fue conformada una red de profesionales en
Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Paraná y Tucumán.
Desaparición de Martins y las disidencias en la Asociación de Abogados de Buenos Aires
La
compleja conexión que los abogados mantenían con las organizaciones
revolucionarias y la visibilidad que iban adquiriendo ante la opinión
pública como denunciantes de la política represiva, terminaron por
convertir a los propios abogados en blanco permanente de amenazas.
Sufrieron intimidaciones, atentados y hasta secuestros por parte de los
grupos parapoliciales y los núcleos clandestinos de extrema derecha.
Uno
de los primeros y más resonante de los casos fue la desaparición del
abogado de izquierda Néstor Martins, junto con su cliente Nildo Zenteno,
a pocas cuadras de Tribunales, el 16 de diciembre de 1970, a plena luz
del día, en Plaza Lorea, a metros de su estudio que se encontraba en el
edificio de la esquina NO de Rivadavia y Paraná.
Cinco
meses después del secuestro y ante la escasa disposición del gobierno
militar por su esclarecimiento, se crea una comisión por la vida de
Martins y Zenteno, integrada por personalidades vinculadas a movimientos
sociales, partidos políticos, grupos sindicales y profesionales, la que
convoca a una Jornada Nacional de Protesta.
La
misma consistía en un inédito paro de abogados en distintos puntos del
país –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Santa Fe–, y
la realización de un acto público con la presencia de 15 oradores, en
representación de organizaciones tan diversas como la Asociación de
Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Actores, la Sociedad de
Arquitectos, gremios combativos como SITRAC-SITRAM o la Federación de
Villas de Emergencia.
Es
importante destacar de esta demanda, no sólo la extensión del campo de
protesta, sino también la confluencia de sectores sociales y políticos
heterogéneos, además de la declaración de un paro, herramienta de
reivindicación típica de la clase trabajadora, por un sector profesional
de clase media y tradicionalmente moderado como los abogados.
Además
de pedir el esclarecimiento del caso Martins-Zenteno, los distintos
grupos convocantes denunciaban “las leyes represivas, las torturas, la
Ley Anticomunista, la pena de muerte” y se proponían “unificar los
reclamos a favor de la libertad de los presos políticos y sociales”, es
decir, cuestionaban el marco normativo del régimen militar. Aunque de
manera tardía, la Asociación de Abogados de Buenos Aires finalmente se
pronunció públicamente ante el secuestro de Martins.
Su
posición era más bien refractaria a definirse ante las continuas
intimidaciones y atentados sufridos por los abogados defensistas,
algunos de ellos socios de la entidad. Esta postura reticente quedó de
manifiesto a tan sólo diez días de realizarse la Jornada Nacional de
Protesta, cuando la lista oficialista Azul, liderada por el
doctor Carlos Fayt (el mismo que hoy, ya nonagenario, es miembro de la
Corte Suprema de Justicia), triunfaba nuevamente en las elecciones para
la renovación de autoridades frente al Movimiento de Acción Renovadora
(MAR).
Aquella victoria alcanzada por Fayt representaba, según un artículo del diarioLa Opinión, la continuidad de una línea moderada, “reacia a declaraciones de apoyo a movimientos políticos populistas y a profesionales que militen en esas tendencias”. En
aquella elección, el MAR, agrupación que reunía tendencias de
centroizquierda, sumó los votos del radicalizado Frente de Abogados, que
decidieron acompañarla a pesar que consideraban su plataforma como
reformista y, si bien esa alianza táctica no logró revertir una
orientación institucional, iba a mantenerse estable a pesar de los
avatares políticos del país.
Esta
línea política mesurada por parte de la Asociación, abrió el camino
para que un sector crítico, centrado en el Frente de Abogados, comenzara
a identificar la institución como una entidad preocupada sólo por el
cuidado de intereses personales y profesionales. Según el sector que
agrupaba a jóvenes abogados de izquierda comprometidos con la labor
defensista, el apoliticismo de la Asociación de Abogados no hacía más
que encubrir una práctica profesional liberal, orientada a conservar y a
legitimar el estado de cosas existente.
La Declaración
final del 28 de mayo de 1973 de la Reunión Nacional de Abogados “Néstor
Martins”, realizada en esta Capital con la presencia de 350 abogados de
todo el país, reafirma: “…El compromiso de nuestra responsabilidad
como parte de nuestro pueblo, sufrimos en nuestras agrupaciones
gremiales y personalmente ataques, calumnias, campañas de intimidación,
amenazas y atentados. Muchos colegas sufren o han sufrido
encarcelamiento prolongado. Néstor Martins ha sido asesinado tras su
secuestro, en acción muy similar a la que protagonizaron hace algún
tiempo funcionarios policiales, indultados después de haber sido
condenados por la Corte Suprema, en un acto de gobierno que otorga
piedra libre para la ejecución de crímenes similares.
Frente a su total orfandad y al hostigamiento de las luchas populares, el gobierno intenta una salida electoral condicionada y proscriptiva… Coherente con lo anteriormente expresado, y en la certeza de que la vigencia plena de los derechos humanos y democráticos sólo se logrará con la instauración de un nuevo sistema sin explotadores ni explotados, la Reunión Nacional de Abogados denuncia y repudia, en este momento histórico argentino, al Gran Acuerdo Nacional y a todos aquellos políticos que aceptando las reglas de juego del gobierno se convierten en sus cómplices”.n
Frente a su total orfandad y al hostigamiento de las luchas populares, el gobierno intenta una salida electoral condicionada y proscriptiva… Coherente con lo anteriormente expresado, y en la certeza de que la vigencia plena de los derechos humanos y democráticos sólo se logrará con la instauración de un nuevo sistema sin explotadores ni explotados, la Reunión Nacional de Abogados denuncia y repudia, en este momento histórico argentino, al Gran Acuerdo Nacional y a todos aquellos políticos que aceptando las reglas de juego del gobierno se convierten en sus cómplices”.n
Miguel Eugenio Germino
Fuentes:
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