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Completa síntesis de la situación de los DDHH en Chile durante el mes de enero de 2013.
Militares detenidos por crimen de Víctor Jara
03 de enero: Seis de los 8 ex
militares, fueron procesados como autores y cómplices de la muerte del
cantautor Víctor Jara, y están detenidos y a disposición del ministro en
visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza.
Se trata del coronel (r) Hugo Sánchez,
sindicado como uno de los autores del asesinato del cantautor en el
Estadio Chile y de Jorge Smith, quienes fueron detenidos.
Voluntariamente, se presentaron en el tribunal Nelson Hasse, Edwin
Dimter, Raúl Jofré y Luis Bethke.
INDH rechaza atentado en Vilcún y aplicación de la Ley Antiterrorista
04 de de enero: El Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) repudió el atentado incendiario que
provocó la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne McKay en la
Región de La Araucanía. El INDH expresó su solidaridad con los
familiares y amigos de la familia afectada. “Reiteramos nuestra condena a
la violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los
problemas de la zona”, señaló la institución.
Al mismo tiempo, el Consejo del INDH
rechazó que se siga aplicando la Ley Antiterrorista en contra de los
presuntos responsables del mortal atentado incendiario de Vilcún. En
este punto, enfatizan, "volvemos a afirmar que la Ley Antiterrorista,
tal como lo han establecido organismos internacionales de DDHH, vulnera
principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los
instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables
hechos y sancionar a los responsables".
Comandante Eduardo: “No participé en crimen de Jaime Guzmán”
09 de enero: El ex integrante del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Enrique Villanueva, conocido como
"comandante Eduardo", aseguró que él no tuvo "participación alguna" en
el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril
de 1991.
El ex frentista, actualmente esta
procesado, por el ministro en visita Mario Carroza, como presunto autor
intelectual del atentado y arriesga una condena mínima de 15 años hasta
cadena perpetua. Villanueva señaló que “no fui dirigente del Frente al
momento en que se decide su muerte”.
Museo de la Memoria celebra su tercer Aniversario
11 de enero: Con la muestra de
fotografías emblemáticas del período 1973-1990 y la obra musical “Canto
por una semilla", compuesta por Luis Advis con versos de Violeta Parra, e
interpretada por los Inti Illimani Históricos, Denisse Malebrán y la
Orquesta Nacional de Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos celebró su tercer aniversario.
Formalizan a comuneros mapuche por muertes en Vilcún
11 de enero: En el Juzgado de
Garantía de Temuco, se realizó la formalización de los hermanos
Celestino Cerafín y José Arturo Córdova Tránsito imputados por la muerte
de Werner Luchsinger y Vivianne McKay.
El fiscal regional Francisco Ljubetic,
designado exclusivo para este caso, presentó la formalización ante los
abogados y familiares directos de imputados y víctimas.
Director del PUND rechaza militarización del conflicto mapuche
12 de enero: El director para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, rechazó la militarización de la
respuesta al conflicto mapuche por ser, a su juicio, "inconducente"
hacia una solución del problema.
Señalo que en Latinoamérica, la
militarización de la lucha contra las drogas ha fracasado, como en el
caso de México, según diversos líderes y expertos.
Chadwick le resta “carácter político” a investigación por muerte de Miguel Enríquez
15 de enero: El Gobierno presentó
en diciembre una querella que busca aclarar la muerte del fundador y
secretario general del MIR, Miguel Enríquez.
"El Ministerio del Interior, a través
del Departamento de DDHH, cumpliendo con los deberes legales va
presentando distintas acciones y querellas que dicen relación con
situaciones que aún estén pendientes en materia de derechos humanos. No
queremos en esto hacer ninguna situación de carácter político. Es el
cumplimiento de la ley y así se estableció y así nosotros la cumplimos",
señaló el ministro Andrés Chadwick.
El proceso judicial por la muerte de
Enríquez está en manos del juez Mario Carroza y sindica como
responsables directos del crimen a la Dirección Nacional de Inteligencia
Nacional (DINA), la temida policía política de la dictadura.
Garzón: Vuelta de Pinochet a Chile “me dejó una sensación de disgusto y pena por las víctimas”
16 de enero: El abogado español y ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, llegó a Chile para una visita de 4 días al país.
El ex magistrado español, quien se hizo
conocido luego de lograr -con una orden de detención internacional
dictada por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante la
dictadura chilena- que la justicia británica retuviera al ex dictador
chileno Augusto Pinochet en Londres desde octubre de 1998 hasta marzo de
2000.
Sobre el retorno de Pinochet a Chile en
esa época la calificó como “una decisión política” pero que le
dejó “una sensación de disgusto y pena por las víctimas”.
