Tinkunaco 1.057/17 - Página 12 - Gestión oficial y eclesiástica en la CIDH por militares condenados

Gestión oficial y eclesiástica en la CIDH por militares condenados

Otra vez

El gobierno pretende que la CIDH reciba a familiares y amigos de militares juzgados por crímenes de lesa humanidad y a la Iglesia Católica, que propugna la llamada reconciliación. El gestor es hijo de un juez de la dictadura y nieto de un marino golpista en 1951 y comando civil en 1955. También intenta aislar en Mar del Plata las sesiones de la Comisión, para dificultar el acceso de organismos y denunciantes. La CIDH se resiste. La foto de Milagro Sala rota por una colaboradora de Avruj.

Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.
(Imagen: Télam)

Por Horacio Verbitsky

El lunes de la semana pasada, luego de las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión de la protesta social en Jujuy y la modificación regresiva por decreto de la política migratoria argentina, la delegación oficial encabezada por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. También asistieron a la reunión, de la que ni el gobierno ni la CIDH informaron, el subsecretario de Avruj, Brian Schapira; el director de Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. Pero el gestor de la presentación a favor de los represores, que impulsa la Iglesia Católica, es Siro Luis de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. De Martini es hijo de un marino golpista en 1951 y comando civil el 1955 e hijo de un juez de la dictadura, todos del mismo nombre (Ver Nota “Generaciones”). Como operador eclesiástico, el año pasado contrarió la estrategia de la delegación oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que presentó como un avance el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia sobre aborto no punible y relativizó su alcance.

Las olas y el viento

Avruj también planteó que las sesiones que la CIDH realizará en mayo en la Argentina por invitación oficial, se trasladen de Buenos Aires a Mar del Plata, para dificultar el acceso de organismos defensores de los derechos humanos y denunciantes y peticionarios. Si bien la elección del sitio es facultad del país que carga con los gastos de la sesión especial, cosa que la CIDH valora dada su crisis económica, la Comisión teme verse involucrada en el conflicto del gobierno con los organismos argentinos, por lo cual propuso una alternativa. Si el gobierno insistiera en llevar a los comisionados cerca de las olas y el viento, el periodo de sesiones fuera de sede se desdoblaría de la visita de los comisionados al país para conocer los detalles de la detención arbitraria de Milagro Sala. Las sesiones, en las que la costumbre es no tratar casos del país anfitrión, podrían tener lugar en Mar del Plata durante la semana del 22 al 26 de mayo, pero la semana previa o la posterior, los comisionados se instalarían en Buenos Aires para recibir sin interferencias a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En Buenos Aires también realizarían las actividades protocolares con los jefes de los tres poderes del Estado, según el modelo que siguieron durante las sesiones en Panamá y Chile. Avruj ofreció que el gobernador de Jujuy, contador Gerardo Morales, y las presuntas víctimas de agresiones de Milagro Sala que su gobierno arguye como prueba de la necesidad de su detención se trasladaran a Mar del Plata. El gobierno de Jujuy ya trajo a esas personas a Buenos Aires donde visitaron el Congreso y recibieron a periodistas y alquiló a un escritor para que redacte un libro sobre ellos y gestione que sean recibidos por organismos internacionales. Pero Eguiguren aclaró que también se proponen visitar a Milagro Sala en su lugar de detención y escuchar a otros actores locales. La Comisión recibirá en los próximos días un informe de la Comisión Técnica que estudia la medida cautelar por la libertad de Milagro Sala que presentaron Amnistía, el CELS y ANDHES y luego quedará en condiciones de decidir. Avruj pidió a la Comisión que dilatara el tratamiento de la medida cautelar y con un conocimiento inquietante de los entretelones judiciales explicó que la Corte Suprema de Justicia fallaría el caso antes de la visita de la CIDH. La Corte estará en condiciones de decidir en cuanto reciba el dictamen  que solicitó a la Procuración General. Además, los comisionados desean visitar el predio de la EXMA, que todavía no fue mudado a otro lugar, y que sería el lugar más apropiado para sus sesiones. Allí hay otro conflicto en ciernes, dado que Garavano dispuso el reacondicionamiento de uno de los edificios de ese espacio dedicado a la memoria para instalar su despacho, pero el directorio integrado por los organismos se opone y considera que ya es suficiente con que funcione en ese predio histórico la secretaría de Derechos Humanos. La CIDH recibiría a las ONGs y las personas que lo solicitaran, como siempre ocurre durante las visitas. 

