Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “
Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”.
El informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que
enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la
información controlada por el Estado en materia de violencia y
discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares
internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano
sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región
respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.
El derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente
vinculado con la realización de otros derechos humanos, y en ese
sentido, puede entenderse que la inobservancia de las obligaciones de
respeto y garantía del derecho acceso a la información para las mujeres
puede ocasionar diversas vulneraciones a sus derechos a vivir libres de
violencia y discriminación.
La CIDH ha observado que aún en aquellos Estados que cuentan con
mecanismos institucionalizados para la recopilación, procesamiento y
producción de información sobre violencia contra las mujeres, muchas
veces la difusión de dicha información resulta insuficiente. Del mismo
modo, la CIDH ha notado que en la región existe una falta de
coordinación generalizada entre los diversos sistemas de recopilación y
producción de información que coexisten en los Estados, por ejemplo, los
registros de las oficinas de asistencia jurídica gratuita, los datos
recopilados por los observatorios de violencia o discriminación y los
mecanismos de estadísticas judiciales.
En relación con los principales desafíos en materia del acceso a la
información pública sobre discriminación y violencia, la CIDH ha
constatado en diversas oportunidades la existencia de deficiencias en la
disponibilidad, calidad e integridad de la información pública sobre
violencia y discriminación contra las mujeres, tales como la falta de
recopilación de información completa sobre todas las formas de violencia
y discriminación en los diversos órganos del Estado, la falta de
producción de estadísticas integrales a partir de esa información y la
desagregación de la información estadística según factores como el sexo,
raza, etnia, edad, condición social, orientación sexual, identidad de
género y discapacidad, y otros criterios que permitan apreciar la
incidencia real de la violencia y la discriminación en grupos
específicos de mujeres. La importancia de la recopilación de datos y la
producción de estadísticas ha sido destacada en el Sistema
Interamericano y en el Sistema de Naciones Unidas como el mecanismo
fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas y
programas de prevención, atención y protección frente a la violencia y
la discriminación.
Otro desafío prioritario en esta materia guarda relación con la
implementación efectiva de los estándares internacionales sobre acceso a
la información en el ámbito nacional. Al respecto, la CIDH ha
constatado que si bien la gran mayoría de los países de la región
cuentan con normativa constitucional y/o legal en tal sentido, no se
cuenta con información concreta acerca de la implementación material de
dicha normativa y su efectividad, de manera que es desafiante evaluar el
nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.
Por otra parte, el acceso a la información en el ámbito de la
administración de justicia es un área de especial interés para la CIDH,
en la cual se presenta una serie de desafíos relacionados la garantía
del acceso a la información en su dimensión de derecho facilitador del
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y
discriminación. En este contexto, la CIDH destaca como desafíos
prioritarios el asegurar a las mujeres y sus familiares el acceso a la
información sobre sus casos pendientes de violencia o discriminación, la
disponibilidad de servicios adecuados y suficientes de asistencia
jurídica gratuita y el acceso a intérpretes e información en lenguas
diversas para las mujeres que no hablan en idioma oficial del Estado,
entre otros.
La CIDH subraya la importancia de contar con información pública
respecto del funcionamiento de la administración de justicia, incluyendo
datos acerca del número de arrestos, procesamientos, condenas, órdenes
de protección y sentencias dictadas; el tiempo de resolución de los
casos; la composición de género de los sistemas de justicia; los
presupuestos asignados a la actividad judicial; y los mecanismos
internos de rendición de cuentas.
La Comisión insta a los Estados Miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA) a adoptar medidas encaminadas a garantizar la
disponibilidad de servicios de asistencia jurídica gratuita de calidad,
la capacitación de los operadores de justicia y demás funcionarios
públicos que actúen en materia de violencia, y la implementación de
protocolos de actuación frente a casos de violencia inminente.
Igualmente, reitera su disposición para colaborar con los Estados en sus
esfuerzos en la esfera de protección fundamental para el ejercicio de
los derechos de las mujeres.
Este informe fue elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de las
Mujeres con la asistencia técnica de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH. La Comisión agradece el apoyo de la
Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia
(ASDI-SIDA) para la ejecución de esta iniciativa.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan a sus países de origen o residencia.
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