>> Envío de SERPAL Nº 509 - 17
A un año
del crimen de Berta Cáceres
sigue la
impunidad de quienes
ordenaron
su asesinato.
Por Carlos Iaquinandi, redacción de
SERPAL.
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“Lo más importante de la vida es vivir, seguir viviendo.
En este país no se vive, sino que se sobrevive.
Roberto Sosa, poeta hondureño.
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A un año del crimen de
Berta Cáceres sigue la impunidad de quienes ordenaron su
asesinato.
Por Carlos Iaquinandi,
redacción de SERPAL
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>> A un año del crimen, las calles de
Tegucigalpa volvieron a recoger el reclamo popular de justicia en el todavía
impune asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres. Ni las movilizaciones
de los hondureños, ni las recomendaciones de las Naciones Unidas, ni el pedido
de El Vaticano consiguieron esclarecer y por tanto condenar a quienes fueron los
instigadores de ese crimen por encargo. Berta había encabezado la resistencia
contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca de la compañía
Desarrollos Energéticos ( DESA) por el riesgo ambiental que implicaba al rio
Gualcarque y las tierras lindantes en Santa Bárbara..
Militares
y funcionarios de la empresa como sospechosos
Desde hace meses están detenidos como implicados
Douglas Bustillo, militar retirado y ex jefe de seguridad de la compañía DESA,
Sergio Rodríguez, gerente de temas sociales de la empresa, Edilson Duarte, otro
militar retirado, y Mariano Díaz Chávez, militar en activo e instructor de
la Policía. Duarte confesó en su
dia que actuaba como sicario. En este caso, supuestamente fue contratado por
Sergio Rodríguez, gerente de la empresa encargada del proyecto
hidroeléctrico.
Gustavo Castro, un ambientalista mexicano que
accidentalmente se encontraba en la vivienda de Berta cuando ocurrió el
asesinato, fue también baleado y dado por muerto, pero el disparo solo le había
rozado. Castro, testigo de lo sucedido expresó “que a medida que se fueron
descubriendo los vínculos criminales con el ejército, la
investigación se fue opacando.” Pero no dudó en afirmar que
“detrás de la muerte de Berta están las elites económicas de Honduras que son
las más interesadas en mantener estos proyectos que amenazan a las comunidades
indígenas”.
Las organizaciones sociales y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ( COPINH ) del cual fue
fundadora Berta Cáceres, se manifestaron nuevamente por las calles de
Tegucigalpa exigiendo justicia. Reclamaban por el encubrimiento gubernamental de las
acciones represivas y criminales contra activistas campesinos que se oponen a
los proyectos de las grandes transnacionales. Muchos ciudadanos, entre ellos la hija
de la ecologista asesinada, creen que el juicio es una “farsa” y que hay tantas
irregularidades en el proceso que los detenidos podrían quedar en libertad
en cualquier momento.
El golpe
militar del 2009 abrió las puertas a las
transnacionales
El derrocamiento por un golpe cívico militar del
gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009, consolidó el poder
de la alianza de las “30 familias” que constituyen la casta económico-financiera
que controla las grandes empresas e industrias, el ejército y las
transnacionales. Bendecido entonces por la secretaria de estado de Obama,
Hillary Clinton, el golpe permitió luego una continuación “seudo democrática”,
en el que los políticos ligados con esa alianza de intereses obtuvieron el
beneficio de leyes que favorecieron su asentamiento. La intromisión extranjera
fue tan evidente que en el 2013 la embajadora norteamericana Lis Kubiske exigió
públicamente al gobierno hondureño que actuara contra los que lideraban las
ocupaciones de tierras por los campesinos.