Memoria completa

Como una tácita compensación Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de militares detenidos por crímenes de lesa humanidad y también a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Un episodio ocurrido ayer en Esquel indica que no se trata de posiciones espontáneas e inconexas sino que responden a un guión de la Alianza Cambiemos. Durante el acto por el Día de la Memoria el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Junyent dijo que “la madurez debería permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas, que asolaron el país por aquellos años. Demostremos que hemos aprendido a valorar las instituciones democráticas, y a cuidar las libertades que nos garantiza el orden constitucional. Hace falta una reconciliación de los argentinos, para que la memoria, la verdad y la justicia, estén al alcance de todos”. Ante los abucheos que provocó, el concejal oficialista Diego Austin dijo que “ese tipo de violencia verbal o física, nos lleva a pensar que en cualquier momento pueden tomar una piedra, un palo o un arma para ir contra el gobierno”. El intendente Sergio Ongarato agregó que “la justicia debe ser para todos, no sólo para un sector”.

En el juicio por los crímenes? cometidos en el campo clandestino Automotores Orletti los defensores de los procesados revelaron que habían presentado una petición colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se sumaría a otras veinte peticiones individuales tramitadas por el general Héctor Cabanillas, el teniente coronel Juan Daniel Amelong, los comisarios Carlos Gallone y Carlos Yanicelli, el marino Carlos Guillermo Suárez Mason y el agente civil de inteligencia Ricardo Alberto Lardone, entre otros. Las demandas varían de caso en caso, e incluyen violación del debido proceso, a la garantía de juez natural o de doble instancia, al derecho de defensa, derecho al recurso, al principio de irretroactividad de la ley penal (por imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad), a la valoración de la pena, las condiciones de detención o el plazo razonable de la prisión preventiva. En el caso de las peticiones individuales la CIDH dio traslado al Estado Nacional, pero en la colectiva que incluía 120 casos la rechazó in limine, motivo de la preocupación oficial y eclesiástica. El diario Clarín, es el notificador oficial de la justicia argentina. En una simpática columna en la que Julio Blank me ascendió a “comandante estratégico de la operación kirchnerista en la Justicia y, como tal, superior jerárquico de Gils Carbó” (sic), anunció que la Corte Suprema se propone conceder el arresto domiciliario tanto a Milagro Sala cuanto a “los ancianos militares detenidos por violación a los derechos humanos en la dictadura”. La idea de una “Memoria Completa” fue echada a rodar en 2000 por el arzobispo porteño Jorge Bergoglio, durante una reunión con el jefe del Ejército de la primera Alianza, Ricardo Brinzoni, mientras avanzaban en todo el país los juicios por la verdad, el juez español Baltasar Garzón pedía la extradición de un centenar de militares y marinos y el CELS solicitaba la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Esa versión retrospectiva de la teoría de los dos demonios ideada por Bergoglio fue revelada por el propio Brinzoni en una entrevista que le realizó en este diario Nora Veiras. Su idea era organizar una “mesa de consenso” donde se analizaran las responsabilidades de distintos sectores en la tragedia argentina, como método superior a la justicia. Cuando el gobierno de Fernando de la Rúa flameaba ante el vendaval de la historia, Bergoglio promovió desde el discreto segundo plano que prefería antes de llegar al poder mundial de su organización, una mesa de diálogo político. Con el apoyo de Alfonsín y del senador bonaerense Eduardo Duhalde, que buscaba entrar por la ventana al despacho presidencial que le habían negado las urnas, ese Diálogo socavó la poca autoridad que le quedaba al suegro de Shakira. Los obispos intentaron colar la denominada “reconciliación” en esa mesa de consenso que debía “recuperar los valores morales”, alarmados por la inminente reapertura de todos los juicios. Durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, Duhalde llegó a indultar al ex coronel Mohamed Seineldín y al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo y no dictó una medida general sólo porque el presidente electo Néstor Kirchner le pidió que le dejara tal decisión a él. Pero Kirchner ya tenía la decisión de basar su gobierno en una política de Memoria, Verdad y Justicia y dar a esos juicios el respaldo que le habían retaceado todos los presidentes de la democracia desde el alzamiento carapintada de 1987. En ocasión del Tedeum del Bicentenario, el 25 de mayo de 2010, cuando Bergoglio comandaba el episcopado, uno de sus miembros, el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, entregó al Poder Ejecutivo una solicitud de amnistía firmada por Jorge Videla y otro centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad. La entonces presidente CFK ordenó devolverla sin respuesta. En 2012, perdidas todas las esperanzas por la reelección, Videla reconoció los crímenes en varias entrevistas, se vanaglorió del apoyo y la cooperación de la Nunciatura Apostólica y del episcopado argentino y dijo que había llegado a ser amigo de Primatesta. El Episcopado emitió entonces una “Carta al Pueblo de Dios”, en la que negó que “nuestros hermanos mayores que nos precedieron” hayan tenido “alguna complicidad con hechos delictivos” y repudió “el terrorismo de Estado” y “la violencia guerrillera”. 

