Desde la Secretaría de Derechos Humanos se solicitó a
la Justicia reactivar la medida cautelar que se había iniciado el año
pasado, para frenar el desmantelamiento de la Casona de Adolfo E. Dávila.
La
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Délfor
Brizuela, solicitó a la Justicia Federal se reactive la medida
cautelar, para frenar el "desmantelamiento" que se continua realizando
en la propiedad en la que funcionó la Ex Policía Federal.
En
la mañana de este lunes el Secretario de Derechos Humanos de la
provincia, junto a los Abogados de la institución, presentaron ante la
Fiscal Federal un pedido de intervención, para frenar los avances de
"destrucción" de la Ex Policía Federal que están realizando los
actuales dueños del inmueble, ubicado sobre calle Adolfo E. Dávila 171.
Igualmente notificaron
de la situación al Director Nacional de Sitios de Memoria de la Nación, a
fin de que también, desde esa área Nacional, se tome intervención de
acuerdo a sus competencias y facultades.
La
Casona fue señalada por ex presos políticos como un Centro de Detención
ilegal de tortura que funcionó durante la dictadura militar, por la
cual pasaron decenas de riojanos .
El inmueble fue señalizado en marzo de 2015 como Sitio de la Memoria, en el marco de la Ley Nacional 26.691.
Así
también, a fines de 2016, la Legislatura Provincial expropió el inmueble,
declarándolo mediante Ley Provincial N° 9.926 "de utilidad pública y
sujeto a expropiación de urgencia", para ser destinado al funcionamiento
del Espacio Provincial de la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos de la provincia. Ley que fue publicada en el
boletín oficial el 10 de marzo de este año.
"Pese
a ser un inmueble protegido, y en virtud de los tiempos del
procedimiento administrativo para hacer efectiva la expropiación, los
actuales dueños continúan llevando a cabo tareas de desmantelamiento de
este lugar que forma parte de la historia y la memoria de todos los
riojanos y que además es un patrimonio arquitectónico", señaló el
Secretario de Derechos Humanos.
Así
también recordó que el año pasado, antes de la promulgación de la Ley de
expropiación, la Municipalidad de Capital procedió a clausurar la obra
que se estaba llevando a cabo en el interior de la Casona, que terminó
con la destrucción de gran parte del interior, por no contar con la
autorización correspondiente para producir modificaciones en un
inmueble considerado patrimonio histórico y cultural, y se colocó una
faja de clausura.
Sin
embargo lamentó que pese a la medida los dueños continuaron con los
trabajos de extracción de materiales del inmueble y el consiguiente
deterioro del mismo.
Brizuela
advierte que es prioritario que la Justicia actúe para frenar la
destrucción del primer Centro de Detención y Tortura Ilegal expropiado
en la provincia de La Rioja, antes que se destruya por completo y que
además, en su interior hay lugares visibles u ocultos que constituyen
elementos de prueba para causas de "lesa humanidad" que se tramitan en
la justicia federal.
Es
por ello que el funcionario solicita que se dictamine la medida
cautelar de no innovar, y se asigne una guardia policial que asegure su
cumplimento, a fin de "proteger y preservar el Sitio y recuperar la
memoria de lo allí acontecido", hasta tanto finalice el tramite
administrativo de expropiación.
Tal
pedido se materializa en virtud de un informe que recibió la Secretaría
por parte del Colectivo Quipus, en donde se detallaba que el inmueble
de calle Adolfo E. Dávila está siendo desmantelado.
En el informe se
detalla y se puede ver en fotografías adjuntadas que "los postigos y
ventanas están totalmente abiertos pudiendo observarse la destrucción
interior del edificio".
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