Asesinato
por encargo
A nadie le quedan dudas que el crimen de Berta fue un
asesinato por encargo, y que detrás de la trama está la intención de “aplastar”
toda la resistencia indígena y campesina a los planes de las empresas
energéticas, mineras o desforestadoras. DESA es una empresa creada después del golpe militar
del 2009. La preside un ex militar, y su esposa es la vicepresidenta del
Congreso y presidenta del partido en el gobierno. Según las denuncias, la
compañía DESA a través de argucias
e irregularidades logró hacerse con los títulos de tierras en el área donde
quería ejecutar su proyecto hidroeléctrico. Las protestas de los campesinos y
los indígenas lencas fueron reprimidos por el ejército y la policía. Pero
la COPINH
encabezada por Berta no se doblegó y con gran coraje siguió su lucha. En abril
del 2015 recibió el Premio Goldman, considerado el “Nóbel Verde”, y tuvo
reconocimiento internacional por su defensa del medio ambiente. A pesar de las
amenazas y de asesinatos contra los activistas, Berta siguió adelante. Se había
convertido en una muralla de dignidad y razones que frenaba los intereses de la
empresa energética y por extensión cuestionaba también a las mineras o a la
expansión del monocultivo de la palma africana. Pero Honduras es uno de los
países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra. Y entonces, en
algún oscuro despacho, los que se
creen dueños naturales de todo,
decidieron que la única forma de frenar a Berta era asesinarla.
Los
nombres de la trama
Las investigaciones indican que el gerente de la
empresa -Sergio Rodríguez - encargó al jefe de seguridad de la
compañía el asesinato de Berta. Douglas Bustillo habría recurrido a otro amigo
de los cuarteles, el mayor Díaz Chávez para que contratara los sicarios. Edilson
Duarte, militar retirado fue quien aceptó el encargo y se confesó ejecutor del
crimen. El diario “The Guardian”
menciona que especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras,
vinculados a fuerzas especiales entrenadas por el ejército norteamericano, colaboraron en la planificación del
asesinato. El sicario ejecutor del
crimen habría recibido 50 mil lempiras, (2.500 dólares ) por apretar el gatillo.
¿ Quién o
quiénes ordenaron y pagaron el crimen?
Pero toda la investigación sigue en el aire y sin
producir resultados concluyentes que permitan esclarecer y condenar a quienes
ordenaron el asesinato. A los verdaderos instigadores del crimen. La juez
mantiene totalmente al margen a la familia de Berta que denuncia “ocultismo”
para evitar que se abra la vía judicial hacia lo que califican de “Crimen de
Estado”. Víctor Fernández, abogado
defensor de la familia Cáceres ha
denunciado presiones y amenazas. Su despacho fue forzado por “ladrones” que
robaron su ordenador y documentos. El letrado indica que se llevaron toda la
información digital sobre el caso, que todavía se encuentra bajo secreto
sumarial. Fernández lamenta que a pesar del enorme impacto del crimen y de las
denuncias internas y desde el exterior, en Honduras continúan las agresiones,
intimidaciones y crímenes que no se esclarecen.
El asesinato impune de Berta, es parte del control
social ejercido por la alianza de
intereses políticos-financieros con el ejército y la complicidad y amparo de
transnacionales y de gobiernos como el de Estados
Unidos. Desde el golpe del 2009, el pueblo hondureño sufre el retroceso en sus
derechos y libertades, mas las penurias económicas y laborales. Con el
agravante de que el sistema se mantiene con el apoyo del ejército, el control de
los medios de comunicación, y el silencio o la complicidad de la jerarquía
eclesial. Y las amenazas o el asesinato son sus herramientas para mantener ese
férreo control social.
En el ámbito internacional, Honduras prácticamente
está desaparecida de los medios de comunicación. Lo que sucede en el país, a
veces ni siquiera se conoce en el propio territorio nacional, donde la libre
información u opinión no existen.
Pero su pueblo, volvió a ocupar las calles con su
grito: “Berta no murió, se multiplicó”. Y los pueblos son como el agua. Se
les puede retener, pero no se les puede detener. Más temprano que tarde, el
pueblo hondureño hará justicia.
Enviado por
SERPAL
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La línea editorial de SERPAL, en todo caso, queda expresada en la
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preparada exclusivamente por nuestra redacción.
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