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En el camino hacia la 11º
conferencia ministerial en Argentina
Estado de situación en la
OMC
Deborah James
ALAI AMLATINA, 27/06/2017.- La 11º
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) tendrá
lugar en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de
2017. Tras años
de quedar relegada mientras se negociaban otros tratados "de
libre
comercio", las grandes empresas volvieron a centrar su atención
en la OMC,
especialmente el sector de la tecnología de punta, que
actualmente incluye a
cinco de las siete empresas más grandes del mundo. Estas
empresas están
decididas a lograr en la OMC lo que aún no han podido garantizar
en ningún otro
acuerdo: nuevas normas que fijen oportunidades para obtener
ganancias en la
economía digitalizada del futuro. Lo que buscan en Argentina es
un mandato para
realizar nuevas negociaciones en el marco del "comercio
electrónico",
pero la realidad es que estas nuevas normas limitarán aún más la
capacidad de
los gobiernos para promover medidas de prosperidad y reducir la
desigualdad,
incluso mientras sufren las consecuencias políticas de las
revueltas de las
comunidades que fueron dejadas atrás.
Al principio se tenía la
esperanza de que a Trump no
le interesara tanto asumir una posición de liderazgo en torno a
los intereses
de la industria de la tecnología, tal como al gobierno anterior.
Pero al final,
los integrantes de su equipo encargado de las cuestiones
comerciales comenzaron
a referirse al comercio electrónico como una prioridad para que
Estados Unidos
avance, lo que incluye "cosechar" el capítulo sobre comercio
electrónico del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) para
otros acuerdos.
Además del comercio
electrónico, las negociaciones se
están caldeando en varias áreas relacionadas con el comercio de
servicios, lo
que acotaría la capacidad de los gobiernos para limitar el
comportamiento de
las empresas en interés del público. Entre los posibles
resultados de Buenos
Aires también se incluirían nuevas normas en materia de las
disciplinas a los
subsidios a la pesca, que contribuyen con la crisis mundial
causada por la
pesca excesiva, pero estas nuevas normas pueden ser un vehículo
oculto para
ayudar a las grandes flotas a expensas de los pequeños
pescadores.
Desafortunadamente, los
negociadores no están
prestando mucha atención a lo que debería ser la agenda
principal: transformar
las normas agrícolas mundiales que restringen la capacidad de
los países en
desarrollo para garantizar la soberanía alimentaria de sus
poblaciones a la vez
que le otorgan al gran agronegocio subsidios prácticamente
ilimitados; y
aumentar las flexibilidades de los países en desarrollo para que
puedan usar el
comercio a favor de su propio desarrollo.
Amenaza a la vista: Los
derechos de las empresas se imponen mientras se deja de lado
el control público
A partir de una propuesta
de Estados Unidos con fecha
de julio de 2016, casi una decena de propuestas en materia de
comercio
electrónico se han circulado en la OMC, muchas de ellas con
disposiciones que
se superponen. Estas propuestas están diseñadas en torno a una
economía
mundial, digital y sin fronteras en la que las principales
empresas de
tecnología, financieras, logística y otras como Amazon, FedEx,
Visa y Google
pueden trasladar en términos de tiempo y espacio mano de obra,
capital, insumos
y datos sin límites. También pretenden imponer la apertura de
nuevos mercados a
la vez que limitan las obligaciones de las empresas para
garantizar que los
trabajadores, comunidades o países se beneficien con sus
actividades.
Los propulsores esconden
sus propuestas en el caballo
de Troya de la necesidad de impulsar el desarrollo a través del
poder de las
pequeñas y medianas empresas (PyME) mediante el comercio
electrónico. Pero es
muy poco probable que las PyME puedan competir con empresas
transnacionales
gigantes que gozan de los beneficios de su magnitud, subsidios
históricos,
avances tecnológicos, una infraestructura fuerte apoyada por los
Estados y un
sistema de normas comerciales redactadas por sus propios
abogados.
