Se suele decir, casi mecánicamente, que la vida humana no tiene precio. Cada día, la realidad nos golpea el rostro y el alma, demostrándonos lo contrario. En la Argentina, la vida humana y la integridad sexual de las violadas, tiene precio. Puede ser más barata o más cara, pero lo tiene. Puede ser en dinero, en complicidad, en mirar para otro lado, pero lo tiene. Así, el femicidio de cada día nos va orientando acerca del valor de la vida de las víctimas. En el “una más” que motiva estas líneas, se negoció hace un tiempo la integridad sexual y el sufrimiento de dos jóvenes violadas, en una suma módica, 9 años. Ese fue el precio. El Fiscal que se encargó del tema –Diego Young–, dijo hace pocos días en un reportaje radial, que en esos dos casos, se “negoció” (SIC) la pena en 9 años de prisión, aclarando que, si bien había una tercera violación que se le imputaba a Wagner, como el acusado señaló a su hermano como autor, no se incluyó el caso en la negociación ni se imputó al gemelo, porque era muy costoso un ADN específico. La violación de esa tercera joven, resultó entonces, gratis y quedó impune, y como esos 9 años negociados, luego fueron 7 para el juez Rossi, se abarató de ese modo, en dos años, la vida de Micaela. Como después de cada femicidio, decenas de miles de mujeres –y algunos hombres–, marcharon, gritaron, lloraron de impotencia, y una vez más, nada cambió. Sin embargo, rápidamente reaparecieron los reclamos de mano dura, pena de muerte y búsqueda de responsables de la pérdida de otra vida que se nos escurrió entre los dedos. Esos reclamos –de mano dura–, amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, focalizan el drama en una supuesta legislación deficitaria, o en una posición “garantista” que demonizan sin fundamento alguno. Lejos están de admitir que aquella indeclinable lucha feminista, apunta al corazón mismo del sistema que sostuvo durante siglos la ideología patriarcal y misógina que sigue matando. La vida y la integridad sexual de cada víctima se devalúa a cada instante cuando el propio Estado avala esa ideología. Cuando en su campaña, el ahora presidente de los argentinos, exhibía spots publicitarios con su imagen en los que por ejemplo aseguraba que no le cree a ninguna mujer que simule ofenderse por un piropo, aclarando, aunque le digan “…qué lindo culo tenés” y agregando a continuación, “está todo bien…”, la verdad, es que está todo muy mal. Cuando el mismo candidato, en otra filmación, se muestra con una nena de alrededor de 10 años, a la que sienta en su falda y le ofrece comprar las rosas que vende, para poder tener una bicicleta, está convalidando el trabajo infantil. Por eso, el spot fue denunciado por la Defensoría de niñas, niños y adolescentes de Córdoba, por naturalizar aquello que nuestro país sanciona gravemente. Discutir acerca de las características de los violadores y asesinos de género, es sin duda una necesidad, ya que en un contexto de semejante violencia como el que vivimos, su análisis es imprescindible. Pero, con la misma intensidad, es necesario asumir que hay una relación directa entre la imposición de una doctrina económica tan brutal como la que padecemos, y toda clase de violencia. Convalidar el trabajo infantil, “negociar” penas por delitos aberrantes como el fiscal citado, liberar condenados por delitos brutales como el juez Rossi, no sólo habilitan crímenes como el de Micaela, y miles de víctimas, sino que generan un clima social donde además de los violadores, se excitan los xenófobos, los racistas y los mercaderes de la persecución y agresión social. En ese clima, profundizar un plan económico genocida, es tan fácil como comprarle una rosa a una niña pobre.

Q Ex juez federal.