LA
CORTE EMITE SENTENCIA SOBRE EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA Y
PROTECCIÓN
DEL
MEDIO AMBIENTE DE LOS PUEBLOS KALIÑA Y LOKONO EN
SURINAM
San José,
Costa Rica, 28 de enero de 2016.- La Corte Interamericana de
Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre
Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Pueblos Kaliña y
Lokono Vs. Surinam, sometido a la Corte por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 28 de enero de 2014. El texto
íntegro de la Sentencia y su resumen oficial pueden consultarse en
el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
El caso se
relaciona con las reclamaciones de los Pueblos Kaliña y Lokono para
el reconocimiento por parte del Estado de su personalidad jurídica
colectiva, así como del derecho a la propiedad colectiva sobre su
territorio tradicional, el cual no se encuentra titulado en su
favor. Parte del territorio reclamado limita
en distintas zonas con asentamientos de la tribu N´djuka maroon y
otras áreas se encuentran tituladas a favor de terceros no
indígenas en áreas contiguas al Río
Marowijne.
Además, dentro del mismo se habrían creado tres
reservas naturales, a saber: i) la Reserva Wia Wia en 1966; ii) la
Reserva Galibi en 1969, y iii) la Reserva Wane Kreek en 1986, las
cuales en su conjunto abarcan un aproximado de 59.800 hectáreas del
territorio reclamado. Las afectaciones a los Pueblos Kaliña y
Lokono, relacionadas con la Reserva Galibi, se refirieron a
restricciones de acceso y uso del territorio. Además, en la Reserva
Wane Kreek, el desarrollo de actividades de minería a cielo abierto
destinadas a la extracción de depósitos de bauxita, las cuales no
contaron con la participación efectiva, mediante un proceso de
consulta a dichos pueblos, generaron problemáticas relacionadas con
la degradación ambiental y reducción de la caza y pesca.
Respecto del
derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, la Corte reiteró su jurisprudencia en casos
previos de Surinam y determinó que siendo que el ordenamiento
jurídico interno del Estado no reconoce el ejercicio de la
personalidad jurídica de los pueblos indígenas y tribales de manera
colectiva, el Estado violó el artículo 3 de la Convención
Americana.
Respecto del
derecho a la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la falta de
delimitación, demarcación y titulación del territorio de los Pueblos
Kaliña y Lokono por parte del Estado violó el derecho a la propiedad
colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana,
y el deber de adoptar medidas de derecho interno, establecido en el
artículo 2 de la misma.
En relación
con el derecho a solicitar la reivindicación del territorio ante la
existencia de títulos individuales a favor de terceros no indígenas,
la Corte estimó que este derecho permanece vigente, para lo cual el
Estado debe ponderar los intereses territoriales particulares o
estatales y los derechos territoriales de los miembros de las
comunidades indígenas. Respecto del alegado mantenimiento de las
reservas naturales en el territorio tradicional, la Corte determinó
que también les asiste a los Pueblos Kaliña y Lokono el derecho a
solicitar en derecho interno, la posible reivindicación de las
partes correspondientes a su territorio tradicional colindante con
las reservas, frente a lo cual el Estado debe ponderar la protección
del medio ambiente como parte del interés general con el derecho de
los pueblos indígenas.
En relación con las
alegadas restricciones para los pueblos indígenas en las reservas
naturales, la Corte consideró relevante hacer referencia a la
necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas
con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los
pueblos indígenas. En vista de ello, la Corte
concluyó que, en principio, existe una compatibilidad entre las
áreas naturales protegidas y el derecho de los pueblos indígenas y
tribales en la protección de los recursos naturales sobre sus
territorios, destacando que los pueblos indígenas y tribales, por su
interrelación con la naturaleza y formas de vida, pueden contribuir
de manera relevante con dicha conservación. En este sentido, los
criterios de participación efectiva, acceso y uso de sus territorios
tradicionales, y obtención de beneficios de la conservación,
resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad,
la cual debe ser evaluada por el Estado y garantizar mecanismos
adecuados para su implementación. Para el caso concreto, el Tribunal
concluyó que la falta de mecanismos expresos que garantizaran el
acceso, uso y la participación efectiva de los pueblos indígenas
Kaliña y Lokono en la conservación de las Reservas de Galibi
y Wane Kreek y sus beneficios, vulneró los
derechos a la propiedad colectiva, identidad cultural y
participación en asuntos públicos de las víctimas, recogidos en los
artículos 2, 21 y 23 de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio los
Pueblos Kaliña y Lokono y sus miembros.