Algunas disposiciones
clave de las propuestas incluyen
prohibir los requisitos de mantener los datos a nivel local o
incluso tener una
presencia local en el país, además de la ausencia de impuestos
transfronterizos
para los productos digitales. Pero no existen fundamentos
económicos sobre por
qué los bienes que se comercian digitalmente no deberían
contribuir con la base
tributaria nacional, mientras que los bienes que se comercian de
forma
tradicional en general sí contribuyen. Y los datos son ahora el
recurso más
valioso: es por eso que los mercados valoran tanto a las
empresas que ofrecen
sus servicios de forma gratuita a los consumidores. Fijar las
normas en la OMC
para permitirle a las empresas transferir datos alrededor del
mundo sin
restricciones negaría para siempre el derecho a los países de
beneficiarse de
sus propios datos e información en el futuro. También tiene
graves implicancias
en términos de la privacidad de los datos y la protección de los
consumidores.
Lo que los propulsores de la OMC denominan "obstáculos de
localización" son en realidad herramientas que los países usan
para
garantizar beneficiarse de la presencia de empresas
transnacionales y avanzar
en su propio desarrollo.
Ya sabemos que las
características distintivas de Uber
y Amazon incluyen la deslocalización de los mercados laborales y
la precariedad
del trabajo. Esto se aceleraría si sus propuestas son aceptadas
en la OMC. Los
gigantes de la tecnología consolidarían su poder monopólico. Su
tristemente
reconocida evasión fiscal se vería facilitada por un tratado
internacional
vinculante y sería prácticamente imposible contener la
inestabilidad financiera
que surja como resultado.
Los miembros de la OMC no
tienen actualmente un
mandato para redactar nuevas normas mundiales sobre "comercio
electrónico" y no deberían obtener uno en Buenos Aires. Incluso
sin nuevas
normas de la OMC en materia de comercio electrónico, el comercio
electrónico
está en auge y las PyME ya pueden vender sus productos por
Internet. Por
supuesto, el comercio electrónico puede ser un agente para la
creación de empleo
y el desarrollo y definitivamente tiene el potencial de expandir
la innovación,
aumentar las opciones para los consumidores, conectar a los
productores con
consumidores lejanos y aumentar la conectividad a nivel mundial.
Pero esto no
es lo mismo que tener normas internacionales vinculantes
redactadas por Google
para su propio beneficio.
Amenazas a la regulación en
el interés público
Planes empresariales
similares se encuentran detrás
del esfuerzo de adoptar nuevas normas con el fin de limitar la
reglamentación
nacional de servicios. Para proporcionar un servicio, debe haber
una persona,
en algunos casos un profesional con experiencia, que a menudo
tiene
competencias profesionales con las que deben cumplir. Por lo
general hay una
empresa a la que habitualmente se le exige que tenga una
licencia para
proporcionar el servicio. Finalmente está el método de
suministrar el servicio
y por lo general los gobiernos tienen estándares técnicos (tales
como
disposiciones contra terremotos en el sector de la construcción)
a los cuales
deben adherirse los proveedores de los servicios.
Desafortunadamente, el
enfoque de las normas que se
proponen en materia de reglamentación nacional en la OMC no es
aumentar el
valor social o la accesibilidad del servicio, sino que pretende
garantizar que
tres clases de reglamentación -los procedimientos y requisitos
de competencia,
los procedimientos y requisitos de licenciamiento y los
estándares técnicos-
sean "razonables", "objetivos", "transparentes" y
que no representen "una carga mayor que la que se necesita para
garantizar
la calidad del servicio" y además que los estándares técnicos
deberían
desarrollarse en el marco de un proceso "abierto y
transparente".
