Lo amenazaron siete veces. Le dijeron el nombre de la escuela donde estudian sus hijos y su ubicación. Describieron el camino que recorren. Le hablaron de su nieto y también lo amenazaron. 

Ninguna autoridad ha investigado si los siete mensajes salieron del mismo servidor. Mauricio Macri se burló de las amenazas a Roberto Baradel: “no necesita que nadie lo cuide”. Lo hizo en el discurso presidencial más relevante del año. La corte mediática se lanzó como perros de jauría. Preguntas infames del periodista Wiñazki en TN: lo llamó para hablar del conflicto y en cambio lo cruzó con un carnero del paro y después le preguntó si tenía título docente. Ni una referencia a la actitud intimidatoria del presidente, nada sobre las amenazas. Baradel se retiró indignado y Clarín lo festejó. Fantino lo calificó de “gordo impresentable”. Cambiemos busca un escenario cada vez más violento. 

Las amenazas tienen la marca de los servicios, hay seguimientos, hay datos relevados, datos reales de la rutina familiar. Pero quedan impunes y, como si estuviera coordinado por los que amenazan, el aparato mediático oficialista difamante, violento y despectivo completó la operación de introducir y extender el miedo. La burla a las amenazas es una amenaza a todos los que vayan al paro. Es una forma de hacer terrorismo desde el Estado. Hay amenazas que el presidente no tomará en serio. Hay amenazas que pueden provenir del mismo aparato institucional al que se le hace el paro y que involucra al presidente. Hay amenazas ostensiblemente festejadas por el presidente.

La construcción que el gobierno y los medios buscan instalar es en términos absolutos y va más allá de Baradel: Educación pública, gremios y huelgas representan formas de solidaridad, de cooperación y no de competencia entre las personas, hay allí un tejido de ciudadanía y su negación es el rechazo a cualquier acción colectiva, una antigua aspiración clasista empresaria de principios del siglo pasado.

Los gobiernos nacional y provincial y los medios oficialistas lanzaron una potente campaña que trató de sintonizar y expandir esas valoraciones que desprestigian a los maestros, demonizan a sus dirigentes y desacreditan a la huelga. Margarita Stolbizer emitió en esa frecuencia, formó parte del mismo centro emisor, buscó colgarse del efecto linchamiento, al victimizar a la víctima. No habló de las amenazas, fue directo al ataque contra Baradel: “Los kirchneristas, los Baradel, la verdad no tienen autoridad, ni política ni moral, después de haber convalidado el saqueo y el retraso de la Argentina”, declaró a radio La Red esta mujer, precandidata de un frente electoral con el grupo Libres del Sur y con Sergio Massa, quien se encontraba esta semana en Israel invitado por el gobierno ultraderechista de ese país, cuya principal exportación en la actualidad son tecnologías represivas y de seguridad.

La arquitectura del miedo tiene el mismo eje. Las amenazas a los hijos de Baradel y ayer la amenaza judicial contra Florencia, la hija de Cristina Kirchner, en las que también está involucrada Stolbizer con el juez menemista Claudio Bonadio. Se aprieta donde más duele. Si la amenaza es personal, se arriesga a la reacción valiente del amenazado, pero si está dirigida a los hijos, desmoraliza, preocupa, busca el desgaste. Los fabricantes del miedo lo saben, durante la dictadura persiguieron a las familias de los militantes para desmoralizar y destruirlos anímicamente.

Son situaciones que confluyen para crear un clima de inquietud, mezcla de bronca y temor, cuando empieza una semana con un paro docente mediatizado ahora por la conciliación obligatoria; con la movilización de la CGT del martes y con la huelga de mujeres el miércoles. Una semana donde el gobierno estará en el banco de los acusados, en el centro de las críticas y las protestas al tiempo que su imagen se desploma. Son medidas que tienen un alto costo para el gobierno, pero son medidas pacíficas, no crean inquietud ni temor por sí mismas. Las amenazas, la mira puesta en los hijos de referentes gremiales y políticos, el regocijo de los medios oficialistas por estos procedimientos, crean un clima de inquietud y temor que no debería existir pero que busca entremezclarse con estas convocatorias, ser asociado con ellas, algo que solamente sucede en las dictaduras. Se recrea un clima similar de intimidación en la sociedad. Todo se convierte en una danza de fuego entre las consecuencias sociales catastróficas de las medidas económicas del gobierno y las situaciones que el gobierno crea para sacar la atención de esa realidad. Prefiere que la gente discuta la cárcel o no de Florencia Kirchner o el título de Baradel, antes que la carestía de la vida y los negociados que le explotan en las manos a Mauricio Macri y que no cesan de aparecer desde los Panama Papers. 

