ALERTA SOBRE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES. BASTA DE
DESPIDOS Y REPRESIÓN
La Asociación de
Abogados Laboralistas denuncia y repudia la grave situación provocada por los
despidos en el sector público y privado, la represión e intento de silenciar la
protesta social.
A sólo un mes de asumir el nuevo Gobierno Nacional, se ha
evidenciado un incremento de despidos y falta de pago de salarios y aguinaldos,
tanto en el sector público como en el privado.
Ejemplo de ello son los conflictos en Cerámica San
Lorenzo, que despidió 120 trabajadores de su planta de Azul, y los reclamos en
las empresas periodísticas del “Grupo 23” de Szpolski y Garfunkel, que afectan a
aproximadamente 800 trabajadores.
Estos hechos, entre muchos otros, demuestran que las
empresas se sienten con vía libre para avanzar en “reestructuraciones” que
implican despidos, con el único objetivo de maximizar sus ganancias. El Gobierno
acompaña estas políticas patronales mediante su inacción –que de hecho implica
intervenir a favor de las empresas- y llegado el caso, con represión, tal como
ha acontecido con las protestas de los trabajadores de Cresta Roja, situación
que afecta 5000 trabajadores, o con los municipales de La Plata, brutalmente
reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos.
En el sector público nacional, el Gobierno inauguró su
política de empleo mediante el dictado del Decreto 254/2015, mediante el cual
planea revisar todos los concursos y los contratos.
Tras una supuesta limpieza de ñoquis se ha desatado una
verdadera caza de brujas. Es claro que nadie puede ni debe defender a quienes
cobran un salario sin trabajar, pero es falso que ellos sean mayoría, y con esta
justificación montada en una difamante campaña mediática, se han cesanteado a
miles de trabajadores sin haberse denunciado o constatado ilicitud o
irregularidad alguna.
La planta del Estado Nacional estuvo congelada por años y
el hecho de que se haya convocado a concursos para cubrir vacantes, aunque muy
limitados, ha sido una destacable medida del gobierno saliente. Fueron muchos
los trabajadores que participaron en esos concursos y obtuvieron un cargo
en planta permanente, dejando atrás décadas de contrataciones fraudulentas. La
eventual existencia de alguna irregularidad que pudo haber existido en forma
excepcional y que puede ser sometida a revisión con las garantías de ley, no
habilita de ninguna forma al Gobierno a poner bajo un manto de sospecha a todos
los empleados públicos.
Los llamados “contratados” son las principales víctimas
de estas cesantías masivas. Fueron precarizados por las distintas
administraciones anteriores. Y no se trató simplemente de una omisión, sino que
forma parte de una política sistemática de todos los gobiernos y en todos los
niveles.
La estabilidad del empleado público está prevista en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este derecho se estableció
justamente para impedir que los trabajadores fueran el “botín de guerra” del
partido que gana las elecciones, que asume y pretende remover a toda la planta,
para remplazarla por sus acólitos.
A esto debe sumarse la doctrina de la CSJN, que solo
considera a estos trabajadores como eventuales acreedores de una indemnización
tarifada, cerrando así un círculo de desprotección y violación del derecho a la
estabilidad en el empleo público.
Y esto no es patrimonio únicamente del Estado Nacional,
sino que ocurre en todas las provincias y municipios.
El drástico ejemplo de esta política de empleo se
evidenció en la Provincia de Buenos Aires, donde la Gobernadora Vidal ha
suspendido por 6 meses, mediante el Decreto 26/15, la vigencia de ley 14.656 que
estableció las paritarias para los trabajadores municipales.
Estamos entonces ante una clara política a favor de las
patronales privadas, aplicada de primera mano en el sector
público.
Desde la AAL denunciamos esta política y expresamos
nuestra solidaridad con todos los trabajadores afectados y sus organizaciones,
quedando a su disposición en todo lo que podamos colaborar para enfrentar esta
verdadera avanzada contra los derechos humanos, sociales y
laborales.
Buenos Aires, 12 de enero 2016.
Por Consejo Directivo,
Verónica
Nuguer
Secretaria
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