Estos son términos
abiertos. Cómo se interpretan en la
OMC podría socavar significativamente la soberanía reglamentaria
de los países,
poniendo los intereses de los proveedores de servicios
extranjeros por encima
de las obligaciones de los gobiernos de garantizar que los
servicios se
proporcionen a favor del interés del público. ¿Quién decide si
la
administración de temas laborales, impuestos, o leyes sobre
medio ambiente o
seguridad que afectan a las empresas extranjeras de servicios es
“razonable?”
Si una comisión local de urbanismo está de acuerdo con el
rechazo a nivel local
contra el establecimiento de un hipermercado cerca de un sitio
histórico,
¿sería objetiva? Si un estado decidiera aceptar una
recomendación de una
revisión ambiental y prohibir la fractura hidráulica como método
para obtener
gas, ¿se consideraría una carga mayor? En lugar de los gobiernos
locales, los
paneles comerciales podrían estar a cargo de tomar decisiones
para una
comunidad que son inherentemente subjetivas ya que implican
importantes juicios
personales.
Y es necesario observar
que esto sucede en el caso de
la reglamentación nacional; las normas que se proponen no solo
se aplicarían en
el campo de los servicios comerciados, que es donde debería
terminar la
competencia de la OMC. Los miembros acordaron hace años
desarrollar todas las
disciplinas necesarias en torno a estas medidas, pero la mayoría
de los países
en desarrollo, e incluso Estados Unidos, tienen dudas de si
tales normas son
"necesarias".
Pesca: ¿Subsidiar a los
pobres o los ricos?
El otro gran “resultado”
por el que se presiona en
Buenos Aires es una forma de hacer frente al problema de la
pesca excesiva
negociando límites para los subsidios que los gobiernos
proporcionan a las
industrias pesqueras. Existe un camino claro hacia un resultado
a favor del
desarrollo y a favor del medioambiente si se imponen disciplinas
a las flotas
industriales a las que se les otorgan subsidios para aumentar su
capacidad de
pescar excesivamente, mientras que a los pescadores artesanales
que
proporcionan alimentos y medios de sustento se los apoya para
que crezcan de
forma sustentable. Desafortunadamente, algunas de las propuestas
de la OMC
parecen imponer cargas adicionales a los países en desarrollo
que tienen una
capacidad de reglamentación limitada, a la vez que otorgan
subsidios a los
combustibles fósiles para las grandes flotas, lo que conduciría
a una mayor
participación de los grandes operadores de pesca. Sería mejor
esperar hasta que
todos los países puedan evaluar las posibles ramificaciones de
los distintos
tipos de disciplinas antes de terminar perjudicando a los
productores más
pequeños.
Margen de mejora: Reparar
las malas normas que ya existen en vez de ampliarlas
Tanto las normas de
comercio electrónico como las
disciplinas de reglamentación nacional representarían una
expansión de la OMC.
Pero la mayoría de los miembros de la OMC han argumentado que
las normas
injustas y perjudiciales que existen deben repararse antes de
que la OMC pueda
expandirse. Esta lucha se encontró en el centro de la última
conferencia
ministerial, que concluyó con un texto ambiguo en el que se
reconoce que
algunos países quieren aportar nuevos asuntos, mientras que
otros quieren
continuar con la agenda de desarrollo inconclusa de la Ronda de
Doha.
Las normas sobre agricultura
deben dar prioridad a la seguridad alimentaria
La máxima prioridad para
una agenda de desarrollo
verdadera sería transformar las normas actuales sobre
agricultura. Hay dos
aspectos clave: hacer que las normas sean más flexibles para que
los países
puedan alimentar a su población, y contener los subsidios que se
proporcionan a
los productos que ingresan al mercado mundial.
Lo que es increíble es que
son los países ricos, no
los pobres, a los que se les permite actualmente subsidiar la
agricultura en el
marco de las normas de la OMC, incluso en formas que
distorsionan el comercio y
perjudican a los productores nacionales de otros países, porque
a los países se
les sigue permitiendo subsidiar al nivel en el que lo hacían al
momento
de ingresar a la OMC. Para Estados Unidos y la UE, esto
significa 100 millones
de dólares estadounidenses y 72.200 millones de euros por año,
respectivamente.
