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Un informe conjunto presentado recientemente por tres influyentes centros de investigación y análisis estadounidenses, especializados en estudios sobre el Hemisferio Occidental —Centro para Políticas Internacionales (CIP), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)— reveló que el gobierno norteamericano ha favorecido el empleo de Fuerzas de Operaciones Especiales en sus políticas de seguridad hacia la región.
Según el informe, titulado Hora de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, estas Fuerzas Especiales serán cada vez más empleadas en América Latina para tareas de capacitación, de recaudación de inteligencia y otras misiones militares, bajo el rubro del viejo esquema de la lucha antinarcóticos. Tales misiones cumplen funciones que van más allá de la mera provisión de entrenamiento y permiten que las unidades se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales claves en países donde algún día podrían operar. Precisa que también permiten que el personal estadounidense reúna información confidencial sobre sus países anfitriones.
Agrega el estudio que en gran medida, lo que viene ocurriendo no se refleja en grandes presupuestos, sino que viene encubierto por un velo de misterio, deslucidos informes ante el Congreso y el público, y una migración del manejo de programas del Departamento de Estado hacia el De-partamento de Defensa. La capacidad de Estados Unidos para salir en defensa de los derechos humanos es socavada por sus propios antecedentes, plagados de defectos en materia de derechos humanos: el incumplimiento con cerrar la base de Guantánamo, los vastos programas de vigilancia, y una política de utilización de aviones no tripulados que justifica las ejecuciones extrajudiciales.
Coinciden estos tres centros de estudio, que la naturaleza de la participación de Estados Unidos en la región está cambiando. En lugar de construir bases, emplear la Cuarta Flota o lanzar paquetes de ayuda de “gran envergadura” como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, el involucramiento de las fuerzas armadas estadounidenses se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente.
Como se aprecia, las noticias son poco alentadoras para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Este reajuste responde a la actual estrategia estadounidense de “intervención encubierta” de baja visibilidad pública, que le permite poca presencia de tropas terrestres y mayor empleo de aviones no tripulados, ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales con capacidad de movimiento rápido y ligero.
Es evidente un cambio de táctica para enmascarar su agenda militarista, ensayada anteriormente con la política del “Buen Vecino” de la administración de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), que le permitió mantener un control, visiblemente menos injerencista, sobre los ejércitos latinoamericanos, pero que en la práctica priorizó las acciones encubiertas de desestabilización en una época de depresión económica y guerras, nada más parecido a la actualidad. De ahí que la Gran Estrategia imperial se mantiene intacta.
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