Lunes, 16 de enero.- Horacio Verbistky probó que los jueces y fiscales que mantienen en prisión a Milagro Sala, los abogados del gobernador Morales y el Gobierno jujeño, intercambian mails y trabajan "en conjunto".
"El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo.
La CIDH solicitó al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda “concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea”.
¿Quién es cada uno de ellos?
Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva.
Leandro Despouy es el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional.
La doctora Falcone preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015. En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal, Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.
Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hot mail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar “la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Es decir que la coordinación viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los comisionados que “justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, le aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación. (...)".
En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos sumó (en diciembre aunque se conoce ahora) otra denuncia penal contra Milagro Sala. En este caso, por "defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”. La justicia jujeña analiza incorporarla en la causa que busca individualizar en qué se gastaron los fondos presuntamente robados al Estado; investigación que provocó el secuestro de autos y el pedido de embargo de 4 propiedades.
Según el diario Clarín, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de Acusación de la Provincia de Jujuy. En abril de 2016 se verificó a unas 25 cooperativas y personas relacionadas con las causas judiciales que ya están en curso en Jujuy.
En el documento, la AFIP comprobó que "había cooperativas que cumplieron solamente el rol de 'emisores de la factura' para recibir los cheques de los Municipios, y carecían de todo tipo de registración contable e impositiva, como así también de la documentación respaldatoria de los eventuales egresos". Con la información presentada, el organismo certifica que quienes tuvieron el manejo de los fondos realizaron obligadamente compras y gastos dentro de un circuito informal. Además, las cooperativas habrían evadido impuestos nacionales y provinciales.
"El sistema en todos los casos era similar. El hallazgo es que las cooperativas eran una ficción creada para poder solicitar los pagos a los Municipios que entregaban cheques para obras. Los supuestos cooperativistas los recibían pero no los cobraban, sino que los endosaban a favor de la Tupac. El dinero se retiraba e iba a la casa de Milagro. Ella se encargaba de repartir discrecionalmente y pagar sueldos a los cooperativistas”, detalló el fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón, quien fue el encargado de denunciar el faltante de 1800 casas que figuran como terminadas pero no fueron construidas.
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