La corrupción jujeña en torno de la presidente del Tribunal Superior
Titina
El
Superior Tribunal, eje de la degradación institucional jujeña. El rol
de los yernos de su presidente, Titina Falcone, quien complotó con
Gerardo Morales para engañar a la CIDH: uno ordenó la detención
arbitraria de Milagro Sala; otro ganó 4000 por ciento con la compraventa
de tierras al Estado en nombre de Freddy Morales; otro trabaja con el
fiscal que justificó todo ante la ONU y su “hijo del corazón” fue
arrebatado en el parto a su madre adolescente y anotado como propio. Un
escándalo que no cesa.
El hijo del corazón de Titina De Langhe de Falcone, inscripto como si fuera propio.
La
trama de la corrupción jujeña se teje en el hogar de la presidente del
Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, cuyo juicio
político fue solicitado a la Legislatura Provincial por incumplimiento
de sus deberes al coordinar con el gobernador Gerardo Morales el engaño a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que consienta la
prisión preventiva de Milagro Sala. La jueza, a quien en su ciudad, San
Pedro de Jujuy, todos llaman Titina, tiene cuatro hijos con el
odontólogo Hugo Rodolfo Falcone: Cecilia Inés, María Paula, María Alicia
y Esteban Fernando Falcone, que hoy tienen entre 50 y 42 años e
historias interesantes, ligadas con el contador Morales, su familia y
sus negocios:
Cecilia Inés Falcone se casó con el socio
en el estudio jurídico de su madre en San Pedro, Gastón Mercau, con
quien tuvo tres varones. Cuando Titina se volcó a la actividad política
en el radicalismo jujeño, Mercau fue designado defensor y en 2013 juez
de control. Cecilia Inés tiene su propia actividad política, como
coordinadora de Jujuy Solidario, un instrumento creado por Gerardo
Morales como parte de su campaña para llegar a la gobernación. Una de
las fotos la muestran con Morales durante un acto proselitista. Sus
estudios muestran un perfil ideológico bien definido: hizo la secundaria
en el Liceo Naval Militar Francisco de Gurruchaga y cursó derecho en la
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, inspirada por el sacerdote
integrista Anibal Fosberry, y en la Universidad Católica de Salta.
Según su autodefinición, Jujuy Solidario propone pasar:
del clientelismo a la solidaridad;
de la intolerancia al respeto;
del sometimiento a la dignidad;
de la desigualdad a la equidad;
de la impunidad a la justicia;
de la violencia a la paz;
de la dependencia a la libertad;
del miedo paralizante a la acción transformadora”.
Su matrimonio se disolvió, Mercau formó pareja con una empleada
de los tribunales de San Pedro y se mudó a San Salvador pero su relación
con su suegra no se deterioró. En enero de 2016 Titina lo designó juez
ad hoc para cumplir la decisión del gobernador Gerardo Morales de
detener a Milagro Sala, en forma arbitraria según la calificación del
órgano especializado de las Naciones Unidas, que reclamó su liberación
inmediata. Es lo que Morales llama pasar de la violencia a la paz.
Maria Paula Falcone tuvo tres hijas con el
contador Luis Miguel Jiménez, el comisionista que compró a la provincia
de Jujuy en 700.000 pesos un terreno en Alto Comedero de 150 hectáreas,
en representación de una docena de legisladores encabezados por el
Hermano Freddy Morales, que pocos meses después lo revendieron a la
misma provincia por 30 millones de pesos, con un beneficio del 4.000 por
ciento.
María Alicia Falcone, divorciada y con tres
hijas, trabajó como procuradora en la Fiscalía de Estado de Salta,
donde vive. Concursó para ser jueza y desde 2015 es Secretaria del
Tribunal Oral Federal 1 de Salta. Lo preside Santiago Díaz, uno de los
jueces que condenaron a Milagro Sala sobre la única base de un testigo
pagado por el gobernador Morales y también lo integra Mario Marcelo
Juárez Almaraz, hermano mellizo de quien presidió aquel tribunal jujeño
que firmó la sentencia pasando por alto que ni Milagro ni nadie de la
organización barrial Túpac Amaru estuvieron en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas cuando otras personas rompieron siete vidrios y
bañaron de huevos en octubre de 2009 al entonces senador Gerardo
Morales.
Esteban Fernando Falcone, el único varón de
la familia, fue arrebatado a su madre adolescente, a quien le dijeron
que murió en el parto, y anotado como propio por Clara De Langhe y su
esposo, el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone. Cuando la madre lo supo y
reclamó, la jueza compró su silencio con cuatro cargos en los tribunales
provinciales de San Pedro.
Titina, María Alicia, Hugo, María Paula y Cecilia Inés. En el piso, Esteban Fernando.
