Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja solicita agilizar la expropiación del edificio de la Ex Policía Federal
Ante el evidente deterioro del edificio donde funcionaba la ex Policía Federal, provocado por los actuales propietarios, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela solicita al ejecutivo provincial, celeridad en la vía administrativa para la resolución del trámite de expropiación de la casona ubicada en Adolfo E. Dávila al 100.
Desde la Secretaría se solicitó a las áreas competentes, Dirección General de Bienes Fiscales y Dirección General de Ordenamiento Territorial, informe del avance del trámite de expropiación, procedimiento establecido mediante Ley 4.611 -Ley de Expropiación de Inmuebles-.
“Como organismos de DDHH, nos preocupa sumamente la lentitud con la que se está llevando a cabo el trámite administrativo, teniendo en cuenta el estado actual de deterioro del Inmueble provocado por la constante demolición y desmantelamiento que llevan a cabo los actuales propietarios”, dijo el secretario a lo que agregó: “El edificio es testimonio fiel de los delitos cometidos en la última dictadura militar, y es prueba en los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se llevan a cabo en la provincia”.
El funcionario advirtió que ya se desmanteló gran parte de la propiedad y con ello se perdieron el aporte de valiosas pruebas para los juicios venideros.
Recordó además que el 10 de marzo se publicó en el boletín oficial la Ley 9.926, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia el inmueble, razón por la cual el trámite administrativo para su concreción debiera ser “urgente”.
El espacio, además, de aportar pruebas para los juicios, será destinado al funcionamiento del Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Allí funcionará la sede de la Secretaría de Derechos Humanos junto a otras organizaciones afines.
Este edificio fue señalizado como Centro Clandestino de Detención y Torturas en marzo de 2015 en un acto donde participaron autoridades nacionales, provinciales, municipales y organismos de DDHH, sin embargo el cartel de señalización fue removido arbitrariamente por los anteriores dueños de la propiedad día posteriores.
Recién en diciembre de 2016 la Justica Federal autorizó su reposición, que se hizo merced a una ordenanza municipal.
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