En
el Día Internacional del Derecho a Saber –también conocido como Día
Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública– la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra los avances logrados
en el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información
pública en la región y llama a los Estados miembros de la OEA a
continuar adoptando las medidas necesarias para la efectiva realización
de este derecho humano fundamental.
Existe un consenso creciente en los Estados miembros de la OEA en cuanto
a la importancia central que tiene el derecho de acceso a la
información pública como uno de los pilares de la consolidación de
sistemas democráticos asentados y robustos, y como instrumento
fundamental para la vigencia de otros derechos humanos.
Desde hace más de una década, 22 países del hemisferio han adoptado
leyes de acceso a la información pública y han establecido
procedimientos y mecanismos institucionales para protegerlo y
garantizarlo, en buena medida gracias al desarrollo y promoción de
estándares interamericanos sobre los principios que deben regir toda ley
de acceso a la información y las obligaciones que se generan en el
Estado para su buena implementación.
A pesar de estos importantes logros, sigue siendo fundamental persistir
en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder
suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de
las respectivas leyes de acceso a la información. En la región no todos
los órganos creados hasta la fecha cumplen con los estándares
interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para
resolver controversias. La existencia de mecanismos institucionales es
clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso
a la información como para satisfacer el derecho que tienen las
personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y
efectivo, ante la negativa a entregar información.
La Relatoría Especial reitera la importancia de que entidades
responsables de defender el derecho a la información cuenten con un
presupuesto y recursos humanos que les permitan cumplir con la
importante misión asignada. En este sentido, sería deseable que los
Estados adopten las recomendaciones efectuadas por esta oficina en el
informe
“El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento”.
Los Estados también deben fortalecer sus acciones de implementar una
cultura de la transparencia, en donde el derecho a la información sea la
regla y el secreto una verdadera excepción. Con ese fin, la Relatoría
recomienda redoblar los esfuerzos emprendidos para adoptar una política
sistemática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos
destinados a satisfacer, en cada una de sus facetas, el derecho de
acceso a la información pública. Asimismo, se insta a adoptar más y
mejores políticas para difundir y dar a conocer el derecho de acceso a
la información entre las personas, en particular entre periodistas,
defensores de derechos humanos e individuos pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad y discriminación, como herramienta para la
democratización de los derechos.
Finalmente, la Relatoría exhorta a los Estados que todavía no cuentan
con una ley de acceso a la información a allanar los caminos para su
pronta aprobación, de conformidad con los más altos estándares
interamericanos y buenas prácticas regionales. A su vez, aprovecha este
día para instar a los Estados a que las normas que limitan el acceso a
la información por razones de seguridad nacional y terrorismo cumplan
estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad,
además de tener que ser utilizada para un fin imperioso, de forma tal
que se respete de la forma más amplia posible el derecho al acceso a la
información pública.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el
fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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