El juicio político
Milagro Sala y el diputado del Frente Unidos y Organizados Juan
Manuel Esquivel pidieron a la Legislatura el juicio político de Titina
Falcone por faltar a los deberes de su cargo, causal de remoción según
el artículo 203 de la Constitución Provincial. La denuncia se basa en
los mails enviados desde el estudio del ex juez, ex ministro y ex
diputado radical Ricardo Gil Lavedra el lunes 9 de enero de 2017 a la
jueza y al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda (ambos dirigentes
de la UCR local). Utilizando la casilla
federicowagner@estudiogillavedra.com.ar el apoderado del gobernador
Morales planteó a Falcone y Miranda coordinar la presentación de
testigos contra Milagro Sala durante la visita que la CIDH realizará al
país en mayo, “tal como hablamos en diciembre”. El abogado patrocinante
de Milagro, Luis Paz, sostiene que la participación de la Presidenta del
Superior Tribunal en conversaciones dirigidas a justificar la detención
“supone su desentendimiento del deber de imparcialidad que debe regir
toda actuación de un magistrado”. Esa operación también “muestra un
grave desconocimiento de la división de poderes” ya que un apoderado del
titular del Poder Ejecutivo instruye por mail a la Presidente del
Superior Tribunal de Justicia sobre “la vía a seguir en una tarea que
por naturaleza le corresponde al Poder Judicial”. Falcone “mantiene
diálogos con el gobernador Morales para planificar decisiones en las que
no debería inmiscuirse persona alguna ajena a la estructura del Poder
Judicial”. El juicio político está regulado en el último capítulo de la
Constitución Provincial de 1986. La Legislatura se divide en dos salas:
Acusadora y Juzgadora. La sala Acusadora debe designar una Comisión
Investigadora de cinco miembros, que dispondrá de 30 días, prorrogables
por otros diez. Una vez emitido su dictamen, lo elevará a la sala
Acusadora, que tendrá otros 20 días para decidir por dos tercios si
corresponde o no el juzgamiento. Si la votación fuere negativa, ordenará
el archivo de las actuaciones. En caso afirmativo, tres de sus miembros
sustentarán la acusación ante la Juzgadora, que tendrá 30 días para
pronunciarse, también por los dos tercios de sus miembros para concretar
la destitución. Los procedimientos serán públicos. Según el reglamento
de la Legislatura, el juicio político debería tratarse en la primera
sesión ordinaria, el 1º de abril. Pero para impedir que la denuncia siga
pendiente durante 45 días más el gobierno del contador Gerardo Morales
analiza la posibilidad de una sesión extraordinaria para archivarla la
semana próxima. El reglamento de la Legislatura incluyó en su artículo
257 una limitación que no figura en el texto constitucional. Dice que
una vez que el acusado responda a los cargos, la Sala Acusadora decidirá
“en sesión secreta si ha de abrirse la causa a prueba, no debiendo
hacerlo sino cuando fuera necesario o lo solicitare el acusado”. Es
decir que la denuncia puede desecharse en secreto, sin que el pueblo
sepa de qué se trata. Pero aun hay una argucia previa a la que puede
recurrir la mayoría oficialista, ya que las comisiones Acusadora,
Investigadora y Juzgadora nunca fueron constituidas, por lo cual la
mayoría radical podría alegar su propio incumplimiento de la
Constitución para proteger a la correligionaria en comisión en el Poder
Judicial, aduciendo que no tiene jueces designados antes de los hechos.
Los primeros sondeos con la oposición no fueron alentadores. Cuando el
operador radical de Morales en la Legislatura Alberto Bernis lo planteó,
el diputado fellnerista Javier Hinojo respondió que en ese caso el
Frente para la Victoria impulsaría otros pedidos de juicio político,
contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello
Sánchez, contra el fiscal de control Gustavo Araya y contra el juez
Isidoro Cruz.
El yerno contable
María Paula, odontóloga como su padre, de 48 años, sigue casada con
el contador Luis Miguel Jiménez, a quien su suegra designó director de
administración del área contable del bloque de diputados radicales de
Jujuy, del que ella fue vicepresidente en los últimos años del siglo
pasado. Jiménez firmaba los recibos de sueldos del personal. El 29 de
mayo de 1997 también firmó un boleto de compraventa por el cual varios
miembros de la familia Bustamante Pérez “venden, ceden y transfieren al
comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs)
parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito
Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”. Esas tierras habían
sido hipotecadas en garantía de un crédito que no pudieron pagar. Cuando
se les decretó la quiebra, debían ir al banco de Jujuy residual, donde
el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes se encargaba de los
clavos. En cambio, por aquel boleto de compraventa pasaron al yerno
Jiménez, que es mencionado en la operación como “comisionista”. Es decir
que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes
hasta entonces no identificados. La operación recién se perfeccionó el
15 de febrero de 2011, mediante el pago de 727.540 pesos.
