Cristina Kirchner denunció una maniobra del Gobierno, parte del Poder Judicial y los grandes medios
“Es una maniobra de carácter criminal”
CFK
hizo una presentación ante la Justicia federal por la grabación y
difusión de su conversación con el ex titular de la AFI Oscar Parrilli.
También afirmó que es víctima de seguimientos y responsabilizó al
presidente Mauricio Macri.
“A
partir del 10 de diciembre de 2015, fecha en la cual, como es de
dominio público, finalicé mi mandato como Presidenta de la Nación, vengo
siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y
judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de
nuestro país”, aseguró la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
en una denuncia que presentó ayer ante la justicia federal de Río
Gallegos. La acusación se hizo a raíz de la divulgación de la
conversación con el ex titular de la Agencia Federal de Información
(AFI) Oscar Parrilli, pero no se redujo a ese hecho. CFK aludió a
“maniobras de seguimiento” sobre sus movimientos y responsabilizó al
Presidente por estos hechos y recordó, en ese marco, que Mauricio Macri
cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo
procesado en un caso de espionaje político. Sobre la difusión de la
escucha señaló: “Nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter
criminal, que pone al descubierto de manera aún más fidedigna el
componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con
algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la
participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de
comunicación”.
En una presentación escrita en primera persona y acompañada por su sobrina Romina Mercado como abogada, CFK aludió a la denuncia que hizo el fiscal Guillermo Marijuán por abuso de autoridad con la excusa de una frase de la charla telefónica del 11 de julio del año pasado. En esa conversación, la ex presidenta le dice a Parrilli: “hay que buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que lo denunciamos”. Se refería el espía Antonio “Jaime” Stiuso, quien había dado una entrevista al diario La Nación con críticas y acusaciones contra el gobierno anterior, que lo había desplazado de la ex SIDE. Parrilli había hecho una serie de presentaciones judiciales que involucraban a Stiuso –por ejemplo por contrabando– y CFK se quejaba de que los jueces no tenían voluntad en avanzar con esos expedientes, por eso pedía una lista de las causas que se habían abierto.
Marijuán no sólo presentó la denuncia por abuso de autoridad. Afirmó que evaluaba también involucrar a la ex presidenta por un intento de asesinato o amenazas porque en la charla se escucha: “a este tipo hay que matarlo”. CFK lo dijo, según se desprende del audio, en el sentido de salir a responderle, refutar sus argumentos: por eso justamente quería tener la información sobre las denuncias a Stiuso. (Puede parecer un poco absurda esta aclaración, pero en el presente contexto no está de más). Marijuán afirmó “No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo ´a fulano de tal hay que matarlo´, con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación”. A esta curiosa argumentación se sumó el propio Stiuso –se la dejaron servida–. Su abogado afirmó que ayer que analiza presentarse como querellante porque se sintió “amenazado”.
Pero además de las “denuncias falsas”, CFK se refirió a lo que sería la primera parte de la maniobra, que atribuyó al Poder Ejecutivo. Esta consistiría en “filtrar a través de las fuerzas de seguridad y el ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales”.
La ex presidenta no redujo su denuncia al episodio del audio con Parrilli. Afirmó que “de manera subrepticia” hace tiempo que es “víctima de maniobras de seguimiento que se practican” sobre todos sus movimientos, en Santa Cruz como en la Ciudad. “No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces SIDE se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la AFI, todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación, afirmó.
Tras mencionar al titular de la AFI, Gustavo Arribas “un hombre de la más íntima confianza del primer mandatario”, CFK se centró en el propio Macri. “Vale la pena recordar –señaló– que estuvo procesado por el delito de asociación ilícita perpetrado cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad, ello con motivo de la conformación de una estructura de inteligencia paralela dedicada a las escuchas ilegales. Sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia, pese a que quedo plenamente acreditado la existencia del sistema de escuchas ilegales en el ámbito del gobierno de la Ciudad”.
La escucha que generó la denuncia de Marijuán –y ahora la de CFK– se realizó en el marco de una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo. El objeto de esa causa es determinar si el ex titular de la AFI evitó arrestar a Ibar Pérez Corradi, quien estaba prófugo en la causa del triple crimen de General Rodríguez. El expediente se abrió por pedido de la legisladora Graciela Ocaña, quien afirmó que el gobierno kirchnerista no buscaba a Pérez Corradi porque iba a involucrar al entonces candidato a gobernador Aníbal Fernández. CFK destacó que Pérez Corradi fue arrestado el 16 de junio de 2016 y que la conversación difundida se produjo un mes después de ese hecho. Pero no sólo eso. Recordó que al declarar, Pérez Corradi, al contrario de lo anunciado, mencionó a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz. A la primera por haberle pedido supuestamente una coima de medio millón de dólares para evitar encarcelarlo y al segundo de doscientos mil dólares para cambiar su voto en el Consejo de la Magistratura. “No se conoce ninguna causa judicial iniciada al respecto y mucho menos que se haya ordenado alguna escucha sobre los denunciados por Pérez Corradi”.
La ex presidenta enmarcó su denuncia en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y uso ilegítimo de recursos estatales. También en el artículo 153 del Código Penal que reprime a quien accediere indebidamente a una comunicación electrónica, telefónica, carta sin la debida autorización. Y señaló que ni la Corte Suprema, que tiene formalmente a su cargo las escuchas, ni el juez de la causa ni la AFI se hacen cargo de la divulgación de la conversación. Desde el juzgado de Lijo sostienen que las escuchas fueron ordenadas legalmente al teléfono del ex titular de la AFI y se desligaron de su difusión. “El audio es una gansada. Esto es todo circo”, señalaron en Comodoro Py en relación a la denuncia de CFK, pero también a la que la originó, las denuncias de Marijuán y Stiuso, quienes sostienen que del audio se desprenden posibles delitos.
