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México, rumbo al precipicio financiero
Ulises Noyola Rodríguez
ALAI AMLATINA, 09/01/2017.- Al cierre del
cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública
de México
alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos, monto
equivalente a 50.5%
del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de
manifiesto la crisis
estructural que padece la economía mexicana, agudizada a raíz
del estallido de
la crisis global en septiembre de 2008.
Desde mediados
de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas por la caída
del precio del
petróleo y el nivel de producción de Petróleos Mexicanos,
ambos factores disminuyeron
la participación del sector petróleo en el gasto público de 40
a 13% entre 2008
y 2016, con lo cual, se puso en riesgo el financiamiento de la
inversión
pública, el presupuesto de los estados y los programas
sociales[1].
Frente a la
debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el
endeudamiento público,
principalmente a través de la emisión de deuda interna (67% de
la deuda
pública), que se contrata con acreedores nacionales y se
liquida en pesos
mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad externa ante
una restricción del
financiamiento externo denominado en dólares[2].
Sin embargo, la emisión
de deuda pública no sirvió para impulsar el crecimiento
económico sustentado en
una mayor inversión pública, sino que las entidades estatales
con un mayor nivel
de endeudamiento público estuvieron caracterizadas por tener
gobiernos con
altos índices de corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Quintana Roo,
Veracruz)[3].
La falta de supervisión
del gobierno mexicano sobre la deuda pública permitió el
endeudamiento excesivo
de las entidades estatales, sin comprobar la canalización de
los fondos
recaudados para el financiamiento de proyectos de
infraestructura, que evitaran
su uso inadecuado auspiciado por la corrupción de los
gobernadores estatales.
Uno de los casos
más dramáticas es Veracruz, entidad que fue recientemente
declarada en
emergencia financiera debido a la incapacidad de la
administración estatal de
cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y
servicios de sus
funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves
consecuencias
derivadas de la adquisición de un elevado nivel endeudamiento
público bajo un
contexto político plagado de corrupción[4].
Por otra parte, para
el gobierno mexicano será
cada vez más difícil encontrar condiciones accesibles de
financiamiento a
través de costos reducidos en los mercados nacionales debido a
la normalización
de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos, situación que
ha provocado cinco incrementos de la tasa de interés de
referencia por un total
de doscientos cincuenta puntos base por parte del Banco de
México durante 2016.
De esta manera,
el aumento sistemático de la tasa de interés de referencia del
Banco de México
que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016,
elevará aún más el
costo del financiamiento del gobierno mexicano en los mercados
financieros; la
situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres
aumentos más de la
tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal
para el año 2017.
Las condiciones
adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha hecho sentir en la
reducción del Presupuesto
de Egresos de la Federación correspondiente
a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos, que
afectó seriamente la
disponibilidad de recursos de varias dependencias estatales
(Petróleos
Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Salud)[5].
La perspectiva
de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén
mayores ajustes en el
sector público que todavía tuvo un déficit primario de 217,570
millones de
pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se espera convertir en un
superávit primario
de 73,800 millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de
fortalecer la
confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros
en 2017[6].
La restricción
de financiamiento público por parte de las autoridades
estatales se realiza en
un contexto crítico para la economía mexicana luego del
triunfo electoral del
candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos,
Donald Trump. El
magnate se comprometió a construir un muro fronterizo que
sostiene, será financiado
por el gobierno mexicano, además de llevar a cabo una
renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los
primeros meses de su
mandato.
La negociación para
reformular los términos del TLCAN corre el riesgo de
desencadenar aún más
incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre
Estados Unidos y
México. El panorama es muy amenazante ante la posibilidad de
reducir la
inversión privada de origen estadounidense hacia la economía
mexicana,
situación que no haría sino apuntalar las tendencias recesivas
sobre México ante
la ausencia de un estímulo fiscal.
El desarrollo de
las negociaciones sobre el TLCAN podría resultar grave para la
economía
mexicana, puesto que la proyección de crecimiento del PIB se
encuentra actualmente
en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso adverso de
las negociaciones
podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 2017[7],
de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe.
Por añadidura, si
Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en contra
de México (congelamiento
de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las
exportaciones
mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN), provocará una
salida abrupta de
capitales, situación que reducirá considerablemente el margen
de maniobra del gobierno
para apoyar la actividad económica por medio del
endeudamiento.
La perspectiva
negativa de las calificadoras de crédito internacionales
(Fitch, Standard &
Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del
triunfo electoral de
Donald Trump, apunta a la disminución de la nota asignada a
los títulos de deuda
pública por las calificadoras de crédito, lo cual se traducirá
en mayores
ajustes en el sector público a fin de conseguir un saldo
positivo en las
finanzas públicas en 2017.
En conclusión, el
porvenir de la economía mexicana se vislumbra bastante
negativo tras el triunfo
electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos
para las
finanzas públicas de México, pero solamente mostró la
vulnerabilidad de la
economía nacional derivada de la desarticulación del sistema
productivo, la
corrupción y nuestra extrema dependencia de la economía de
Estados Unidos.
- Ulises Noyola
Rodríguez es colaborador en la División de Estudios
de Posgrado de Economía en la
UNAM.
[1] El
Economista. Ingresos
petroleros tocan
mínimos, solventan sólo 13% del gasto público. Fecha
de publicación:
19/06/2016.
[2] Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas. Análisis y Evolución
de la Deuda Pública.
Fecha de publicación: 21/06/2016.
[3] Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas. Diagnóstico de la
Deuda Pública de las
Entidades Federativas. Fecha de publicación:
01/04/2016.
[5] El
Financiero. Hacienda propone otro recorte por 70 mmdp en
2017. Fecha de
publicación: 09/09/2016.
[6] Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Fortalecer economías
y apoyar inversión,
prioridad internacional en 2017. Fecha de
publicación: 02/12/2016.
[7] El
Economista. Cepal recorta expectativas de crecimiento para
México a 1.9%. Fecha
de publicación: 14/12/2016.
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