El estado de los juicios por crímenes de lesa humanidad
(Imagen: Pablo Piovano)
Dentro
de la dimensión judicial hay que decir que los juicios siguen en
marcha. Y continúa un proceso que expandió las fronteras temporales de
la dictadura con condenas por crímenes previos a 1976, como en Mar del
Plata. Concluyó el juicio del Plan Cóndor, que dictamino por primera vez
a nivel jurídico la existencia de una asociación criminal entre los
países de la región y concluyó el juicio de La Perla con 28 condenas a
perpetua y una movilización histórica en las calles. También se condenó a
Marcos Levin, primer empresario juzgado por su responsabilidad con la
dictadura. Pero pese a los avances, los últimos años muestran también
retrocesos pronunciados y preocupantes. La Cámara de Casación Penal
anuló las condenas del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en
Catamarca con un fallo que justificó los crímenes con el regreso de la
teoría de los excesos. Otra resolución suspendió un juicio oral ya en
marcha Santiago del Estero en el que se juzgaban por primera vez a
integrantes del poder judicial provincial.
“Aparecen votos de jueces que absuelven e imponen miradas casi
justificatorias del terrorismo de Estado o hasta criterios que en rigor
responsabilizan a las víctimas en los crímenes que sufrieron. Se dio,
por ejemplo, en el caso de la apropiación de Manuel Gonçalves, donde se
responsabiliza a su madre”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza
de Mayo.
La dimensión de la responsabilidad económica es la más atrasada. El
juez Julián Ercolini ordeno el sobreseimiento de los imputados de Papel
Prensa. En diciembre, además, se suspendió nuevamente el inicio del
juicio por los trabajadores de la Ford, una investigación que se inició
en 2003. La postergación llegó incluso luego de que un acuerdo de la
Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal Oral Federal
1 de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Los
jueces se pusieron en pie de guerra. Y ante la nueva presidencia dijeron
que preferían seguir también con otros juicios. Esta semana, Casación
les reclamó que pongan fecha de inicio del juicio. La jurisdicción es en
este momento una de los más conflictivas: tiene 21 causas que esperan
el juicio.
Los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre y marzo, muestran una desaceleración de los juicios. Hubo menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, una tendencia notada en diciembre de 2016 que se profundiza a marzo de este año. La falta de jueces para abastecer tribunales en procesos que siguen activos porque cada juicio produce nuevas pruebas y nuevos imputados, ha generado además un cuello de botella con investigaciones más lentas. Actualmente son mas los imputados libres (1149) que los detenidos (1044). Entre los detenidos, el 48 por ciento (518) está en arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
Los juicios registraron una baja en los ritmos. En algunos casos por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como ESMA Unificada, una megacausa que lleva cuatro años de debate en el que aún no se avisora fecha de sentencia. “Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe. “Cabe señalar -agregó– que el desaceleramiento del proceso de justicia resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada. Además del desaceleramiento del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales”.
El cuestionamiento alcanza también a los integrantes de una Corte que lideró un proceso de justicia modelo en el mundo y en 2008 creó la Comisión Interpoderes para monitorear y acelerar las causas. Pese a que existió una reunión en septiembre, la Comisión Intepoderes está praæticamente desactivada. Los jueces no generaron aún un programa para planificar el modo de continuar con los juicios, uno de los reclamos de los organismos. Ni aceleraron el ritmo de revisiones de sentencias. Recién esta semana, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, la Corte pidió a Casación un informe sobre el estado de los expedientes de lesa humanidad. Y confirmó dos sentencias. En ese contexto, también preocupa que hasta aquí, la más importante decisión de la nueva composición de la Corte respecto de las causas vinculadas a represores es un fallo que estrictamente no está vinculado con este universo de expedientes pero generó alarma entre abogados y especialistas en derechos humanos. Fue la resolución dictada en el caso Fontevecchia, en el que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aseguraron que los tribunales locales no están obligados a cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo Juan Carlos Maqueda respetó la jurisprudencia de esa misma Corte (con su anterior composición), que señalaba la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos. El fallo fue leído en clave de Milagro Sala, ya que su detención está siendo impugnada por organismos internacionales, pero le sirvió de argumento al defensor de Santiago Omar Riveros, en el último juicio de San Martín, para pedir la anulación de todo el proceso, algo que no fue concedido por el tribunal.
