Tinkunaco 1367/13 - La construcción de un enemigo extranjerizante y criminal

Miradas al Sur

Marcos Taire

La construcción de un enemigo extranjerizante y criminal

Arriba.Aniquilamiento. El decreto presidencial de febrero de 1975 “legalizó” la acción represiva de las FFAA en Tucumán.//Medio.Coincidencia. El poder político apoyó en forma entusiasta el accionar del ejército.//Abajo. Visitas. El gobernador Juri junto a Ítalo Argentino Luder en un acto partidario.

Otras notas

• Las preguntas que Morales Solá debe responder ante la Justicia
  Joaquín Morales Solá, periodista del diario La Nación y del canal TN, fue citado por la Justicia para declarar como testigo en una causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la Operación Independencia, en 1975. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas tomó la decisión de citar a Morales Solá a partir de la publicación en Miradas al Sur de un par de notas y una fotografía que prueban la cercanía y probable complicidad del periodista con las fuerzas represivas que sembraron el terror en la provincia norteña.
• Una pericia a la foto de Morales Solá
  Se suspendió la declaración testimonial que esta semana debía dar ante la Justicia el periodista Joaquín Morales Solá, en una causa en que se investigan crímenes de lesa humanidad en el marco de la Operación Independencia, en Tucumán. El juez federal Raúl Daniel Bejas envió los primeros días de febrero una “rogatoria” a la Cámara Federal porteña para que Morales Solá pudiera declarar en Buenos Aires, y así no trasladarse a Tucumán. El exhorto llegó a manos de la jueza federal María Servini de Cubría.
• El mapa del genocidio
  El armado del aparato represivo de la Operación Independencia se planificó en el Estado Mayor del Ejército. Su primer comandante, Adel Vilas, pretendió en su libro nunca publicado y en folletos y entrevistas posteriores en diarios y revistas, adjudicarse la autoría del plan de operaciones, pero está probado que lo hicieron los jefes de la fuerza con el asesoramiento de un agregado militar francés.
• Los crímenes del monte tucumano
  Una veintena de militares y civiles fueron procesados, acusados de crímenes perpetrados por el Operativo Independencia contra la guerrilla, durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), que no resultó procesada. La mayor novedad fue el procesamiento con prisión preventiva, por primera vez, del general retirado Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de las Islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago en la guerra con Gran Bretaña en 1982.
• A 35 años de una masacre impune
  La primera semana de diciembre de 1975 regó de sangre las calles de San Miguel de Tucumán. Un automóvil volado por los aires con siete personas en su interior, media docena de atentados explosivos en domicilios particulares, el asesinato del padre de una de las víctimas de la masacre de Trelew, fueron algunas de las acciones protagonizadas por las fuerzas de tareas del general Vilas, comandante del Operativo Independencia. Sin embargo, las autoridades militares intentaron confundir a la ciudadanía adjudicando los hechos al “extremismo”.
• Sepulcro para un genocida
  Tucumán, cuna de la Independencia, sepulcro de la subversión”. Un escudo, con el mapa de la provincia enmarcado por esa frase, podía verse en edificios públicos, plazas y rutas tucumanas durante los años 1976 y 1977. Mientras tanto, flameaban banderas argentinas en cientos de mástiles y en el horizonte se podían ver todos los tanques de agua pintados de celeste y blanco.

El Operativo Independencia contó con el apoyo irrestricto de todo el arco político oficial de Tucumán, desde el Ejecutivo y los legisladores provinciales a las estructuras de la CGT Regional y la Juventud Sindical Peronista.

