Morales promovió acciones penales contra los trabajadores del ingenio estatal La Esperanza
Los trabajadores del ingenio La Esperanza levantaron el corte que mantuvieron durante dos días sobre la ruta 34 en el acceso a la capital de Jujuy en reclamo de salarios adeudados, en repudio a las malas condiciones de trabajo y ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos en medio del proceso de privatización impulsado por el gobierno del radical Gerardo Morales. El fin de la protesta llegó tras una reunión con el ministro de Trabajo provincial, mientras que el gobernador pateó para febrero una reunión cara cara con los trabajadores, calificó de "macanas" sus reclamos y advirtió que presentó una "demanda" y se está "pidiendo a fiscales y jueces que promuevan acciones penales e imputen”.
Los trabajadores habían iniciado el corte en la mañana del martes en el marco de un extendido reclamo por la continuidad de sus empleos frente a la privatización del ingenio que el gobierno de Cambiemos negocia con "tres grupos económicos dispuestos a comprar", según precisó el propio gobernador. Pero los obreros también denunciaron el atraso en el pago de salarios, el medio aguinaldo y la continuidad de malas condiciones de trabajo tanto en la fábrica como en el campo, además del incumplimiento de los retiros y traslados.
“Que dejen de macanear y tomar este tipo de medidas porque no contribuyen a resolver el problema que vivimos todos los jujeños”, les respondió Morales este mediodía en una conferencia de prensa y los calificó de “irresponsables” al mezclar la protesta con la situación que atraviesa la provincia por el alud que afectó al norte jujeño: “Se necesitan las rutas libres para que llegue ayuda por todas las vías posibles”.
Los obreros habían decido levantar el corte en la víspera ante la promesa de ser recibidos por Morales, cosa que no sucedió. Finalmente, dieron por terminada la protesta hoy luego de reunirse con el ministro de Trabajo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz.
Sin embargo, Morales negó el desplante de ayer y sostuvo que se había comprometido con los trabajadores a reunirse en los primeros días de febrero. Pero además advirtió sobre la apertura de demandas penales contra los trabajadores al sostener que para los cortes “fueron sustraídas maquinarias del ingenio". "Se produjo una demanda y se está pidiendo a fiscales y jueces que promuevan acciones penales e imputen”, afirmó el gobernador.
Este nuevo caso de judicialización de la protesta social ocurre un día después de conocerse los fundamentos de la condena a Milagro Sala y a la organización Tupac Amaru por el acampe en la Plaza Belgrano, que fue calificada de excesiva, ilegal e inconstitucional y arbitraria por parte de los abogados Ariel Ruarte, de la Túpac, y Federico Efrón, del CELS.
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