Entonces se
develó que los verdaderos compradores eran una docena de ex legisladores
que reclamaban salarios adeudados a la provincia, ocho de ellos
radicales, varios testigos en el juicio contra Milagro Sala,
funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de
Gerardo Morales o jueces: Freddy Morales, Miguel Ángel Giubergia,
Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos
Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario
Ramón Puig y René Jesús El Jadue. Pocos meses después revendieron al
estado provincial esas 150 hectáreas, por 30 millones de pesos. Morales
recompensó al contador Jiménez por el negocio ruinoso de vender en 700
mil lo que valía 30 millones. En cuanto asumió la gobernación lo designó
secretario de egresos públicos, el funcionario que autoriza las
erogaciones de la provincia. El encanto de Jiménez es la discreción y el
perfil bajo. El 2 de mayo de 2016 fue reemplazado por el Licenciado en
Administración de Empresas Pablo Andrés Giacchino. Pero Jiménez no quedó
desamparado. La jueza Titina se lo llevó consigo como perito en la
Contaduría del Poder Judicial de Jujuy. Desde la publicación del
escándalo de las tierras en esta página, el gobierno provincial ya
convocó a tres cumbres junto con sus asesores legales porteños para
analizar la conducta a seguir. Se consideraron tres hipótesis:
1. Pedir derecho de réplica;
2. Ofrecer una pauta publicitaria al diario;
3. Presentar una demanda civil contra el autor de la nota.
La conclusión fue que ante la imposibilidad de explicar lo
inexplicable convenía atarse al mástil para aguantar el chubasco en
silencio. La discusión viró hacia las propias filas, con críticas al
fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, cuyas contraproducentes
actitudes agresivas se atribuyen a razones substanciales. Como toda la
familia cerca del presupuesto público, María Paula fue nombrada
directora del hospital Ingeniero Carlos Snopek, de Alto Comedero.
María Paula con el comisionista Jiménez, que compró y vendió las tierras para Freddy Morales con 4000 por ciento de ganancia.
Desmiente, que algo quedará
Al asumir la gobernación, Morales envió a la Legislatura un proyecto
de ley de ampliación de 5 a 9 de los jueces del Superior Tribunal. Si a
Menem le llevó un año lograrlo, apenas una semana después Morales ya
tenía su mayoría automática, incluyendo dos de los diputados radicales
que un día crearon los cargos y al siguiente juraron desempeñarlos con
lealtad y patriotismo. Titina Falcone, que integraba el tribunal desde
2010, fue elegida por sus correligionarios para presidirlo. Como tal,
durante la feria judicial de enero designó a Gastón Mercau para
encargarse de las nuevas causas contra Milagro Sala para impedir que
quedara en libertad, una vez que cesó su prisión preventiva por el
acampe realizado en la plaza Belgrano. Mercau fue quien ordenó la
detención de la india protestona por fraude, extorsión y asociación
ilícita, la figura comodín a la que se recurre cuando no es fácil probar
delitos específicos. Cuando el parentesco del juez con la presidente
del Superior Tribunal se publicó en esta página, Langhe de Falcone lo
desmintió indignada. Dijo que Mercau no era su yerno. Efectivamente,
Cecilia Inés se había separado de Mercau y emparejado con Marcos Tula
Molina, quien también consiguió empleo en la gran familia judicial
jujeña: fue designado por el Fiscal general de Acusación, Sergio Lello
Sánchez, como Coordinador del Organismo de Investigación, aunque carece
de la idoneidad profesional para ese cargo. La propia resolución
313/2016 admite que el tercer yerno es Ingeniero electricista. En
realidad ya estaba trabajando allí desde antes de la designación. Así lo
demuestra la orden firmada el 28 de septiembre en Tucumán por la jueza
Silvia Lescano de Francesco, quien dispuso embargar el 35 por ciento de
todos los ingresos de Molina en la oficina de Lello Sánchez, para hacer
frente al pago de alimentos en su divorcio vincular de Hilda Teresita
Zurro. Lello es el Fiscal General que respondió al Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que, de estar en libertad,
Milagro Sala podría intimidar a los testigos y entorpecer la
investigación, como si no hubieran secuestrado ya toda los documentos
necesarios y Morales no tuviera el control absoluto de las fuerzas de
seguridad para garantizar la seguridad de cualquier testigo. El
miércoles pasado, Cecilia Inés Falcone renunció a su empleo en el
ministerio de Desarrollo Social de Jujuy, donde era Coordinadora de
Gestión, argumentando razones personales, y el jueves se despidió de su
equipo de trabajo. En cambio, continúa como planta permanente del Senado
de la Nación, con categoría A-3, Legajo 21412, asignada a la
vicepresidencia 1ª, que ejerce el senador radical Juan Carlos Marino.
