Twitter

jueves, 2 de marzo de 2017

Tinkunaco 0694/17 - JAMES PETRAS. “Diplomacia, lucha de clases y democracia en la era Trump”


JAMES PETRAS. “Diplomacia, lucha de clases y democracia en la era Trump”

Introducción

Al terminar el primer mes de la Administración Trump, nos encontramos en una mejor situación para evaluar las políticas y la dirección del nuevo presidente. El examen de sus políticas interior y exterior, especialmente desde una perspectiva histórica y comparativa, nos permitirá entender si EE.UU. va camino de una catástrofe, como afirman los medios de comunicación, o hacia una mayor racionalidad y realismo.

Vamos a analizar si Trump busca la guerra o la diplomacia. Evaluaremos las iniciativas del presidente para reducir la deuda externa y las cargas comerciales con Europa y Asia. Continuaremos revisando sus programas proteccionistas y sobre inmigración con México y terminaremos viendo las perspectivas de la democracia en Estados Unidos en estos momentos.

Política exterior

Los encuentros del presidente con los dirigentes de Japón, Reino Unido y Canadá han sido bastante fructíferos. Su reunión con [el primer ministro de Japón] Shinzo Abe afianzó los lazos diplomáticos y obtuvo la promesa de que el país nipón aumentaría las inversiones en el sector automovilístico estadounidense. Puede que Trump consiga mejorar las relaciones comerciales reduciendo el desequilibrio en la balanza comercial. Trump y Abe adoptaron una postura moderada ante la prueba de misiles norcoreanos en el Mar de Japón y rechazaron el aumento de los gastos militares que reclamaban los medios de comunicación neoliberales.

La reunión EE.UU.-Reino Unido en la era pos-Brexit dio como resultado la promesa de un aumento del comercio bilateral.

En cuanto a China, Trump ha mejorado las relaciones con este país, apoyando sin ambages la política de “una sola China” y dando paso a la renegociación y el reequilibrio del balance comercial.
Estados Unidos respaldó el voto unánime de condena del Consejo de Seguridad de la ONU al lanzamiento de misiles norcoreanos. Trump no lo consideró una amenaza militar ni propuso incrementar el nivel de sanciones.

La política de reconciliación de Trump hacia Rusia, destinada a mejorar la lucha contra el terrorismo islamista, se ha visto obstaculizada. Bajo el liderazgo de la senadora de la izquierda liberal Elizabeth Warren, partidaria de la caza de brujas, ¡los militaristas neoconservadores y los demócratas declararon a Rusia como la principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense!

El bombardeo constante y furibundo de los medios de comunicación forzó el cese del Consejero Nacional de Seguridad de Trump, el general retirado Michael Flynn, en base a una ley del siglo XVIII (la Ley Logan) que prohíbe a los ciudadanos discutir cuestiones políticas con dirigentes extranjeros.

Dicha ley nunca había sido implementada. De haberlo sido, cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, especialmente los peces gordos incluidos entre los 51 “presidentes de las principales organizaciones judías “de EE.UU., así como los editores de política exterior de todos los grandes y pequeños medios de comunicación estadounidenses y los analistas de política exterior estarían encadenados junto a narcotraficantes convictos. Sin avergonzarse por la absurdidad o la trivialización de la tragedia, esta reciente “tempestad en un vaso de agua” ha generado llamamientos apasionados dentro de los medios y del Partido Demócrata para iniciar una nueva “investigación como la del 11-S” sobre las conversaciones del general Flynn con los rusos.

El contratiempo de Trump con a cuenta de su consejero de seguridad nacional hace peligrar una política exterior menos belicosa. Subraya el riesgo de confrontaciones nucleares y represión interna.

Dichos peligros, que incluyen una posible purga antirusa –al estilo del tristemente célebre senador McCarthy– de los individuos realistas en política exterior, son responsabilidad exclusiva de la alianza de los ultramilitaristas del partido demócrata y los neoconservadores. En todo caso, nada de esto aborda los graves problemas socioeconómicos internos.