Al llegar al papado, Bergoglio emprendió una rápida reconstrucción de su virginidad política, recibió a varios dirigentes de organismos de Derechos Humanos y ordenó la apertura de algunos archivos sobre el período 1976/83, en un nuevo intento por exhibir bajo mejor luz su conducta durante la dictadura. La omisión y mutilación de textos es la técnica que Primatesta y Juan Aramburu usaron en las publicaciones de 1982 y Bergoglio luego. El actual presidente de la Iglesia Católica argentina, José María Arancedo, vaticinó que con la apertura parcial de archivos aparecerían más luces que sombras en la conducta episcopal, y el vicepresidente Mario Poli reveló que el objetivo es “la reconciliación”. Arancedo agregó que la apertura fue iniciada por el propio Jorge Bergoglio  cuando decidió publicar el libro “Iglesia y Democracia”. En esa obra, de 2006, se afirma: “No debemos tener miedo a la verdad de los documentos”, una expresión gemela a la de Poli: “No le tenemos miedo a los archivos, que contienen la verdad de la historia”. El antecedente no es alentador, porque aquel libro, que según Bergoglio se proponía “primerear” a los organismos defensores de los Derechos Humanos al cumplirse tres décadas del golpe de 1976, ignoró textos fundamentales, mutiló otros en los que los obispos comunicaban su adhesión a la dictadura y encomiaban la “imagen buena de las supremas autoridades”; organizó todo el material en orden cronológico sin indicar qué piezas fueron públicas y cuáles secretas y sólo resumió en pocas líneas los encuentros de camaradería entre eclesiásticos y militares. Poli agregó que “no está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”, lo cual reitera que los prelados mantienen una extraordinaria autoindulgencia. En 2014 Arancedo grabó el spot “La fe mueve hacia la verdad”, en el que se limitó a pedir que informen lo que sepan quienes tienen datos sobre entierros clandestinos o robo de bebés, como si la Iglesia Católica fuera un tercero neutral que observa los hechos y exhorta a los responsables. Ya hace cinco siglos, en el Concilio de Trento, fijó las condiciones de la reconciliación la penitencia o el perdón, que es uno de sus sacramentos: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Lo que le sigue costando es llevarlas a la práctica cuando se trata de yerros, o crímenes, de alguno de sus jerarcas, porque no parecen arrepentidos. Eso es muy humano. En los hechos, a nada le temen más que a la verdad. De ahí la constante hipocresía de sus manifestaciones, un tributo que el vicio rinde a la virtud, según la definición del Marqués de Sade, y que ahora se escenificará ante la CIDH, por pedido del secretario Avruj, fruto del ecumenismo concebido por el papa Bergoglio como instrumento de poder desde que se agotó el espacio para el triunfalismo tradicional.