Preocupa al Secretario de DDHH protocolo de Bullrich para actuar en protestas sociales
El Secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela manifestó su preocupación por la aprobación del Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales, anunciado por la Ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el que fue suscripto en Bariloche por la mayoría de las provincias a excepción de la provincia de La Rioja, entre otras.
Para el funcionario el anuncio de que las fuerzas de seguridad tendrán como mandato “intervenir y disolver la manifestación”, tras la primera advertencia de que “depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme a lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia”, según se expresa en el propio texto del protocolo, “no significa otra cosa que criminalizar la protesta social, y establecer de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el consenso que ese reclamo tenga en la sociedad, el gobierno irá al choque con los manifestantes, quienes, además, serán enteramente responsables de las consecuencias”.
Por otra parte, el Secretario hizo hincapié en la necesidad del gobierno de establecer este tipo de protocolo, como correlato de las medidas que está tomando en relación con el empleo: “es decir que el gobierno -graficó Brizuela- por un lado hecha a los trabajadores y reduce a la mínima expresión el poder adquisitivo del salario de aquellos que se salvan de los despidos, mientras que por el otro, previendo el comportamiento lógico que es la justa protesta social, amparada por la Constitución, los espera con hombres armados listos para reprimir y, al mismo tiempo, con la colaboración de los medios hegemónicos, invisibilizar cualquier manifestación popular”.
Para Brizuela, “no hay duda que este protocolo está en el marco de la previsión de la respuesta de los trabajadores frente a las medidas que el propio gobierno está tomando; de manera que Bullrich está abriendo el paraguas antes que llueva, pero su paraguas está llenos de agujeros de autoritarismo y de incapacidad para juzgar una situación política que podría derivar en escaladas de violencia que sería mucho más complicadas y obteniendo el resultado inverso al esperado por estas normas de comportamiento de las fuerzas de seguridad”.
Finalmente, Brizuela felicitó a las autoridades del Gobierno de la Provincia por no haber adherido a este protocolo que “como expresa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pone al orden público por encima de todo y valora a la circulación por sobre la integridad de las personas y los derechos a la protesta social y a la libertad” remató el funcionario.
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