ANTE EL ATAQUE A JUECES Y
ABOGADOS LABORALISTAS
La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.
Gobierno
nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de
destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando
sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo
golpean también a los trabajadores.
La
violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a
discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la
pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye
una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.
Otros
ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las
políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La
prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del
paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de
los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.
La insólita
pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el
derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación
de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la
normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de
las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.
La
acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma
una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No
son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del
juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos
de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”,
deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se
niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a
demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que
apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una
verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de
trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias
condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de
presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.
El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya
comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin
presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un
total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar
este proceso.
El pedido de juicio político a cada juez del trabajo
que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma
otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames
acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y
otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del
derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los
abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos,
constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la
violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos
grupos empresarios.
Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase
de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta
política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar
reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que
les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores
organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a
ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos
solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo
ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y
extendida contra los trabajadores como clase.
Buenos Aires, 15 junio de 2017
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