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La
igualdad de género en la agenda de la justicia fiscal
Ana Tallada
Artículo
publicado en la edición de marzo
(522) de la revista
América
Latina en Movimiento:
¿Hasta cuándo
las guaridas
fiscales?
(Coedición
con la campaña Paguen lo
Justo)
ALAI
AMLATINA, 28/03/2017.-
América Latina, pese al
crecimiento económico de una década, a la reducción de la
pobreza monetaria y a
la aplicación de políticas redistributivas que implementaron
varios gobiernos
de la región, mantiene el penoso sello de ser la región “más desigual del mundo”.
La CEPAL, en
el documento “La hora de
la igualdad:
brechas por cerrar, caminos por abrir”, destaca que la
desigualdad hunde
sus raíces en la historia y se debe a un patrón de desarrollo
que ha perpetuado
las brechas socioeconómicas basadas en el origen racial y
étnico, el género y
la clase social (CEPAL 2010b).
América
Latina, con un coeficiente de Gini[1]
promedio de 0,51 presenta un nivel de desigualdad
sustancialmente más alto que
otras regiones del mundo. Si hacemos una comparación con
países europeos y nos
centramos en la desigualdad por ingresos, antes de impuestos
directos y
transferencias monetarias, es aproximadamente 13% mayor que la
media de los países
europeos. En
contraste, esta desigualdad
aumenta hasta un 60% si el cálculo se realiza después de la
aplicación de los impuestos
directos y transferencias (Lusting, 2011).
En
esta intención de realzar
el peso de las desigualdades, nos interesa particularmente
llamar la atención
sobre las desigualdades de género como un asunto de carácter
estructural afectado
por consideraciones políticas, económicas, culturales,
ambientales naturalizadas
por el sistema patriarcal, reproducidas por la división sexual
del trabajo al
perpetuar la subordinación de las mujeres y que requieren ser
abordadas desde
las relaciones de poder existentes en todos estos ámbitos.
Desde
la dimensión económica podemos
señalar algunas evidencias de estas desigualdades de género en
la región como:
§
Alto
porcentaje de las mujeres no tienen ingresos propios: el 32 % de
mujeres no cuentan con ingresos propios en relación a un 12 %
de los hombres.
§
Brecha de
género en la participación en el mercado laboral: las
mujeres tienen mayores tasas de desempleo (9,1% las mujeres y
6,3% los
hombres), formando más de la mitad del total de personas
desocupadas en la
región.
§
Brecha en
las remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajo
de igual valor; esta brecha salarial se mantiene en un 25 %
como promedio en la
región.
A
lo mencionado, podemos
anexar los niveles de precariedad laboral que las mujeres
enfrentan, la menor
probabilidad que tienen de trabajar como asalariadas en
relación a los hombres
(60,7% y 68,5%, respectivamente); que un mayor porcentaje sólo
encuentra empleo
en el servicio doméstico (15,3% en contraste con 0,8% de los
hombres) y que, en
una gran mayoría, el empleo es informal y desprotegido.
Pero
existe un factor que
explica la desigualdad más profunda entre hombres y mujeres
que es el trabajo
no remunerado para la reproducción en las familias y en la
comunidad que
realizan principalmente las mujeres, que por un lado recarga
sus tiempos
personales y por el otro provee de bienestar a las personas y
se transforma en
un subsidio hacia la sociedad y el mercado.
La división sexual del trabajo organiza el
orden de género en las sociedades, separa el trabajo
productivo del
reproductivo de manera paradigmática y determina el lugar de
hombres y mujeres
en la economía. Es necesario esclarecer la forma en que estas
relaciones
perpetúan la subordinación y exclusión de las mujeres,
limitando su autonomía y
ayuda a comprender su influencia en el funcionamiento del
sistema económico.
La
CEPAL, desde el Consenso de
Quito de 2007 hasta Santo Domingo del 2013, y en otros
instrumentos regionales,
ha reiterado la necesidad de evidenciar el valor del trabajo
doméstico no
remunerado, de adoptar medidas y políticas públicas que
reconozcan su valor
social y económico, definir, como también establecer
instrumentos de medición
periódica del mismo, asegurar la dotación de recursos públicos
para la
realización de encuestas del uso del tiempo, que posibiliten
el diseño de
políticas públicas adecuadas y justas.