El discurso que permitió, favoreció y apoyó la criminalidad de la Operación Independencia no conoció límites. Funcionarios, legisladores, dirigentes sindicales y empresarios fueron elocuentes defensores de la acción represora de los generales Adel Vilas y Antonio Bussi y de las fuerzas que comandaron a partir de febrero de 1975 en Tucumán. Sus palabras y sus acciones fueron fundamentales para la construcción del enemigo: apuntaron siempre a señalar un sujeto inescrupuloso, extranjerizante y criminal, que buscaba destruir la nacionalidad y adueñarse del poder para implantar un régimen “extraño al ser nacional”. Pueril hasta el grotesco, ese discurso legalizó la matanza, la aplaudió y la alentó a lograr el objetivo de la aniquilación.
El anuncio del lanzamiento de la Operación tomó por sorpresa a funcionarios, legisladores y dirigentes tucumanos. Es que el gobierno nacional no hizo ninguna consulta ni lo informó previamente. Isabel Perón, su gabinete y los militares ignoraron al gobierno provincial de Amado Juri, a pesar de que le estaban enviando una intervención militar que iba a ocupar una gran parte del territorio provincial y que iba a militarizar a todo Tucumán.
Una vez superada la sorpresa y sin expresar queja alguna por el desaire, las dirigencias tucumanas se alinearon detrás de la decisión presidencial y adoptaron una actitud belicista muchas veces más agresiva que la de los propios militares. A ninguno se le ocurrió cuestionar la magnitud del despliegue militar ni la agresividad demostrada desde el primer día por los uniformados. No se alzó ninguna voz convocando a la concordia o la pacificación. Los políticos, sindicalistas, empresarios y sacerdotes se transformaron en halcones más agresivos que los protagonistas de la supuesta guerra contra la “subversión”.
Para el gobernador Juri, “la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión apátrida, que pretende arrastrar mediante la violencia y el crimen las instituciones de la República para sustituirlas por regímenes opresores dóciles a los imperialismos económicos e ideológicos, ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”. Además, exhortó “al pueblo de la provincia a prestar su más decidido apoyo a las operaciones que se desarrollan al mando del general Vilas”.
La dirigencia sindical no tuvo dudas: la CGT Regional resolvió “adherirse fervientemente a la decisión de nuestra presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias. Sus colegas de las 62 Organizaciones Peronistas fueron más explícitos: “Sólo cuando eliminemos los focos disociantes de nuestra nacionalidad podremos trabajar en paz y armonía. Felicitamos a nuestro comandante, general Vilas, por la firmeza y decisión en los procedimientos”.Los muchachos de la Juventud Sindical Peronista fueron más duros que sus mayores: “Deben desaparecer del suelo patrio las minorías al servicio de la anarquía y las ideas extranjerizantes”.
Los legisladores no quisieron ser menos y el presidente del bloque de senadores provinciales peronistas, Ernesto Corbalán, dijo que “ningún argentino puede estar ausente en la defensa de las instituciones constantemente amenazadas por los elementos del caos y el crimen apátrida”. Su colega Juan José Pino, titular del bloque de diputados, manifestó su “total e incondicional apoyo a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en la lucha contra la subversión”. El diputado nacional Antonio Isaac Guerrero llamó a “extirpar este mal” (la subversión).
El interventor del Partido Justicialista, coronel Adolfo César Phillippeau, saludó la llegada a Tucumán del jefe del Ejército, Leandro Anaya, y expresó su “solidaridad con el glorioso Ejército Argentino en sus operaciones contra la antipatria”. A su vez, un hombre del riñón de la oligarquía tucumana, Eduardo Lalo Paz, integrante de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación, dijo que “existe absoluta unidad en todos los sectores que componen el Estado en respaldar la acción del Ejército, quien se encuentra en operaciones de represión a fin de brindar seguridad a las poblaciones presionadas por la guerrilla rural”.
Apoyo y colaboración. A dos semanas de iniciada la Operación Independencia, Vilas se reunió con toda la dirigencia gremial en la Casa de Gobierno. Los sindicalistas le prometieron que no habría huelgas y le ofrecieron su colaboración, que consistió en la delación y entrega de militantes y en el aporte de matones para integrar los grupos de tareas que, encapuchados, todas las noches salían a secuestrar y matar gente.
Uno de los colaboradores que aportó el peronismo fue Ismael Haouache, integrante del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Universidad Nacional de Tucumán. Formó parte de las patotas secuestradoras y fue visto por prisioneros en los campos de concentración. Haouache dijo que “no ha de dudarse que nuestro Ejército sabrá ahogar en sangre la infame y absurda pretensión de este nuevo invasor y los traidores que lo sirven”. Phillippeau no se quedó atrás: “Nuestro glorioso Ejército, al ocupar el terreno que antes ocupaba la guerrilla, nos ha liberado de esa plaga: yo siempre la comparo con las abejas africanas, porque vienen de otros lugares, con ideas foráneas y con ideologías de otros países”.
