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La judicialización
antidemocrática de la política
Emir Sader
ALAI
AMLATINA, 22/06/2017.- Además de las acusaciones
a grandes líderes populares
latinoamericanos como Lula y Cristina de supuesto
involucramiento con casos de corrupción,
para intentar pasar la idea de que todos los políticos son
corruptos, otras
acusaciones, igualmente significativas, intentan criminalizar
los actos de
gobierno.
En el caso de Cristina, se
intenta transformar en caso
judicial la política cambiaria de su gobierno, que puede ser
discutida como política
de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, intentan
pasar la idea de
que esa política habría traído ventajas financieras para la
ex-presidenta y
para su ex-ministro de economía. Se trata de ir acumulando
sospechas que,
aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo a
grandes líderes
populares, para intentar ponerles techo a su popularidad e ir
generando una
imagen de involucramiento con irregularidades.
En el caso de Lula pasa
algo igual. Como no han
encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento con
corrupción y su
popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo no con pruebas,
como confiesan
que no tienen, sino con “convicciones”, como si estas pudieran
fundamentar
alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas
de su gobierno,
de promoción de los intereses de empresas brasileñas, con
financiamientos
públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no
pueden
concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan
de adjudicarle alguna
ventaja a cambio de esas promociones. Un departamento que Lula
nunca compró, un
sitio que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar
que Lula actuó
en función de intereses personales (como suele ser el caso de
los gobernantes
de derecha).
Para confirmar esa forma
antidemocrática de intentar
excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa
electoral y de la
vida política, quitando de las manos del pueblo el derecho de
decidir sobre sus
destinos, en Colombia surge un caso similar. El ex-alcalde
Bogotá, Gustavo Petro,
candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del
país, es blanco
de un no menos espantoso proceso que intentar sacarle de la
disputa electoral, además
de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias
decenas de millones
de dólares por una política de tarifas diferenciadas en
trasporte urbano,
cuando fue alcalde de la capital colombiana.
Se puede, como en los
casos de Cristina y de Lula,
discutir las políticas públicas de Petro, pero nunca
criminalizarlas, menos todavía
cuando tienen un carácter claramente popular y democratizador.
La operación, además de
los ataques personales a esos líderes,
incluye la criminalización de las políticas de carácter público,
la judicialización
de los programas de gobierno, el ataque a las acciones de los
Estados,
considerando que perjudican los intereses del país. ¿Pero
quiénes son los que
acusan, quien les dio representación democrática en el Estado de
Derecho, para
intentar descalificar a gobiernos y políticas escogidas por el
voto popular,
por la vía democrática?
Es una nueva vía de
intentar inviabilizar a gobiernos
democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petro,
representan asimismo
las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de
Argentina, Brasil y
Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y
Brasil fueron los
ejes de los procesos de integración regional, que tanta
incomodidad ha
producido en la derecha de nuestros países, así como en los
EEUU. Colombia
tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al
candidato que lance
Uribe. Petro aparece en segundo lugar en las encuetas o incluso
empatado en
primero lugar.
La democracia parece que,
cada vez más, ahoga a la
derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales
chocan no solo con
los intereses de la gran mayoría de la población, sino también
con la misma
democracia.
En Brasil un llamado
Instituto Millenium esta semana
ha llamado la atención sobre cómo las elecciones del 2018 ponen
en riesgo las
(contra) reformas que la derecha trata de poner en práctica
mediante un golpe y
por medio de un gobierno que tiene el 2% de apoyo (con el margen
de error,
puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo choca
frontalmente con la
democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que
busquen, ahora
de nueva forma, mediante la judicialización de la política,
burlar la
democracia y la voluntad popular.
- Emir Sader,
sociólogo y
científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio
de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro (UERJ).
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