La búsqueda del equilibrio en el gasto y el comercio exterior

El compromiso público de Trump de reequilibrar las relaciones con la OTAN, es decir, reducir la cuota de EE.UU. en su financiación, ya ha dado comienzo. Actualmente, solo cinco miembros de la alianza cumplen con la contribución requerida. En el caso de que Alemania, Italia, España, Canadá, Francia y otros 18 miembros cumplieran con sus compromisos, el presupuesto de la OTAN aumentaría en más de 100.000 millones de dólares, lo que reduciría el desequilibrio en la balanza exterior de EE.UU.

Evidentemente, sería mucho mejor para todos que la OTAN se desmantelara y que las distintas naciones que la forman reasignaran sus partidas de millardos de dólares hacia gastos sociales y el desarrollo de sus economías domésticas.

Trump ha anunciado importantes esfuerzos para reducir el desequilibrio comercial con Asia.
Al contrario de lo que se afirman algunos “expertos” en comercio exterior en los medios de comunicación, China no es el único de los “infractores”, ni siquiera el mayor, que se aprovechan del desequilibrio comercial con Estados Unidos.

El actual superávit en el balance comercial de China equivale al 5% de su PIB, el de Corea del Sur al 8%, el de Taiwán al 15% y el de Singapur al 19% respectivamente. El objetivo de Trump es reducir el desequilibrio comercial de EE.UU. a 20.000 millones de dólares con cada uno de los países, equivalente al 3% del PIB. La cuota de Trump de 100.000 millones de dólares contrasta agudamente con el desequilibrio comercial de los “Cinco Grandes” asiáticos (Japón, China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur), equivalente a 700.000 millones de dólares en 2015, según datos de FMI.

En resumen, Trump está actuando para reducir los desequilibrios externos un 85% con el fin de incrementar la producción doméstica y crear empleos en las industrias ubicadas en Estados Unidos.

Trump y Latinoamérica

La política latinoamericana de Trump se ha centrado fundamentalmente en México y, en mucha menor medida, en el resto del continente.

La principal decisión de la Casa Blanca ha sido echar por tierra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica de Obama (TPP, por sus siglas en inglés), que favorecía a las corporaciones multinacionales que explotan la mano de obra de Chile, Perú y México y resultaba atractivo para los regímenes neoliberales de Argentina y Uruguay. Trump hereda del presidente Obama numerosas bases militares en Colombia, la base de Guantánamo en Cuba y las bases de Argentina. El Pentágono continúa la guerra fría de Obama contra Venezuela y ha acusado de forma falsaria al vicepresidente de aquel país de tráfico de drogas.

Trump ha prometido cambiar la política comercial y de inmigración con México. A pesar de la amplia oposición que ha levantado su política migratoria, aún le falta mucho para igualar la expulsión masiva de emigrantes mexicanos y centroamericanos acometida por Obama, campeón indiscutible en ese campo, que deportó a 2,2 millones de emigrantes junto a sus familias en ocho años, o lo que es igual, unos 275.000 al mes. En su primer mes al mando, el presidente Trump ha expulsado solo un 10% del porcentaje medio deportado por Obama.

El presidente Trump ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), imponiendo una tasa sobre las importaciones y persuadiendo a las empresas multinacionales para que regresen e inviertan en EE.UU.

Hay muchas ventajas ocultas para México si decide responder a las políticas de Trump con sus propias medidas económicas de “proteccionismo recíproco”. Bajo el NAFTA, 2 millones de agricultores mexicanos entraron en bancarrota y se han dedicado millardos de dólares a la importación de arroz, maíz y otros alimentos de primera necesidad (subvencionados), de EE.UU. Una política de “primero México” podría reavivar la agricultura mexicana para el consumo doméstico y la exportación; esto disminuiría la emigración de campesinos mexicanos. México podría renacionalizar su sector petrolero e invertir en refinerías en el propio país, lo que le supondría la ganancia de millardos de dólares y reduciría la importación de productos petroleros refinados de EE.UU. Al tener que implantar una política de sustitución de las importaciones, la manufactura local podría reactivar el mercado y el empleo internos. Aumentarían los trabajos en la economía formal y se reduciría el número de jóvenes en paro, carne de cañón para los cárteles de la droga y otras bandas criminales.