Estos subsidios alientan la producción excesiva y debilitan
artificialmente los
precios a nivel mundial, destruyendo los medios de sustento de
los agricultores
en países que deberían beneficiarse del comercio agrícola
mundial. Por lo
tanto, un aspecto principal de las negociaciones actuales, y
ojalá sea un
resultado en Buenos Aires, sería reducir la cantidad de
subsidios en el marco
de las negociaciones de "apoyo nacional".
En cambio, a países como
India y la mayoría de los
países africanos solo se les permiten subsidios mínimos, ya que
no subsidiaban
cuando se negociaron las normas iniciales de la OMC. Sin
embargo, el mundo ha
cambiado enormemente desde que estas normas se establecieron en
1995. Las
décadas intermedias conllevaron varias crisis alimentarias
mundiales como
resultado de la reducción de la producción nacional en los
países en
desarrollo, mercados volátiles de commodities, la consolidación
en las cadenas
de producción y de venta al por menor, el cambio climático,
entre otros
factores. A lo largo de los años, muchos países en desarrollo
hallaron que las
imposiciones políticas del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial,
como por ejemplo el abandono de las inversiones en agricultura y
la apertura de
sus mercados a las importaciones, los sometieron al aumento de
los gastos de
importación y de la inseguridad alimentaria.
Ahora el péndulo vuelve
hacia el apoyo de la
producción nacional de alimentos. Las Metas de Desarrollo
Sostenible les ruegan
a los países que inviertan en aumentar la agricultura
sustentable, mientras que
al mismo tiempo se acepta cada vez más el "derecho a la
alimentación"
como derecho humano. Una de las mejores prácticas
internacionales para apoyar
los medios de sustento de los agricultores, garantizar la
seguridad alimentaria
y promover el desarrollo rural es la política de las "reservas
públicas de
alimentos", en la que los gobiernos garantizan a los
agricultores un
precio mínimo por su producción y distribuyen esos alimentos a
las personas con
hambre dentro de sus propias fronteras. Lo que es sorprendente
es que estos
programas, implementados en alrededor de 20 países en
desarrollo, van en contra
de las normas de la OMC, incluso aunque la agricultura que se
apoya no se
comercia en los mercados mundiales.
Una coalición de casi 50
países en desarrollo en la
OMC incide a favor de que los programas de reservas públicas de
alimentos no se
vean limitados por normas anticuadas de la OMC. Pero los cambios
han sido
rechazados firmemente por Estados Unidos, la UE, Australia y
otros grandes
exportadores de agronegocios. Estados Unidos tergiversa la
realidad al acusar a
China e India de ser los "mayores otorgantes de subsidios". Pero
en
un análisis per cápita, sus pagos por agricultor siguen siendo
minúsculos,
alrededor de 348 dólares estadounidenses por agricultor en China
y 306 dólares
en India, en comparación con los 68.910 dólares en Estados
Unidos.
Los miembros de la OMC
acordaron encontrar una
solución permanente para los programas de reservas públicas
antes de diciembre
de este año. Desafortunadamente, las posturas de los países que
representan a
Cargill, Tyson, BRF y Monsanto siguen estando muy arraigadas.
Las medidas que
tomen los activistas que trabajan por la seguridad alimentaria y
la soberanía
alimentaria podrían ayudar a inclinar la balanza para garantizar
un resultado
positivo en torno a este tema en Buenos Aires.
Más flexibilidad para las
políticas de desarrollo
Junto con la
transformación de las normas mundiales
que rigen el comercio agrícola, los países en desarrollo inciden
desde hace
tiempo a favor de otros cambios en la OMC actual para aumentar
la flexibilidad
de los países en desarrollo para permitirles que aprueben
políticas que
promuevan el desarrollo.
