Miércoles, 4 de enero.- La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que ya inició una investigación sobre las tres obras en las que participa la constructora brasileña Odebrecht en el país (una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de un gasoducto en Córdoba y el soterramiento del Sarmiento), recibió otra denuncia contra el titular de la empresa Iecsa, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por su presunta participación en los pagos de coimas reconocidos por Odebrecht, que admitió haber pagado más de 35 millones de dólares de sobornos entre 2007 y 2014 en la Argentina.
De acuerdo con lo publicado en ambito.com, en una nota firmada por Sebastián D. Penelli, la denuncia original, realizada por el abogado Daniel Igolnikov, también incluye al ministro de Energía y ex Ceo de Shell, Juan José Aranguren, y a otros funcionarios de la misma cartera, no identificados, quienes mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros con representantes de la firma brasileña.
Igolnikov señala, en su escrito, que la “diferencia fundamental” entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista es que en el segundo caso se agrava la responsabilidad del Estado argentino que, de acuerdo con la adjudicación del 16 de junio pasado, proveerá los fondos necesarios para el soterramiento del Sarmiento, en una operación que no solo beneficia a Calcaterra sino también a sus socios italianos (Ghella) y españoles (Comsa) .
Igolnikov –continúa ámbito.com- pide seguir la doctrina del iter criminis, que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de hechos, en los cuales quienes participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el eventual pago de coimas.
"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, ya sea con funcionarios actuales o de la administración anterior, advirtió el letrado.
"Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como en el caso de Milagro Sala", agregó Igolnikov en su denuncia.
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