Mediante la nacionalización de los bancos y el control de los flujos de capital, México podría interrumpir la fuga de capitales cifrada en alrededor de 50.000 millones de dólares de fondos ilícitos al año. Por su parte, estos programas nacional-populares incentivarían la elección de nuevos líderes que podrían iniciar la purga de la policía corrupta, los militares corruptos y los líderes políticos corruptos.

En resumen, aunque las políticas de Trump podrían causar algunas pérdidas a corto plazo, a medio y largo plazo pueden suponer sustanciales ventajas para el pueblo mexicano y su nación.

Democracia

La elección del presidente Trump ha provocado una virulenta campaña autoritaria que amenaza nuestras libertades democráticas.

La propaganda continuada y bien coordinada emitida por todos los grandes medios de comunicación y por los dos principales partidos políticos ha fabricado y distorsionado informes y ha alentado a los representantes elegidos a atacar salvajemente a las personas nombradas por Trump para hacerse cargo de las responsabilidades en política exterior, forzando dimisiones e inversión de las políticas. La dimisión forzosa del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn ha puesto de manifiesto la agenda belicista del partido demócrata contra la Rusia en poder de armas nucleares. Los senadores liberales, que solían pronunciar grandiosos discursos contra “Wall Street” y el “Uno por ciento”, ahora exigen que Trump se niegue a colaborar con el presidente Putin para detener la amenaza real que supone el Estado Islámico, mientras apoyan a los neonazis ucranianos. Los iconos liberales presionan abiertamente para incrementar la presencia de buques de guerra en Asia con el fin de provocar a China, a la vez que se oponen a la política de Trump favorable a renegociar los tratados comerciales con Pekín.

Hay multitud de peligros y ventajas ocultos en esta guerra política de partidos.

Trump ha sacado a la luz las mentiras y distorsiones sistémicas de los medios de comunicación, confirmando la desconfianza que les profesa la mayoría del pueblo. Esta baja opinión que tienen los estadounidenses, especialmente los que habitan el devastado centro del país (aquellos a quienes Hillary Clinton llamaba “los deplorables”) se corresponde claramente con el profundo desdén de los medios por esta enorme porción del electorado. En realidad, la cháchara constante de los medios acerca de cómo los malvados “rusos” habían pirateado las elecciones presidenciales de EE.UU. dando la victoria a Donald Trump es más bien una cortina de humo para enmascarar su reticencia a denunciar abiertamente a los “blancos pobres” –incluyendo a los trabajadores y campesinos estadounidenses– que votaron abrumadoramente por Trump. Este elemento regional y de clase ayuda mucho a explicar la continua histeria provocada por la victoria de Trump. Las élites, los intelectuales y los burócratas están furiosos por el hecho de que “la canasta de deplorables” de Clinton rechazara al sistema y a sus portavoces bien peinados y de uñas cuidadas.

Por vez primera, se ha abierto un debate político sobre la libertad de expresión al más alto nivel del gobierno. Ese mismo debate se prolonga al modo en que el nuevo presidente se ha enfrentado al enorme e incontrolado aparato policial del Estado (el FBI, la NSA, la CIA, la Seguridad Nacional, etc.), tremendamente ampliado bajo la presidencia de Obama.

La política comercial y de alianzas de Trump ha despertado al Congreso y ha provocado que empiece a debatir sobre temas sustanciales en vez de hacerlo por nimiedades de procedimientos internos. La retórica política de Trump ha provocado manifestaciones masivas de protesta, algunas de buena fe, aunque otras pagadas por los megamillonarios que respaldan al Partido Demócrata, como el “Padre de las Revoluciones de Colores” George Soros. Sería importante saber si estas manifestaciones pueden provocar la aparición de auténticos movimientos democráticos y socialistas de base capaces de organizarse y aprovechar la división en las élites.