La llamada “zona de operaciones”, en el suroeste tucumano, fue visitada por las máximas autoridades nacionales en los meses de marzo y abril de 1975. La presidente Isabel Perón, tras reunirse con Vilas en Famaillá, dijo a los periodistas: “Vengo a presentar mis respetos a quienes ofrendan sus vidas para la tranquilidad de los argentinos y a rendir mi tributo al Ejército Argentino”. En un improvisado discurso desde el balcón del Comando Táctico de Vilas y ante la población reunida en la plaza, sorprendida por una visita sin anuncio previo y sin la presencia de las autoridades provinciales, Isabel se enfervorizó y afirmó que “la antipatria quiere desconocer los verdaderos votos del pueblo” y “tenemos que ir paulatinamente llevando como podamos el país con paz y tranquilidad y no con fusiles, matando niños y destrozando familias”.
Desde el inicio de la Operación las visitas más frecuentes fueron las de funcionarios del Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega. Llegaban en grandes contingentes llevando la ayuda que, de acuerdo a las directivas del decreto secreto ordenando el comienzo de las acciones, debía aportar ese ministerio para “tareas de acción cívica”. También llegaron a Tucumán otros grupos que respondían al poderoso ministro, menos numerosos pero armados hasta los dientes, que se sumaron a la represión directa, desembozada y criminal. En su libro aún inédito, Vilas reconoció el enorme apoyo brindado por López Rega.
La celebración del 25 de Mayo fue el marco propicio para una escalada de declaraciones y pronunciamientos cada vez más violentos. El Partido Justicialista, en una solicitada, criticó a quienes calificó como “minúsculos grupos de extraviados” y rindió “homenaje y respaldo a la valiente campaña que cumplen el Ejército y fuerzas de seguridad para erradicar de nuestro suelo a los elementos apátrida que intentan cambiar la gloriosa y pura enseña celeste y blanca por un trapo cualquiera”. En el acto organizado por los militares, el coronel Luis Vera Robinson, afirmó la decisión de “erradicar para siempre las ideas extrañas al sentir nacional” que “pretenden cambiar nuestro sistema de vida democrático y cristiano”.
La celebración del Día del Ejército, el 29 de mayo, fue otro momento propicio para que funcionarios, legisladores y dirigentes hicieran profesión de fe belicista. El gobernador Juri emitió una declaración afirmando que “la acción del Ejército adquiere una relevancia digna de sus más nobles tradiciones, al enfrentar con patriótico valor a un enemigo cruel y solapado, garantizando así la libertad y seguridad de la población”. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Posse Cuezzo, no se quedó atrás: “Saludamos a todos aquellos jefes y soldados que hoy son protagonistas de la lucha que todos los argentinos estamos librando contra los agentes de la subversión internacional”. Su colega Héctor Gofredo Cuozzo, titular del Senado, le gana en fervor: “Elevamos al altísimo la devota plegaria para que proteja y guíe a nuestro Ejército por la senda de la gloria, haciendo honor a su consigna y tradición de vencer o morir por la república, despejando de su cielo la borrasca de la antipatria que pretende perturbar el orden, la paz y la tranquilidad que reina en la familia argentina”.
El 20 de junio, en el Día de la Bandera, el teniente coronel Ricardo Flouret, jefe del Regimiento 19, dijo que “aquí está el Ejército Argentino, ante la artera amenaza que viene desde el exterior buscando la desintegración y el caos”. Curiosamente, este militar fue después reivindicado por el gobierno elegido en 1983, que lo designó para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia y también por algún periodista procesista devenido alfonsinista.
Al asumir como jefe de policía un militar, el 17 de julio, el gobernador exhibe la dureza que va creciendo día a día en la dirigencia política y sindical: “Comprometo todo el apoyo del gobierno para terminar con la antipatria, hombres sin sentimiento que pretenden cambiar nuestra gloriosa enseña azul y blanca por un sucio trapo rojo”. Unos días más tarde Juri expresó su “más enérgica repulsa por el tremendo desprecio que han demostrado hacia fundamentales derechos humanos aquellos que declaman y reclaman esa protección”.
A fines de 1975 Vilas es relevado de la comandancia de la Brigada y de la Operación Independencia y es despedido con todos los honores. El 20 de diciembre, la Legislatura en pleno le hace entrega de una medalla. Al día siguiente, Juri hace lo mismo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Vilas se va de Tucumán condecorado por los civiles que gobiernan la provincia.
Al asumir Bussi se produce una catarata de apoyos a la Operación Independencia y a su flamante jefe. El inefable Amado Juri sintetiza el pensamiento de la mayoría: “A ustedes, que están luchando contra la delincuencia subversiva, contra aquellos apátridas que pretenden sustituir nuestra bandera celeste y blanca (…) nunca lo conseguirán mientras existan pechos argentinos como los de ustedes, que sabrán defender nuestro pabellón con la propia vida, como lo hicieron nuestros antepasados (…) ustedes son dignos representantes del ejército sanmartiniano…”.