En 2015, un grupo de 90
países en desarrollo
impulsaron un paquete de propuestas concretas para cambiar las
normas actuales
de la OMC que eliminarían algunas de las limitaciones de la OMC
sobre las
políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de ellas son
versiones
actualizadas de la "agenda de implementación" que ha formado la
base
de las críticas de los países en desarrollo a la OMC actual
desde su fundación.
Se trata, por ejemplo, de cambios para permitir que los países
en desarrollo
puedan promover la industrialización nacional, estimular la
transferencia de
tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y
salvaguardar la
integración regional. Muchas de estas propuestas son similares a
los reclamos
de la sociedad civil englobadas en la Declaración
de Darle la Vuelta de la red mundial Nuestro
Mundo No Está En Venta, a
la que se adhirieron cientos de grupos de la sociedad civil de
todo el mundo.
Incluso en un área en que
todos los miembros de la OMC
deberían poder estar de acuerdo -garantizar beneficios para los
PMA, no hay un
consenso. Aunque era un mandato prioritario, el pequeño paquete
de los PMA que
se acordó en la conferencia ministerial de la OMC de Bali en
2013 aún no se ha
puesto en práctica. Esto incluye garantizar un 100 por ciento de
acceso al
mercado libre de impuestos, libre de cuotas para las
exportaciones de los PMA,
la simplificación de las normas de origen que definen cuánto del
valor de un
producto debe producirse en el país para poder obtener
beneficios de reducción
de aranceles y proporcionar compromisos vinculantes reales para
la exención de
los servicios para los PMA (que permite a los países
desarrollados proporcionar
acceso al mercado de servicios a los PMA sin ofrecer acceso
recíproco a los
otros países, una "flexibilidad" que ha probado ser casi
imposible de
utilizar). También incluye el mandato de reducir los subsidios
que Estados
Unidos y la UE proporcionan a los productores de algodón, que
enriquecen a unos
pocos miles allí pero que han decimado de manera injusta la
producción de
cientos de miles de agricultores de algodón en África.
Lo que es incluso peor,
solo un miembro de la OMC,
Estados Unidos, parece no solo negarse a acordar las propuestas
de desarrollo,
sino que también se esfuerza por garantizar que se abandone para
siempre el
mandato de desarrollo en la OMC. Si tiene éxito, el mundo
estaría forzado para
siempre a continuar con las desigualdades y desequilibrios
actuales, a
instancias de un miembro de la OMC, que dice funcionar por
consenso.
Hay mucho en juego este
diciembre en Buenos Aires. Sin
embargo, el resultado dependerá de la presión que ejerzan varias
partes
interesadas sobre sus gobiernos a medida que dan forma a las
posiciones
políticas antes de la conferencia ministerial en sí. Algunos
incluso afirman
que la "mini conferencia ministerial" de octubre en Marruecos
será
donde se tomen las decisiones principalmente. Los intereses de
las empresas
intentarán definitivamente influir a los gobiernos. ¿Harán lo
mismo la sociedad
civil, los sindicatos, los ambientalistas y los defensores del
interés público y
el desarrollo? Y lo que es más importante, ¿los gobiernos, que
enfrentan
revueltas a nivel nacional y en las urnas, seguirán a sus amos
empresariales o
actuarán en el interés de sus ciudadanos y cambiarán la
dirección en la OMC?
Original in ingles: http://www.huffingtonpost.com/entry/5951365ae4b0f078efd98399
- Deborah James es la
directora de programas internacionales del Centro de
Investigación en Economía
y Política (www.cepr.net) y coordinadora de la
red mundial Nuestro Mundo No
Está En Venta (www.ourworldisnotforsale.org) formada por
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por un sistema de comercio multilateral sustentable,
socialmente justo
y democrático.
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de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/186433
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