Respecto al gesto del ex dictador al
llegar a Chile en silla de ruedas y pararse con ayuda de su bastón
Garzón aseguró que “quedó demostrado que no había tal incapacidad para
afrontar un juicio” y recalcó que su decisión de entonces “la sigo
manteniendo hoy, guardaba todos los requisitos legales”.
Estudiantes solicitan presencia de organismos internacionales por conflicto mapuche
17 de enero: La Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), en conjunto con otros
movimientos sociales de DDHH expresaron su solidaridad con el pueblo
mapuche ante el "recrudecimiento de la violencia ejercida por el Estado
chileno".
Las organizaciones realizaron un llamado
a la inmediata desmilitarización de la zona y solicitaron la visita del
relator de la Naciones Unidas, James Anaya, así como de
otras instituciones internacionales de carácter humanitario comola Cruz
Roja.
Ministro Cisternas ordena reabrir investigación del Caso Soria
21 de enero: El ministro de la
Corte Suprema Lamberto Cisternas, en calidad de instructor en la causa
por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, resolvió reabrir
la investigación del diplomático español asesinado en 1976 por agentes
de la DINA.
De esta manera, el ministro dio lugar a lo solicitado por Carmen Soria González, hija del ex funcionario de la CEPAL en Chile.
En 2011, el juez Alejandro
Madrid condenó a tres años a siete ex oficiales de Ejército como
miembros de una asociación ilícita para obstruir a la justicia (ocultar
información) en el caso Soria, sentencia que debe ser revisada por la
Corte de Apelaciones.
En su resolución, el ministro Lamberto
Cisterna indica que en esta oportunidad las diligencias solicitadas por
la parte querellante son “precisas y determinadas, las que se
fundamentan en antecedentes que allí se desarrollan con alguna latitud,
petición que parece plausible y conducente a los fines de la
investigación”.
Por lo mismo, el ministro Cisternas
dispuso la realización de varias las diligencias, entre las que se
cuentan una orden de investigar a cargo de la Brigada de DDHH de la
PDI; una citación a declarar al periodista Javier Rebolledo, quien en su
libro “La danza de los cuervos” entrega más antecedentes del caso, y
pedir informes a Interpol-Chile sobre órdenes de detención a personas
mencionadas en la causa.
Corte Suprema anula indemnización del fisco en caso de DDHH
22 de enero: El pleno de la
Corte Suprema anuló el pago de una indemnización a que había sido
condenado el Fisco en un juicio por violaciones a los DDHH. Es el primer
pronunciamiento del máximo tribunal del país en una causa civil de este
tipo.
En fallo dividido, el pleno de la
Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado por el Consejo de
Defensa del Estado (CDE) que solicitó anular una sentencia de la
Corte de Apelaciones de Santiago.
Este tribunal de alzada había concedido
una indemnización de $50.000.000 a la hermana del médico Eduardo
González Galeno, desaparecido a partir del 14 de septiembre de 1973, en
la localidad de Cunco donde fue director del hospital local, en la
actual Región de La Araucanía.
En la causa, el CDE solicitó el
pronunciamiento del pleno de la Suprema al existir discrepancias en
sentencias sobre indemnizaciones de reparación por daño moral en
procesos ligados a violaciones a los DDHH, entre el 11 de septiembre de
1973 y el 11 de marzo de 1990.
El pleno acogió el argumento planteado
por el CDE en cuanto a que la acción de carácter civil se encuentra
prescrita y que la imprescriptibilidad de los delitos por violaciones a
los DDHH, determinada por la legislación internacional para el aspecto
penal, no se extiende al aspecto civil.
No obstante, el pleno determinó que el
plazo de prescripción debe comenzar a contarse desde que los familiares
de la víctima tuvieron certeza del ilícito perpetrado, no desde la fecha
de la desaparición.
Por lo mismo, los ministros estimaron
que la convicción del delito se produjo con la publicación del Informe
de la Comisión de Verdad y Reconciliación o Informe Rettig.
La decisión se adoptó con el voto en
contra de los ministros Juica, Muñoz, Dolmestch, Araya, Künsemüller,
Brito y Escobar, quienes fueron partidarios de rechazar el recurso de
casación y extender la imprescriptibilidad al aspecto civil de la
sentencia.
Organizaciones de la sociedad civil eligen a sus nuevos representantes en el Consejo del INDH
23 enero: Consuelo Contreras,
Directora Ejecutiva de Corporación Opción, y José Aylwin, Director del
Observatorio Ciudadano, fueron electos por amplia mayoría para ser
consejeros del INDH.
