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Por la defensa de los derechos
humanos y la
democracia en América Latina
Consejo Directivo ALAI
El viernes 8 de diciembre la periodista y
Directora Ejecutiva de
la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI, Sally Burch,
fue deportada por
el gobierno de Mauricio Macri cuando llegaba a Argentina para
realizar actividades
informativas en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la
Organización
Mundial del Comercio OMC, que tendrá lugar en Buenos Aires del
10 al 14 de
diciembre. Horas antes fue deportado también el ciudadano
noruego Petter
Tiltand que participaría de las mismas actividades. Sally, junto con otros 60
investigadores,
activistas y periodistas, fue impedida de participar de la
reunión oficial de
la OMC, a pesar de que su participación había sido anteriormente
acreditada por
este organismo.
Toda indica que a nuestra colega Sally Burch se
le negó la entrada
al país por las opiniones y criterios que ha expresado en su
trabajo
periodístico. Desde hace
casi tres
décadas, se ha especializado en temas de Internet y derechos
ciudadanos, por lo
cual incluso fue designada co-coordinadora del Grupo de Trabajo
de Contenidos y
Temas de Sociedad Civil en la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información
de la ONU (Ginebra 2003).
Hace dos meses, participó en la coordinación de
un encuentro
regional en Quito, en el marco del Foro Social de Internet,
donde se analizó el
impacto de la concentración monopólica en este ámbito y se
emitió, en
particular, críticas a la propuesta de abrir negociaciones en la
OMC sobre el
comercio electrónico, propuesta que cuenta con el respaldo del
gobierno
argentino. Resulta muy
grave que un
gobierno niegue el ingreso a su país sobre la base de opiniones. Y más grave aún que la OMC
acepte que un
gobierno anfitrión imponga su criterio particular de esta
manera.
Estos actos de extrema hostilidad del gobierno
argentino no son
hechos aislados sino parte de una creciente campaña de violencia
y represión a
representantes de la sociedad civil, academia y movimientos
populares en ejercicio
de su legítimo derecho a manifestarse públicamente en América
Latina.
Hace algunos meses el Rector de la Universidad
Federal de Santa
Catarina fue acosado y perseguido hasta el suicidio por el Poder
Judicial y
Ministerio Público de Brasil. Más recientemente, la Universidad
Federal de
Minas Gerais tuvo su campus invadido por la Policía Federal para
conducir
coercitivamente al Rector y dirigentes administrativos de esa
universidad. Prisiones
preventivas sin ninguna base legal,
operaciones policiales bajo regímenes de excepción, violación de
la autonomía
universitaria, producen y reproducen un creciente clima de
persecución y terror
en la academia y los espacios de representación de la sociedad
brasileña.
La represión a los profesores, maestros y
ciudadanos argentinos en
los actos de protesta frente a las políticas económicas del
gobierno Macri y a
la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la prisión
arbitraria de
Milagro Sala, son apenas algunos ejemplos de que no estamos
frente a exabruptos
o políticas locales sino en una coyuntura regional mucho más
compleja donde se instala
la impunidad y la violación de derechos humanos como política
generalizada en
un contexto evidente de irrespeto a acuerdos y legislación
internacionales.
El uso de los sistemas judiciales y legislativos
como instrumentos
directos de persecución política y criminalización son prácticas
cada vez más
generalizadas e impuestas
por los gobiernos de derecha en la región. La
imposición legislativa
de un estado de excepción en México y el inminente golpe de
estado en Honduras
son parte de una cadena creciente de autoritarismo e impunidad
en toda América
Latina.
En este contexto, el ejercicio periodismo libre,
la
democratización de la comunicación, tanto en la producción de la
información
como en su distribución, la producción de conocimiento que
desmitifica el
discurso neoliberal, son amenazas extremadamente peligrosas para
los proyectos
neoliberales, en la medida en que visibilizan lo que los
monopolios mediáticos esconden
y tergiversan.
Sally Burch, actualmente Directora Ejecutiva de
la Agencia Latino
Americana de Información-ALAI, forma parte de este proyecto
desde su nacimiento
hace 40 años en Montreal (Canadá), cuando un grupo de
periodistas
latinoamericanos asume el desafío de informar frente al vacío y
desinformación
sobre América Latina. A
lo largo de
estas cuatro décadas, ALAI profundizó su compromiso y trabajó
intensamente por democratizar
la comunicación como uno de los pilares para la construcción de
una democracia
con real participación de los actores sociales y movimientos
populares que estuvieron
históricamente excluidos de este proceso.
La deportación de Sally representa un acto
extremo de hostilidad
personal pero también, y fundamentalmente, un atentado al
periodismo comprometido
con la democracia y los derechos humanos.
El Comité Directivo de ALAI manifiesta su repudio
a esta actitud
del gobierno de Mauricio Macri y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y
académicos expresa su firme
compromiso de seguir trabajando por la democracia
y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en
América Latina.
Comité Directivo de ALAI
9 de Diciembre de 2017
Monica
Bruckmann
Presidenta
Ana Esther
Ceceña
Vicepresidenta
Irene León
Oscar
Ugarteche
Vocales
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