El lunes cuando debería comenzar el paro de los docentes habrá un clima de mucha tensión en Comodoro Py que puede estallar si queda detenida Florencia Kirchner, acusada de integrar una asociación ilícita cuando tenía doce años. Y el martes, cuando declare Cristina Kirchner, será también el acto de la CGT. Es un clima creado por las amenazas y la persecución judicial, ámbitos intervenidos desde siempre por los servicios de inteligencia.   

Los socios radicales del PRO se hunden en esa ciénaga. Cuando la  CIDH cuestionó el encarcelamiento de Milagro Sala en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales hizo que tres pibes de la Juventud Radical filmaran un video que defendiera ese atropello a los derechos humanos. Fue penoso ver a esos pibes incómodos por defender semejante injusticia. Con el paro docente, los radicales movieron a la presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, una chica que después fue repudiada por sus otros compañeros. Los socios de Cambiemos hicieron parte de la estrategia rompehuelgas a la dirigente de una fuerza estudiantil que se dice heredera de la Reforma Universitaria. 

La glorificación del carnero, al que se designa como “voluntario docente” forma parte de este paquete que destruye años de lenta construcción de los vínculos solidarios que califican la ciudadanía de una comunidad. El carnero, el rompehuelga, personifica al desclasado, al que traiciona a su colectivo por algo que supone su propio beneficio. El gobierno de Cambiemos quiere convertir a esta figura execrable en un héroe social, un ejemplo a seguir, porque aspira instalar ese comportamiento entre los sectores que están sufriendo el ajuste de tarifas y salarios. Hay una semilla recalcitrante en el espíritu de sus votantes y busca operar sobre ella, alimentarla, hacerla crecer para hacerse fuerte desde esa visión reaccionaria de una comunidad fragmentada y subordinada al poder económico.

La representación más clara de este rumbo se visualizó cuando se conocieron las órdenes de desalojo para el Hotel Bauen y para una fábrica de acoplados para camiones que habían sido recuperados por sus trabajadores luego que sus dueños los abandonaran en la crisis de principios de milenio. Los establecimientos recuperados por los trabajadores tienen un valor simbólico opuesto a la meritocracia de Cambiemos para quien el mayor mérito es tener mucho dinero. Las fábricas recuperadas suponen capacidades, derechos y fenómenos de movilidad social que el sistema de Cambiemos no quiere reconocer ni permitir. 

La defensa del mundo de los ricos está en las antípodas de cualquier forma de interacción, asociación o colaboración en cooperativas, gremios, mutuales o jubilaciones de reparto, no puede concebir a la educación como igualadora de oportunidades o a la Justicia como un árbitro. En esa concepción, una está para fragmentar y la otra para reprimir. Cuando Cambiemos habla de educación pública está pensando en una educación fragmentada donde se educará mejor el que pueda pagar más. La educación gratuita quedará abajo de ese sistema, en un primer escalón desprovisto de recursos y en niveles degradados de enseñanza. Y las provincias pobres tendrán una educación de menor calidad que las ricas.   
     
La paritaria nacional, que el gobierno quiere suprimir, busca poner algún límite a esa educación discriminadora que estableció el menemismo para acordar, aunque más no fuera, un piso para todas por igual. Pero Cambiemos busca “desigualar”. Está explícito en ese discurso que apunta a que a los trabajadores y las capas medias se les hizo creer que tenían derechos y capacidades que en realidad no tienen. Por eso, cuando hablan de ajuste y de empobrecer, usan la palabra “sinceramiento”. 

Esa semilla está allí desde siempre, fructificó en los que apoyaron la dictadura, aunque algunos después se arrepintieran, en los que hablaban de los dos demonios y rechazaban a los juicios, se disimulaba en los caceroleros y en el odio a beneficiarios de la AUH, a los jubilados de la moratoria y a los desocupados y volvió a florecer ayer en los vecinos que escribieron graffitis y se alegraron por la muerte de siete detenidos en la comisaría de Pergamino.