Como parte de la renovación parcial que
establece la Ley 20.405 que crea el INDH, 29 organizaciones de la
sociedad civil emitieron sus votos, para así elegir por 24 sufragios a
José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano y por 19 votos a
Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.
De este modo, deberán dejar el Consejo
del INDH, Sergio Fuenzalida y Enrique Núñez, ambos elegidos por la
sociedad civil por su amplia trayectoria en la defensa de los derechos
fundamentales en 2010. Por su parte, los/as nuevos/as Consejeros/as
asumirán sus funciones el 2 de julio próximo.
Isla Dawson: Condenan al fisco a pagar 150 millones a 30 detenidos
24 de enero: La jueza del 18°
Juzgado Civil de Santiago, resolvió acoger la demanda de indemnización
por daño moral presentada por 30 víctimas en contra del Estado de Chile,
las que fueron secuestradas por agentes estatales -entre el 11 y el 31
de diciembre de 1973- en la Región de Magallanes y confinadas en
centros de detención de la zona, especialmente en el ubicado en la Isla
Dawson.
En el fallo, la magistrada Donoso
resolvió que el Fisco debe pagar $150.000.000 a cada uno de los
demandantes, “atendida la gravedad de las violaciones a los DDHH a que
fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de
libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno
en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Asimismo, Claudia Donoso rechazó la
excepción de prescripción presentada por el Consejo de Defensa del
Estado, manifestando que “no es posible sostener a juicio de esta
sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y
obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría
desconocimiento del DDHH conculcado”.
La magistrada, además, sustenta su
resolución en el Convenio de Ginebra, que, en su artículo 131, sostiene
que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra
parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella
misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en
el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.
En la misma línea argumental, la jueza
Donoso cita la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de Lesa Humanidad, la que establece en su artículo 4°, la
imprescriptibilidad de la acción penal de los crímenes mencionados en el
artículo 1. Lo que “no conlleva necesariamente la exclusión de la
imprescriptibilidad de la acción civil.
Labbé declaró ante la PDI por caso de DDHH
25 de enero: El ex alcalde de
Providencia, Cristián Labbé, prestó declaración en un cuartel de la
Policía de Investigaciones (PDI) por una causa de DDHH en la que aparece
aludido.
El interrogatorio fue encargado por el
juez Mario Carroza, quien investiga el crimen de Orlando Letelier en
Washington. Se le preguntó por su presencia como agregado militar en
Washington más de una década después del asesinato.
De acuerdo a un artículo de prensa, que
cita palabras que habría formulado Federico Willoughby, ex colaborador
del régimen de Pinochet, la misión de Labbé habría sido vigilar los
pasos del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, quien ya había
desertado del organismo represor y colaboraba con la justicia
estadounidense.
Deponen huelga de hambre comuneros mapuches
28 de enero: El líder de la
Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, puso fin a su huelga de
hambre que ya cumplía 76 días. La medida, también incluye el fin de la
huelga de hambre de Ramón Llanquileo, que está en la cárcel de Angol,
fue tomada luego de que ambos recibieron la visita de observadores de
Derechos Humanos y se estableció la creación de una comisión nacional e
internacional de observación de DDHH de los mapuches.
CIDH admite caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile
28 de enero: La Comisión
Interamericana de DDHH (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra
Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial de Lemún por
efectivos de Carabineros y la impunidad en que quedó el caso como
consecuencia de su procesamiento en la jurisdicción militar. La
notificación fue recibida el pasado 25 de enero por el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia
Lemún ante la CIDH.
El caso –presentado a la CIDH el 25 de
abril de 2006–denuncia la ejecución del niño mapuche Alex Lemún como
resultado del uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en
favor del reclamo por los derechos del Pueblo Mapuche en la
Región de La Araucanía, así como la incompatibilidad de la jurisdicción
militar vigente en Chile con los estándares del derecho internacional
de los derechos humanos.
La CIDH admitió el caso evidenciando una
posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a
la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las
garantías judiciales, y a la protección judicial.
A partir de esta notificación, se inicia
un plazo de tres meses para que la familia de víctima presente sus
argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos al Estado para que,
en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de DDHH
denunciadas.
La magistrada, además, sustenta su
resolución en el Convenio de Ginebra, que, en su artículo 131, sostiene
que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra
parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella
misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en
el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.
En la misma línea argumental, la jueza
Donoso cita la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de Lesa Humanidad, la que establece en su artículo 4°, la
imprescriptibilidad de la acción penal de los crímenes mencionados en el
artículo 1. Lo que “no conlleva necesariamente la exclusión de la
imprescriptibilidad de la acción civil.
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