Políticas
fiscales para eliminar desigualdades
Se
requiere continuar el
análisis y debate sobre la relación entre desigualdades y
medidas de fiscalidad
progresiva, poniendo énfasis en su viabilidad política, donde
los estados
tengan la capacidad de negociar estas medidas frente a los
grupos de poder
concentrado, reacios a perder privilegios, oponiéndose a los
impuestos
directos, como por ejemplo gravar la propiedad, impuesto a la
herencia, etc.
Esta
“ausencia” de medidas ha
tenido como consecuencia el incremento de la desigualdad y
pone en alerta el
rol de la fiscalidad en la redistribución del ingreso y, por
consecuencia, frente
a la concentración del poder y la riqueza.
La fiscalidad no es neutral
al género: las políticas fiscales pueden mitigar o
reforzar las relaciones de género
asimétricas, porque las recaudaciones financian
políticas necesarias para las
mujeres. Una baja
carga tributaria y la inexistencia
de mecanismos eficientes para reducir la evasión y elusión
disminuyen las
recaudaciones y, con ello, conducen a la escasez de recursos
públicos.
Las políticas
fiscales en América Latina
refuerzan la división sexual del trabajo y las desigualdades
entre mujeres y
hombres, refuerzan los roles tradicionales de ambos sexos, operando como obstáculos para el desarrollo y
reconocimiento del real
potencial y de la actoría económica de las mujeres.
Para
relacionar las políticas
fiscales con la igualdad de género se requiere ver sus
implicancias en dos
aspectos:
1)
Cómo
afectan en el acceso y
control de los recursos económicos de los hombres y mujeres.
2)
Cómo afectan las decisiones
de hombres y
mujeres respecto a la distribución
de
trabajo total productivo y reproductivo.
Una
política fiscal favorable a la igualdad de género requiere
del compromiso explícito de los Estados para:
1) Mejorar la
distribución de los recursos económicos.
2) Ampliar el
campo de oportunidades económicas para hombres y mujeres.
3) Generar
incentivos positivos a la inserción laboral de las mujeres, en
particular las
vinculadas con las responsabilidades de cuidado.
4) Promover la
incorporación de los hombres a las tareas de cuidado.
5) Mejorar las
condiciones para que todas las personas puedan conciliar vida
laboral y
familiar sin tener que recurrir a empleos de segunda
categoría.
6) Distribuir
de manera progresiva el peso del financiamiento de las
políticas públicas. (CEPAL,
El estado frente a la autonomía de las mujeres, pág. 101)
Justicia fiscal por
los derechos de las mujeres
El abordaje de la
perspectiva de igualdad de género en las políticas fiscales es
una tarea
urgente pero pendiente; aún no está instalada tanto en los
decisores de políticas,
como en las administraciones tributarias, ni en la mayoría de
los especialistas.
Pero, hay avances en tomar
estas consideraciones en documentos regionales como la
Consulta regional de América
Latina para la CSW61 sobre “Empoderamiento Económico de las
mujeres en el
cambiante mundo del trabajo” que consideran, que el diseño y
la implementación
de las políticas macroeconómicas son cruciales para el
empoderamiento económico
de las mujeres. Esta
perspectiva de
carácter estructural es un gran paso.
Por eso, las feministas hacemos un llamado a las y los
activistas por la justicia
fiscal con este mensaje:
·
No hay
justicia fiscal sin
igualdad de género.
·
Justicia
fiscal por los
derechos de las mujeres.
Unir ambas agendas es una tarea conjunta, así como
insistir que la fiscalidad
afecta nuestras vidas, nuestro trabajo y salud.
Como alentar a
la ciudadanía en
la vigilancia de las políticas fiscales, para reducir el
cabildeo de los grupos
de poder en la exención de los impuestos.
Ana Tallada, educadora y socióloga
peruana, es una actora central para pensar la evolución de la
movilización
feminista en América Latina. Es
parte
del Consejo Directivo de Latindadd.
[1] El
coeficiente
de Gini es el indicador que se utiliza con mayor
frecuencia, para medir la
desigualdad en los ingresos dentro de un país, debido a su
fácil cálculo e
interpretación, ya que por lo general su valor se ubica
entre 0 y 1. Cuando
el indicador asume el valor cero
significa que el ingreso se encuentra equidistribuido; es
decir, todos los
miembros de la sociedad tienen exactamente la misma
proporción de recursos, en
tanto que cuando se observa el valor de uno, se está en
presencia de una
situación de total inequidad en donde una persona se
apropia de todo el
excedente económico.
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