Estimados colegas
director y subdirector del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social
De la Facultad de Derecho –UBA
De la Facultad de Derecho –UBA
De mi mayor
afecto:
Sin que sea menester
abundar en la argumentación, superflua por tratarse de cuestiones de tan amplia
repercusión pública, les solicito que se pronuncien y requieran lo haga
orgánicamente nuestra Facultad, respecto de los ataques que desde el poder
político central y desde los medios de comunicación dominantes, se producen
cotidianamente contra la función, la responsabilidad jurisdiccional, la
independencia y la libertad de conciencia de los jueces del trabajo y de los
abogados que ejercen su digna profesión en la defensa en juicio de los derechos
de los trabajadores.
En el primer caso, se
trata de los intentos de coaccionar mediante pedidos de juicio político a varios
magistrados nacionales, entre los cuales se cuentan, además, profesores y
docentes de nuestra Facultad y de nuestro Departamento, en razón del contenido
de sus resoluciones o sentencias. En el segundo, se ha personalizado en un
profesor adjunto consulto, en quien se pretende denigrar y desprestigiar a toda
la abogacía especializada, en la función social del ejercicio
profesional.
La defensa del fuero
especializado, exigencia de normativa internacional de estricta naturaleza
constitucional, la de la independencia judicial no como una canonjía o
privilegio singular sino como una garantía para los derechos de la ciudadanía, y
la de quienes activan desde su tarea como abogados el derecho de defensa en
procura de la interpretación, aplicación y coerción indispensables para asegurar
el cumplimiento de esos derechos, no puede considerarse una mera cuestión
opinable políticamente para quienes tenemos colectivamente, como responsabilidad
compartida, la de enseñar esos derechos y el modo de hacerlos
valer.
Mi primer maestro de
Derecho Constitucional, Carlos Sanchez Viamonte, decía en sus cursos y en sus
obras que no existe derecho de defensa allí donde no se garantice la
intangibilidad del defensor, ni del órgano jurisdiccional apto para
asegurarla.
Saludo a Uds, y por su
intermedio a las autoridades de nuestra Facultad, con mi mayor
consideración.
Mario
Elffman.
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