Respecto
de las garantías a la propiedad colectiva frente a la concesión
minera dentro de la Reserva Wane Kreek, el Tribunal
consideró que el deber del Estado en relación con la participación
efectiva, a través de un proceso de consulta, se actualiza de manera
previa a la ejecución de acciones que podrían afectar de manera
relevante los intereses de los pueblos indígenas y tribales, tales
como las etapas de exploración y explotación o extracción. En el
presente caso, si bien la concesión minera se otorgó en 1958, las
actividades de extracción de bauxita se iniciaron en 1997, momento
en el cual debió garantizarse dicha consulta. Asimismo, no se
llevó a cabo un estudio de impacto ambiental y social, ni se
compartieron los beneficios del citado proyecto minero. Por tanto,
la Corte concluyó que el Estado violó los artículos 21 y 23 de la
Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la
misma.
Finalmente,
la Corte consideró que la normativa analizada no contemplaba
recursos judiciales o administrativos mediante los cuales se
establecieran procedimientos para la protección del derecho de
propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. Asimismo,
el Tribunal consideró que los procedimientos judiciales y peticiones
interpuestas no resultaron efectivos para tal efecto, y que el
Estado no otorgó la información solicitada por las víctimas ni
fundamentó la imposibilidad de entrega de la misma. Por ello, el
Estado fue encontrado responsable por la violación del derecho a la
protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1, 2 y 13 del mismo
instrumento.
En razón de
las violaciones declaradas, la Corte ordenó diversas medidas de
reparación, entre las que destacan, las obligaciones del Estado de:
a) otorgar a los
Pueblos Kaliña y Lokono el reconocimiento legal de la personalidad
jurídica colectiva; b) delimitar, demarcar y otorgar título
colectivo del territorio de los Pueblos Kaliña y Lokono, así como
garantizar su uso y goce efectivo, tomando en cuenta los derechos
que asisten a otros pueblos tribales en la zona; c) adoptar las
medidas adecuadas para que se garantice el acceso, uso y
participación efectiva en favor de los Pueblos Kaliña y Lokono en
las Reservas Naturales de Galibi y Wane Kreek; d) garantizar
procesos efectivos de participación,a través de la consulta para
estos pueblos, la realización de estudios de impacto ambiental y
social, y la repartición de beneficios; e) implementar las acciones suficientes y
necesarias con el fin de rehabilitar la zona afectada en la Reserva
Natural de Wane Kreek, y f)
crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de
los Pueblos Kaliña y Lokono, entre otros.
La
Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará
por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal
cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La
composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la
siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Juez Roberto
F. Caldas, Vice-Presidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego
García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez, Eduardo Vio Grossi,
Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez.
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THE
COURT DELIVERS JUDGMENT ON THE RIGHT OF THE KALIÑA AND LOKONO
PEOPLES TO COLLECTIVE OWNERSHIP AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
SURINAME
San
José, Costa Rica, January 28, 2016. Today, the Inter-American Court of Human
Rights served notice the Judgment on Merits, Reparations and Costs
in the case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname,
which the Inter-American Commission on Human Rights had submitted to
the Court on January 28, 2014. The entire text of the judgment and
the official summary may be found at the following link:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
The case relates to the actions taken by the
Kaliña and Lokono peoples to obtain the State’s recognition of their
collective juridical personality and their right to collective
ownership of their traditional territories, land for which titles
have not been issued. Parts of the territory claimed adjoin
settlements of the N’djuka Maroon tribe and some non-indigenous
third parties were granted property titles in other claimed areas
located on lots bordering the Marowijne River. Also, inside the
territory claimed, three nature reserves were established, namely:
(i) the Wia Wia Nature Reserve in 1966, (ii) the Galibi Nature
Reserve in 1969, and (iii) the Wane Kreek Nature Reserve in 1986;
together they cover around 59,800 hectares of the territory claimed.
In the case of Galibi Nature Reserve, the adverse effects on the
Kaliña and Lokono peoples relate to restrictions in access to and
use of the territory. Also, open-cast mining operations to extract
bauxite have been carried out in the Wane Kreek Nature Reserve,
without the effective participation of these peoples by means of a
consultation process, and the operations have caused problems
related to environmental degradation and a decline in the
possibility of hunting and fishing.
Regarding the
right to recognition of juridical personality, the Court reiterated
its case law concerning Suriname and
determined that since the State’s domestic laws do not recognize the
collective legal personality of the indigenous and tribal peoples,
the State had violated Article 3 of the American
Convention.
