Washington,
D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato
del periodista Moisés Dagdug Lutzow, quien ya había denunciado amenazas y
cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 20 de febrero en el estado de
Tabasco, México, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera
pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a
los responsables.
De acuerdo a la información disponible, Dagdug Lutzow era reconocido por ser dueño de la empresa de comunicación
Grupo VX y por presentar un programa en la emisora de radio
XEVX La grande de Tabasco. El
periodista comentó en diversas ocasiones que había sido víctima de
intimidaciones verbales realizadas de manera anónima a su persona,
supuestamente por su postura crítica contra el gobierno del estado de
Tabasco, encabezado por Arturo Núñez Jiménez.
El suceso tuvo lugar en la madrugada del 20 de febrero en el interior
del domicilio del periodista, donde los asaltantes apuñalaron al hombre
de 65 años y posteriormente se llevaron su vehículo, encontrado horas
después en una carretera de la ciudad de Villahermosa. De acuerdo a las
autoridades locales, algunos testigos informaron que vieron bajar de la
unidad a dos personas.
El Estado de México informó que la Fiscalía General del Estado de
Tabasco inició una averiguación previa y ha practicado diversas
investigaciones de campo, consistentes en rastreos criminalísticos en su
casa y en la camioneta robada, además de la toma de declaraciones a
colaboradores del periodista, para determinar si el crimen está
vinculado al ejercicio de la libertad de expresión. La Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión
inició, asimismo, una averiguación previa.
En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país
presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en
2015 se registraron seis casos. Este es el tercer asesinato de
periodistas registrado en México en este año: el 21 de enero fue
asesinado el periodista
Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca, y el 9 de febrero
Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera
exhaustiva la hipótesis según la cual estos crímenes estarían asociados
con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los
derechos humanos, y a poner en práctica todos los instrumentos con los
que cuentan para identificar, procesar y sancionar a los responsables
materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten
medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
La situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido
motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría
recuerda que la obligación de conducir la investigación con debida
diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste
especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una
investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la
región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos
posibilidades de conseguir resultados. De la misma manera, la Relatoría
Especial considera que es fundamental evaluar de forma urgente si deben
activarse los mecanismos de atracción previstos en la ley y que este
caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las
autoridades federales.
El principio 9 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala:
“[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada”.
Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de
actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la
autocensura de los y las comunicadoras.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel
fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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