“Es responsabilidad de la Corte evitar un escenario como el de 2007 y 2008, cuando el entonces juez de Casación Alfredo Bisordi frenaba todos los juicios. Una buena noticia fue que en el oficio que mandaron a Casación esta semana pidiendo informes firmaron los cinco jueces. Pero la Corte tiene que fijar los criterios y delimitar el alcance preciso de la actuación de Casación, revocando aquellos fallos donde se tomaron decisiones que estaban vedadas para ese tribunal, porque no eran materia de recursos. O revocando los fallos que fijen criterios que apunten a responsabilizar a las víctimas en vez de los victimarios, como es el caso de la masacre de Capilla del Rosario”, dice Iud.
Los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre y marzo, muestran una desaceleración de los juicios. Hubo menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, una tendencia notada en diciembre de 2016 que se profundiza a marzo de este año. La falta de jueces para abastecer tribunales en procesos que siguen activos porque cada juicio produce nuevas pruebas y nuevos imputados, ha generado además un cuello de botella con investigaciones más lentas. Actualmente son mas los imputados libres (1149) que los detenidos (1044). Entre los detenidos, el 48 por ciento (518) está en arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
Los juicios registraron una baja en los ritmos. En algunos casos por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como ESMA Unificada, una megacausa que lleva cuatro años de debate en el que aún no se avisora fecha de sentencia. “Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe. “Cabe señalar -agregó– que el desaceleramiento del proceso de justicia resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada. Además del desaceleramiento del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales”.
El cuestionamiento alcanza también a los integrantes de una Corte que lideró un proceso de justicia modelo en el mundo y en 2008 creó la Comisión Interpoderes para monitorear y acelerar las causas. Pese a que existió una reunión en septiembre, la Comisión Intepoderes está praæticamente desactivada. Los jueces no generaron aún un programa para planificar el modo de continuar con los juicios, uno de los reclamos de los organismos. Ni aceleraron el ritmo de revisiones de sentencias. Recién esta semana, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, la Corte pidió a Casación un informe sobre el estado de los expedientes de lesa humanidad. Y confirmó dos sentencias. En ese contexto, también preocupa que hasta aquí, la más importante decisión de la nueva composición de la Corte respecto de las causas vinculadas a represores es un fallo que estrictamente no está vinculado con este universo de expedientes pero generó alarma entre abogados y especialistas en derechos humanos. Fue la resolución dictada en el caso Fontevecchia, en el que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aseguraron que los tribunales locales no están obligados a cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo Juan Carlos Maqueda respetó la jurisprudencia de esa misma Corte (con su anterior composición), que señalaba la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos. El fallo fue leído en clave de Milagro Sala, ya que su detención está siendo impugnada por organismos internacionales, pero le sirvió de argumento al defensor de Santiago Omar Riveros, en el último juicio de San Martín, para pedir la anulación de todo el proceso, algo que no fue concedido por el tribunal.
“Es responsabilidad de la Corte evitar un escenario como el de 2007 y 2008, cuando el entonces juez de Casación Alfredo Bisordi frenaba todos los juicios. Una buena noticia fue que en el oficio que mandaron a Casación esta semana pidiendo informes firmaron los cinco jueces. Pero la Corte tiene que fijar los criterios y delimitar el alcance preciso de la actuación de Casación, revocando aquellos fallos donde se tomaron decisiones que estaban vedadas para ese tribunal, porque no eran materia de recursos. O revocando los fallos que fijen criterios que apunten a responsabilizar a las víctimas en vez de los victimarios, como es el caso de la masacre de Capilla del Rosario”, dice Iud.
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