Durante los años que lleva en ese empleo, que goza de estabilidad, cobró
en el Senado pero siguió viviendo en Jujuy. Las categorías del personal
del Congreso están reguladas en el estatuto y escalafón sancionado por
la ley 24.600 de 1995. A-3 es la tercera categoría más alta sobre 14. La
remuneración mensual que le corresponde es de 41.953,38 pesos al mes,
más adicionales y bonificaciones por antigüedad, por título secundario,
universitario o de estudios superiores, por certificados de cursos de
tres meses en organismos gubernamentales o internacionales o de
capacitación técnica. Las prohibiciones comprenden realizar otras tareas
en horarios de trabajo y es incompatible el desempeño de un cargo en el
Senado “con otro cargo público en el orden nacional, provincial o
municipal”. Pero “la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo
maneja”.
El hijo del corazón
Esteban Fernando Falcone, DNI 24.217.035, nació en el sanatorio San
Pedro, de San Pedro de Jujuy, el 25 de octubre de 1975, en un parto
atendido por el médico Otto Carlos Stenberg. El sanatorio quebró hace
dos décadas y el médico murió. La partida de nacimiento consigna que sus
padres son Hugo Rodolfo Falcone y Clara Aurora De Langhe. Cuando ella
se refiere a Esteban como “el hijo de mi corazón” buena parte de los
70.000 sampedreños saben a qué se refiere: el chico es hijo natural de
G.G., quien entonces era una adolescente. Le dijeron que el bebé había
muerto en el parto y lo inscribieron como hijo de Falcone y De Langhe.
Desde que Gerardo Morales fue designado viceministro de Desarrollo
Social, se instaló en Buenos Aires. Ahora trabaja en la Coordinación de
ejecución y reajustes de ANSES, en el séptimo piso de la sede de Paseo
Colón 327. En 2012, G. supo del engaño y asesorada por un abogado grabó
un video narrando la historia. Con la filmación se presentó ante Titina,
que ya integraba el Superior Tribunal. El desenlace fue el ingreso de
la madre biológica a un cargo de maestranza en los tribunales de San
Pedro. Un colaborador voluntario que a mi pedido preguntó por G. en los
tribunales de San Pedro recibió una instantánea respuesta: “¿La madre
del hijo de Titina?”. Y el relato de una discusión de pueblo chico.
–Vos sos la amante del fiscal X.
–Y vos vendiste a tu hijo por cuatro cargos.
Cuatro, porque además de G. también consiguieron empleo en los
tribunales su actual pareja, H.F.; su segunda hija, M.F., y M.A.G.,
pareja de la otra hija de G., M.B.G. Las fotografías de esta página
muestran la fisonomía tan distinta de las tres hijas de Falcone y Titina
y del “hijo del corazón”, quien en cambio se parece a su media hermana
M.F. La alteración o supresión de la identidad y la retención y
ocultación de un menor de diez años (artículos 139 y 146 del Código
Penal) tienen penas de reclusión o prisión de hasta 15 años. Nada indica
que en el caso de Titina y su hijo del corazón estos delitos puedan
considerarse de lesa humanidad. Pero eso tampoco significa que estén
prescriptos. Durante años se extendió una discusión jurídica al
respecto. La prescripción no podía contarse desde el momento en que se
cometió el delito, ya que la víctima no estaba en condiciones de
denunciarlo. Se estimaba que el plazo comenzaba a correr cuando el chico
cumplía 18 años, pero luego la Corte Suprema de Justicia zanjó el
debate aduciendo que recién pueden contarse los 15 años de la
prescripción cuando la víctima, sea niño o adulto, conoce la verdadera
identidad que le fue substituida. Las fuentes sampedreñas afirman que en
el caso de Esteban Fernando Falcone recién ocurrió hace unos cuatro o
cinco años. Eso debería establecerse en el juicio penal que puede
aguardarles a De Langhe y su esposo, si algún funcionario se atreve a
denunciar el delito en los tribunales regidos por Titina y el contador
Morales. En cualquier caso el episodio no califica a la jueza para el
desempeño del cargo que detenta desde hace siete años y desde el que
conspira para mantener la privación ilegítima de la libertad de alguien
que tiene muchos hijos del corazón, pero que no los inscribió como
propios.
Agradezco a las colegas Alejandra Dandan y Cynthia García su
generosa colaboración con datos y contactos para esta nota. También a
las personas que contribuyeron con la condición del anonimato, para no
exponerse a represalias en el pantano institucional jujeño, donde el
Estado de Derecho ha sido suprimido, como primicia de una avanzada
totalitaria a escala nacional.
Cecilia Inés, a la izquierda con la pechera de Jujuy Solidario, en un acto de campaña de Morales.
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