With regard to
the right to collective ownership, the Court concluded that the
State’s failure to delimit, demarcate and grant title to the
territory of the Kaliña and Lokono peoples violated the right
to collective property recognized in Article 21 of the American
Convention and the obligation to adopt domestic legal provisions
established in Article 2 of this instrument.
In relation to the right to request the
restitution of the territory in view of the existence of individual
property titles in favor of non-indigenous third parties, the Court
found that this right remained valid, and that the State should
therefore weight, the private or State territorial interests against
the territorial rights of the members of the indigenous communities.
Regarding the alleged maintenance of the nature reserves in the
traditional territory, the Court determined that the Kaliña and
Lokono peoples also had the right to file actions under domestic law
for the possible return of the parts corresponding to their
traditional territory adjoining the reserves and, in this case, the
State should weigh the protection of the environment for reasons of
general interest against the territorial rights of the indigenous
communities.
Regarding the alleged restrictions to the
indigenous peoples in the nature reserves, the Court referred to the
need to make the preservation of the protected areas compatible with
the appropriate use and enjoyment of the traditional territories of
the indigenous peoples. Consequently, the Court concluded that, in
principle, the protection of the nature reserves and the rights of
the indigenous and tribal peoples to the protection of the natural
resources in their territories was compatible, emphasizing that the
indigenous and tribal peoples, owing to their interrelationship with
nature and their way of life, can make an important contribution to
this conservation. In this regard, the criteria of effective
participation, access and use of traditional territories, and
obtaining benefits from conservation are essential elements to
achieve this compatibility and should be evaluated by the State,
while guaranteeing appropriate mechanisms to put them in practice.
In this specific case, the Court concluded that the lack of explicit
mechanisms to ensure the access, use and effective participation of
the Kaliña and Lokono indigenous peoples in the conservation of the
Galibi and Wane Kreek Nature Reserves and its benefits violated the
rights to collective property, cultural identity, and participation
in public affairs of the victims, recognized in Articles 2, 21 and
23 of the American Convention, in relation to Article 1(1) of this
treaty, to the detriment of the Kaliña and Lokono peoples and their
members.
Regarding the guarantees of collective property in
relation to the mining concession within the Wane Kreek Nature
Reserve, the Court found that the State’s duty to ensure effective
participation, by means of a consultation process, applies prior to
the implementation of any action that could have an importante
impact on the interests of the indigenous and tribal peoples, such
as the exploration and exploitation or extraction stages. In this
case, although the mining concession was granted in 1958, the
bauxite mining operations began in 1997, at which time this
consultation should have been ensured. Also, no social and
environmental impact assessment was made, and the benefits of the
mining project were not shared. Therefore, the Court concluded that
the State had violated Articles 21 and 23 of the Convention, in
relation to Articles 1(1) and 2 thereof.
Lastly, the Court held that the norms examined did not
include any administrative or judicial remedies establishing
procedures to protect the right to collective property of the
indigenous and tribal peoples. The Court also found that the
judicial proceedings and petitions that were filed had not been
effective in this regard, and that the State had not provided the
public information requested by the victims or justified the
impossibility of handing it over. Consequently, the State was found
responsible for the violation of the right to judicial protection
established in Article 25 of the American Convention, in relation to
Articles 1(1), 2 and 13.
Based on the violations declared, the Court
ordered different measures of reparation, including the State’s
obligations to: (a) grant the Kaliña and Lokono peoples legal recognition
of their collective juridical personality; (b) delimit, demarcate,
and grant collective title to the territory of the Kaliña and Lokono
peoples, and also to guarantee them its use and enjoyment, taking
into account the rights of other tribal peoples in the area; (c)
take appropriate measures to ensure the access, use and
participation of the Kaliña and Lokono peoples in the Galibi and
Wane Kreek Nature Reserves; (d) guarantee effective participation by
means of a consultation process for the peoples, the execution of
social and environmental impact assessments, and the sharing of
benefits; (e) implement the sufficient and necessary actions to
rehabilitate the affected area in the Wane Kreek Nature Reserve, and
(f) establish a community development fund for the members of the
Kaliña and Lokono peoples.
The
Court will monitor full compliance with this judgment and will
consider the case closed when the State has complied with all its
provisions.
The
Court was composed of the following judges for the delivery of this
judgment: Humberto Antonio Sierra Porto, President; Roberto F.
Caldas, Vice President; Manuel E. Ventura Robles, Diego
García-Sayán, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Vio Grossi, and Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot.
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