Viernes, 14 de marzo.- Si una de los datos centrales del ciclo que concluyó en diciembre de 2015 fue el de un alineamiento de los tres poderes del Estado en el impulso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que siguió es un franco retroceso. Las políticas públicas en esa línea salieron de la agenda, o en el mejor de los casos permanecen en estado marginal.
Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: coordinación de huellas, el Grupo Especial de asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como “vuelos de la muerte”.
Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y aún no saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de investigación tuvo correlatos.
El expediente por la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco estuvo en un cajón detenido entre febrero y octubre. El Ejecutivo no entregó partidas para la preservación del edificio ordenada por la justicia, dado que es prueba judicial. En el espacio de los juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas en distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos: impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y, entre otros, Bartolomé Mitre.
Las primeras líneas del gobierno alentaron los arrestos domiciliario de represores que estaban detenidos en cárceles comunes. Se derogó el decreto que prohibió la atención de represores en los hospitales militares y volvió a habilitar la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un predio del Ejército, considerado parte del sistema de cárceles especiales que años atrás provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de testigos quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden impunidad para los represores.
También es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos el gobierno obtuvo el acceso a parte de los archivos de inteligencia de Estados Unidos cuyo análisis aún no arroja resultados significativos y archivos de Francia. Que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada durante el gobierno de Carlos Menem a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con su trabajo.
Pero uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del discurso. Con un presidente que habla de “guerra sucia” y al que nunca se le escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso a conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar que la última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños.
Como puntas de lanza, junto con algunos comunicadores, de la tarea de desprestigiar a Madres, Abuelas y Familiares y otros referentes de organismos de derechos humanos, que son las voces que representan al país ante el mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá de cualquier gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del desfile del 9 de Julio con los militares carapitandas. Escenas que suelen concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de otro funcionario) y corrige lo incorregible.
“El negacionismo es la batalla cultural más importante de los próximos tiempos. Existe un mecanismo de des-historizar al servicio del presente: aquello aparece como una exacerbación de la grieta, un problema de intolerancia entre argentinos, cuando en realidad la dictadura no fue producto de la intolerancia sino una respuesta impiadosa del imperialismo para detener la avanzada de una lucha por otro país y otra región”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de Familiares de Zona Norte.
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