DIARIO LA
VOZ, 31/12/2015
COLUMNA DE
OPINION
La reforma previsional es inconstitucional
Por
César Arese / Doctor
en Derecho y Ciencias Sociales (UNC)
La Ley 8024 de
jubilaciones y pensiones de la provincia de Córdoba, garantizaba un haber
previsional “igual al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las últimas
cuarenta y ocho (48) remuneraciones mensuales sujetas a aportes que se hubieren
efectuado a la Caja”. La reforma previsional aprobada el 23 de diciembre
la modificó, para quitarle un 11 por ciento de aportes personales, con lo que se
pasó de la disposición del haber imponible y pleno, al concepto de haber neto o
de bolsillo. De tal forma, gran cantidad de beneficios concedidos y a conceder
serán inferiores a los actuales en ese último porcentaje.
La nueva ley previsional, se apoya en
el fallo “Bossio” del Tribunal Superior de Justicia de 2009 en que afirmó la
existencia de un “núcleo duro” sobre el cual no puede haber restricción alguna.
Es el porcentaje del ochenta y dos por ciento (82 %) móvil del sueldo líquido
del trabajador activo. Esta interpretación era contraria a la letra expresa de
la ley previsional vigente en ese momento y de las normas fundamentales del
Estado que no admiten ablación de derechos previsionales, alimentarios y
patrimoniales de trabajadores pasivos ya adquiridos y consolidados. En muchos
casos, esos derechos tienen que ver con decisiones sobre proyectos de vida
laborales completos de largos años. Este es en realidad el llamado “nucleo duro”
constitucional del problema. No es una cuestión de la ciencia física de la que
se tomó la expresión, sino de las personas.
Podría haberse justificado una
disminución de derechos sobre la base de una situación de grave emergencia,
fundada y de carácter temporal. Sin embargo, no hubo en el mensaje de esta
reforma, ni en el debate parlamentario, ninguna mención a esa alternativa
recurrente de los gobiernos para desconocer o diferir el cumplimiento con
derechos esenciales. Hay además, un contrasentido. El proyecto recordaba
el
triunfo judicial de Córdoba ante la Corte Suprema restituyendo el aporte del 15
% de la coparticipación federal con destino al sistema previsional nacional,
pero, sin sustento o datos concretos, afirma que esa masa de fondos es inocua
para afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba.
Posiblemente, se piensa en otros destinos. Tampoco fue
explicado.
Desde lo normativo,
la modificación agrede los derechos fundamentales de los trabajadores pasivos
establecidos en la Constitución Provincial al garantizar haberes previsionales
equitativos, irrenunciables e irreductibles según sus artículos artículos 55 y
57. Esta regresión en materia de derechos sociales es contraria al principio de
progresividad que la Corte Suprema ha recordado en numerosos fallos de la última
década y tiene vigencia interna a través del plexo de tratados internacionales
sobre derechos humanos, según el sistema de fuentes constitucionales del art. 75
incisos 19, 22 y 23 de la ley fundamental del país. Hace poco, aquel alto cuerpo aplicó este principio
en “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ PEN” para
declarar inconstitucional disposiciones de una ley de la seguridad social
sancionada durante el gobierno nacional anterior.
Finalmente, la
institucionalidad democrática obliga a los candidatos a enunciar a los
ciudadanos electores los programas que votarán, a menos que se piense que los
mandatos se otorgan a personas por sí y para sí y a determinados círculos
iluminados. El partido de gobierno anunció profusamente en campaña su propósito
de concluir la emergencia previsional del diferimiento de aumentos de los
jubilados, lo que fue apoyado por organizaciones sindicales del sector publico y
sus trabajadores pasivos. Sin embargo, nada se dijo de alguna reforma
previsional peyorativa para estos trabajadores, el proyecto fue llevado al
plenario legislativo sin debate ciudadano ni de comisiones, en la víspera de un
feriado y recibió una aprobación relámpago aceitada con negociaciones que no si
dieron a conocer ni trascendieron públicamente. Nada más alejado de un debate
republicano y de la ética política que tanto se reclamaba en los últimos años.
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