CFK hizo su presentación en Río Gallegos porque argumenta que es en Santa Cruz donde desarrolla la mayoría de sus actividades y la denuncia se refiere a una persecución global a su persona. Pero admite que podría cambiar de jurisdicción. Si sigue en su provincia, la causa podría quedar a cargo del juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que está subrogando el juzgado federal de Río Gallegos. En ese caso, la ex presidenta lo recusaría, ya que es junto con el camarista Martín Irurzun quien está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.
En una presentación escrita en primera persona y acompañada por su sobrina Romina Mercado como abogada, CFK aludió a la denuncia que hizo el fiscal Guillermo Marijuán por abuso de autoridad con la excusa de una frase de la charla telefónica del 11 de julio del año pasado. En esa conversación, la ex presidenta le dice a Parrilli: “hay que buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que lo denunciamos”. Se refería el espía Antonio “Jaime” Stiuso, quien había dado una entrevista al diario La Nación con críticas y acusaciones contra el gobierno anterior, que lo había desplazado de la ex SIDE. Parrilli había hecho una serie de presentaciones judiciales que involucraban a Stiuso –por ejemplo por contrabando– y CFK se quejaba de que los jueces no tenían voluntad en avanzar con esos expedientes, por eso pedía una lista de las causas que se habían abierto.
Marijuán no sólo presentó la denuncia por abuso de autoridad. Afirmó que evaluaba también involucrar a la ex presidenta por un intento de asesinato o amenazas porque en la charla se escucha: “a este tipo hay que matarlo”. CFK lo dijo, según se desprende del audio, en el sentido de salir a responderle, refutar sus argumentos: por eso justamente quería tener la información sobre las denuncias a Stiuso. (Puede parecer un poco absurda esta aclaración, pero en el presente contexto no está de más). Marijuán afirmó “No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo ´a fulano de tal hay que matarlo´, con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación”. A esta curiosa argumentación se sumó el propio Stiuso –se la dejaron servida–. Su abogado afirmó que ayer que analiza presentarse como querellante porque se sintió “amenazado”.
Pero además de las “denuncias falsas”, CFK se refirió a lo que sería la primera parte de la maniobra, que atribuyó al Poder Ejecutivo. Esta consistiría en “filtrar a través de las fuerzas de seguridad y el ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales”.
La ex presidenta no redujo su denuncia al episodio del audio con Parrilli. Afirmó que “de manera subrepticia” hace tiempo que es “víctima de maniobras de seguimiento que se practican” sobre todos sus movimientos, en Santa Cruz como en la Ciudad. “No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces SIDE se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la AFI, todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación, afirmó.
Tras mencionar al titular de la AFI, Gustavo Arribas “un hombre de la más íntima confianza del primer mandatario”, CFK se centró en el propio Macri. “Vale la pena recordar –señaló– que estuvo procesado por el delito de asociación ilícita perpetrado cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad, ello con motivo de la conformación de una estructura de inteligencia paralela dedicada a las escuchas ilegales. Sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia, pese a que quedo plenamente acreditado la existencia del sistema de escuchas ilegales en el ámbito del gobierno de la Ciudad”.
La escucha que generó la denuncia de Marijuán –y ahora la de CFK– se realizó en el marco de una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo. El objeto de esa causa es determinar si el ex titular de la AFI evitó arrestar a Ibar Pérez Corradi, quien estaba prófugo en la causa del triple crimen de General Rodríguez. El expediente se abrió por pedido de la legisladora Graciela Ocaña, quien afirmó que el gobierno kirchnerista no buscaba a Pérez Corradi porque iba a involucrar al entonces candidato a gobernador Aníbal Fernández. CFK destacó que Pérez Corradi fue arrestado el 16 de junio de 2016 y que la conversación difundida se produjo un mes después de ese hecho. Pero no sólo eso. Recordó que al declarar, Pérez Corradi, al contrario de lo anunciado, mencionó a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz. A la primera por haberle pedido supuestamente una coima de medio millón de dólares para evitar encarcelarlo y al segundo de doscientos mil dólares para cambiar su voto en el Consejo de la Magistratura. “No se conoce ninguna causa judicial iniciada al respecto y mucho menos que se haya ordenado alguna escucha sobre los denunciados por Pérez Corradi”.
La ex presidenta enmarcó su denuncia en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y uso ilegítimo de recursos estatales. También en el artículo 153 del Código Penal que reprime a quien accediere indebidamente a una comunicación electrónica, telefónica, carta sin la debida autorización. Y señaló que ni la Corte Suprema, que tiene formalmente a su cargo las escuchas, ni el juez de la causa ni la AFI se hacen cargo de la divulgación de la conversación. Desde el juzgado de Lijo sostienen que las escuchas fueron ordenadas legalmente al teléfono del ex titular de la AFI y se desligaron de su difusión. “El audio es una gansada. Esto es todo circo”, señalaron en Comodoro Py en relación a la denuncia de CFK, pero también a la que la originó, las denuncias de Marijuán y Stiuso, quienes sostienen que del audio se desprenden posibles delitos.
CFK hizo su presentación en Río Gallegos porque argumenta que es en Santa Cruz donde desarrolla la mayoría de sus actividades y la denuncia se refiere a una persecución global a su persona. Pero admite que podría cambiar de jurisdicción. Si sigue en su provincia, la causa podría quedar a cargo del juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que está subrogando el juzgado federal de Río Gallegos. En ese caso, la ex presidenta lo recusaría, ya que es junto con el camarista Martín Irurzun quien está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.
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