Miércoles, 15 de noviembre de 2017.- Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestaron nuevamente su preocupación y alerta por las versiones sobre modificación de Ley Nacional de Glaciar para beneficiar a los emprendimientos mineros.
El noviembre pasado, los ambientalistas denunciaron que existen 44 proyectos mineros que estarían sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación.
“Cuidar las ganancias de las mineras es deber de las empresas; salvaguardar la salud de la población, el agua potable, los glaciares y su ambiente, responsabilidad del gobierno. Parece que Macri está confundido en su lista de prioridades”, argumentó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Esta iniciativa se ejecutaría en el medio de la causa llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello por incumplimiento de esta ley, vinculado a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017. Por la causa, fueron citados a declaración quienes fueron funcionarios de la Nación: Jorge Mayoral, ex-secretario de minería, y Sergio Lorusso, ex-secretario de ambiente.
“Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional. Es decir, no se puede retrotraer la protección ambiental para beneficiar o compensar las demanda del sector de inversiones. Si Argentina cede ante esta situación se coloca como uno de los pocos países del mundo que baja sus estándares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todavía no se pone en vigencia la propia Ley que exige un inventario de glaciares completo”, sostuvo Andrés Napoli, director de FARN.
“No podemos permitir que el gobierno destruya la ley de glaciares. En medio de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), Argentina planea destruir sus glaciares para favorecer a las grandes transnacionales mineras”, expresó Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
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