Las falaces acusaciones de contactos “traicioneros” con el embajador ruso que supuestamente realizó el consejero de Seguridad Nacional de Trump Michael Flynn cuando todavía era civil y la utilización de la Ley Logan relativa a la discusión de política exterior con gobiernos extranjeros abren la posibilidad de investigar a algunos legisladores, como Charles Schumer y otros cientos, por discutir la posición estratégica de EE.UU. con autoridades israelíes…

Gane o pierda, la administración Trump ha provocado un debate sobre las posibilidades de paz con una superpotencia nuclear, sobre la reconsideración del inmenso déficit comercial y la necesidad de defender la democracia contra amenazas autoritarias de la denominada “comunidad de inteligencia” contra un presidente electo.

Trump y la lucha de clases

La agenda socioeconómica de Trump ya ha puesto en marcha poderosas corrientes subterráneas del conflicto de clases. Los medios de comunicación y la clase política se han centrado en los conflictos relativos a la inmigración, los temas de género y las relaciones con Rusia, la OTAN e Israel así como en las políticas internas del partido. Estos conflictos oscurecen antagonismos de clase más profundos, procedentes de las propuestas económicas radicales del presidente.

Sus propuestas para reducir el poder de las instituciones federales de regulación y de investigación, simplificar y reducir los impuestos, recortar la partida destinada a la OTAN, renegociar o dar por finalizados los acuerdos multilaterales y recortar los presupuestos de investigación, sanidad y educación, amenazan el empleo de millones de trabajadores y funcionarios del sector público en toda la nación. Entre los cientos de miles de manifestantes que han participado en las marchas de mujeres por la inmigración y la educación, miles son empleados públicos y sus familiares, que ven amenazado su sustento económico. Lo que, en una primera instancia pueden parecer protestas por determinados derechos humanos, culturales o identitarios, en realidad son manifestaciones de una lucha más profunda y más general de los empleados del sector público que se oponen a la agenda privatizadora del Estado, que a su vez obtiene su respaldo de clase de los pequeños empresarios atraídos por la bajada de impuestos y una reducción de las cargas regulatorias, así como de los cuadros de las escuelas y los hospitales privados que gozan de subvención estatal.

Las medidas proteccionistas de Trump, entre las que se incluyen las ayudas a la exportación, enfrentan a los fabricantes internos con los importadores multimillonarios de bienes de consumo baratos.

Las propuestas de Donald Trump destinadas a desregular el petróleo, el gas, la madera, las exportaciones agrícolas y minerales y las inversiones en grandes infraestructuras tienen el respaldo de los jefes y trabajadores de dichos sectores. Ello ha provocado un grave conflicto con los ecologistas, los trabajadores y productores comunitarios, los pueblos indígenas y sus simpatizantes.

La idea inicial de Trump de movilizar a las fuerzas internas opuestas a continuar destinando gran parte del presupuesto federal a las guerras en el extranjero y partidarias de la construcción de un imperio basado en las relaciones de mercado ha sido derrotada por los esfuerzos conjuntos del complejo militar-industrial, el aparato de inteligencia y sus defensores dentro de la coalición de las élites políticas liberal-neoconservadoras-militaristas y sus seguidores de masas.

La lucha de clases en curso se ha profundizado y amenaza con destruir el orden constitucional en dos sentidos: el conflicto puede llevar a una crisis institucional, a la destitución forzosa de un presidente electo y a la instalación de un régimen híbrido, que preservaría los programas más reaccionarios de ambas partes de la lucha de clases. Podría llegar a ocurrir que importadores, inversores y trabajadores de las industrias extractivas, defensores de la educación y la sanidad privatizadas, belicistas y miembros del politizado aparato de seguridad se hicieran con el control total del Estado. Por otro lado, si la lucha de clases consigue movilizar a los trabajadores del sector público, a los del sector comercial, a los desempleados, a los demócratas contrarios a la guerra, a los emprendedores de la tecnología de la información y a los patronos que dependen de inmigrantes cualificados, así como a los científicos y a los ecologistas en un movimiento de masas dispuesto a apoyar un salario digno y a unirse en torno a intereses de clase comunes, será posible lograr un profundo cambio del sistema. A medio plazo, la unión de estos movimientos de clase puede llevar a un régimen híbrido progresista.

Artículo original: http://petras.lahaine.org/?p=2128. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

No hay comentarios:

Publicar un comentario