El Centro Cifra de la CTA destaca que en los ocho años de mandato de Cristina Kirchner se verificaron siete de aumentos en el número de puestos de trabajo y seis en el salario real de los trabajadores. Ello no impidió que la rama más poderosa de la Confederación General del Trabajo (CGT) organizara cinco paros generales, bajo el argumento de reclamar la eliminación del progresivo Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, que tributaba el 8 por ciento de los empleados mejores pagos.

En cambio, durante los 15 meses del actual gobierno, se perdieron en el sector privado 127.905 puestos de trabajo registrados entre el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 2016, de acuerdo con la información de SIPA publicada por el Indec, mientras que el CEPA estima que sumando a los trabajadores públicos y no registrados se contabilizaron más de 207 mil despidos y 41.000 suspensiones. 

De acuerdo a Cifra, quienes conservaron su trabajo registrado vieron reducir el poder adquisitivo en un promedio del 6,5 por ciento en 2016, agregando que trabajadores públicos y no registrados “seguramente tuvieron una reducción mayor”. Adicionalmente, estos trabajadores soportan una nueva ley de ART que les resta protección frente a accidentes, mientras que tampoco se redujo el número de quienes tributan Impuesto a las Ganancias. Este cuadro, que claramente contrasta con el del anterior gobierno, no impidió que durante la última movilización, la CGT mantuviera su negativa de convocar un paro contra el actual gobierno.

Pero pocos se sorprendieron de que la CGT horadara a un gobierno con políticas favorables al empleo y el salario y respaldara a otro que perjudicaba a sus bases, pues si bien la historia de esta institución posee etapas gloriosas, también guarda otras que la exhibieron en el mismo recorrido que el de los últimos años, aunque posiblemente la más crucial ocurrió más de cuatro décadas atrás, en 1974.

El 21 de mayo de aquel año, quien revestía como ministro de Economía del último gobierno de Juan Perón, líder de la Confederación General Económica (CGE) José Ber Gelbard, concurrió a la misma CGT para ofrecer una conferencia en su Escuela de Capacitación de Dirigentes Sindicales. Envalentonado por la mejora de la situación socioeconómica durante el año de su gestión, que exhibía una profunda redistribución del ingreso llevando la participación de los trabajadores del 33,0 al 42,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y una reducción de la desocupación del 6,1 al 4,2 por ciento, Gelbard comenzó agradeciendo el rol clave que la CGT había cumplido en estos logros. Señaló que “resultaría difícil poder encontrar un mejor aliado que la CGT en este proceso. 

Únicamente el respaldo popular será el apoyo para consolidar y profundizar la política económica y social que conducirá a nuestro país hacia su más completa realización y liberación”. Luego afirmó que “ustedes y nosotros peleamos toda la vida por un proceso de liberación nacional. Tuvimos estas ideas mucho antes de que fueran oficiales, y en no pocas oportunidades fuimos marginados de la sociedad por sostenerlas”, pidiendo inmediatamente que “coordinen la movilización que ya dispusieran las amas de casa, los jubilados, y los jóvenes con la Secretaría de Comercio, para que sea el pueblo organizado, junto al gobierno, el que ponga fin de inmediato a las andanzas de quienes parecen no tener suficiente madurez para cumplir con los acuerdos (de precios) que se suscribieron”.

Solo cuatro meses habrían de pasar para que su discurso sea pasado. Con la muerte de Perón, el primero de julio, Gelbard perdió el respaldo político a su proyecto, y viejos aliados se transformarían en adversarios. Según señala el investigador Juan Carlos Torre en El movimiento obrero y el último gobierno peronista (1973-1976), durante septiembre se suscitó una controversia por el proyecto de ley agraria “que reflejó, ya sin lugar a dudas, el aislamiento político de Gelbard”. Todo comenzó cuando La Nación “un diario conocido por sus simpatías con los grandes propietarios rurales, divulgó extraoficialmente los borradores del proyecto que venía discutiendo el gabinete económico”, con lo que la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó que la potencial ley, redactada por el secretario de Agricultura y Ganadería, Horacio Giberti, introducía “factores de perturbación para la familia argentina” ya que era “un ataque directo a la propiedad, e introduce ideas ajenas al sentir nacional y violatorias de la Constitución”, agregando que poseía “un fuerte contenido colectivista, que crea bases jurídicas para la reforma agraria”.

Giberti intentó aclarar que no se trataba de un proyecto definitivo pero “los clamores frente a una inminente expropiación continuaron llenando las primeras páginas de los diarios”. En dicho contexto, Torre reseña que aún cuando la demanda de una reforma agraria “había figurado de forma permanente en las múltiple declaraciones de la CGT y la CGE (...) fue general la sorpresa entre quienes seguían las alternativas de la polémica. Enseguida, el mensaje de los sindicalistas quedó claro para todos: el movimiento sindical retiraba su solidaridad al ministro de Economía y lo dejaba a merced del poderoso grupo de presión agrario”.

Según el investigador, “en su intento por debilitar al ministro de Economía nombrado por el desaparecido líder populista, los dirigentes obreros no vacilaron, pues, en desertar de una de las confrontaciones centrales en las que estaba en juego el programa reformista aprobado apenas un año y medio antes”.

En su trabajo Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista, Liliana de Riz ayuda a descifrar este viraje. Afirma que la cúpula sindical ya se encontraba “aliada a los sucesores de Perón”, es decir al ala de derecha del justicialismo liderada por José López Rega. Señala que sin la presencia del ex presidente, “la credibilidad del esquema económico se esfumaba. Había fracasado el Pacto Social y con el temblaban los cimientos de todo el edificio construido por Gelbard. Es en ese contexto que la ofensiva sindical, aliada a los sucesores de Perón, terminará por derrocarlo. Para ello, la cúpula sindical no vacilará en abandonar la batalla contra los terratenientes. La CGT cambió radicalmente su posición y no avaló el anteproyecto de ley agraria. Esta vez era un proyecto reformista que se desmoronaba bajo la presión de la burguesía agraria y con el consentimiento de la CGT”.