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México entrega la frontera
a Trump
Ulises Noyola Rodríguez
ALAI AMLATINA,
16/05/2018.- El despliegue de la
Guardia Nacional ordenada por el
presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y
México,
representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México
en su relación
diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de
confrontar al
mandatario estadounidense, ha mantenido el Programa Frontera Sur
y la
Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación
a los
designios de Washington.
En primer lugar,
el presidente Donald Trump justificó su decisión de apoyarse en
la Guardia
Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable
a tal punto que
la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de
drogas y
migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales,
estaba
destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el
aumento de la
seguridad fronteriza era inevitable[1].
A diferencia del
despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack
Obama y George
Bush cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de
migrantes ilegales
hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla
Fronteriza llegó a
un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que
no resulta claro
cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas
cuando la Patrulla
Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de
corrupción en dejar
pasar la droga en el lado estadounidense[2].
De esta manera,
la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente
Donald Trump se
debió a su intención de recuperar el apoyo político de los
estadounidenses
desencantados por el fracaso de la construcción del muro
fronterizo, la
permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia y la
incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo
anterior, el
gobierno mexicano se ha negado a financiar el muro y un
minúsculo fondo se
obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción
debido a la
incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo
con la facción
demócrata[3].
Sin embargo, la
verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra
en el control
migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y
Belice. En ese
espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes
centroamericanos que huyen
de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera
norte de
México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la
seguridad en la
frontera sur de México, el gobierno norteamericano ha canalizado
enormes
recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa
Mérida y el Programa
Frontera Sur.
Por un lado, el
objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen
organizado en
el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar
entre México y
Estados Unidos, ha resultado un fracaso. El gobierno
norteamericano no ha
aplicado una política efectiva para reducir la demanda de drogas
y la venta de
armas, factores que han fortificado en gran medida a los
cárteles de droga, las
compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas
al lavado de
dinero.
Por otro lado,
la cooperación militar de los dos gobiernos ha implicado el
intercambio de
datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el
adiestramiento
militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases
militares. Toda
esta colaboración ha creado una infraestructura, orientada a
frenar el flujo de
migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro
Solalinde,
viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos,
de tal suerte
que el gobierno mexicano podría ser demandado por las
autoridades de
Centroamérica ante organismos internacionales[4].
Ahora el
gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda
la infraestructura
militar, a los migrantes como criminales, que según él,
pertenecerían a grupos
delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible
de Estados
Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de
México tiene la
obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente
en materia de
migración con Washington, esto con el fin de comenzar a
erradicar el genocidio
de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su
reputación en
la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la
asistencia económica, el gobierno norteamericano cada vez más se
ha ido
deslindando de la Iniciativa Mérida obligando al gobierno
mexicano a pagar casi
toda la factura. Lo anterior se confirma con la solicitud del
presidente Donald
Trump de proporcionar únicamente 85 millones de dólares en el
año en curso,
cifra ínfima en comparación con el financiamiento inicial de 400
millones de
dólares en 2008[5].
De forma inevitable, las autoridades mexicanas seguirán gastando
cada vez más
recursos en la contratación de fuerzas armadas, la compra de
equipo militar y
el adiestramiento de cuerpos policiales frente al desinterés de
Washington de
financiar la guerra contra el crimen organizado.
La carga
económica para el gobierno de México resulta bastante costosa,
puesto que el
gasto militar se duplicó en las presidencias de Felipe Calderón
y Enrique Peña
Nieto[6].
Las compras excesivas de equipo militar han implicado la
militarización del
territorio mexicano, teniendo como resultado el sexenio más
violento con un saldo
total de 104,000 homicidios durante los cinco años y medio del
gobierno actual.
Frente a la cruenta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto
no ha tenido
otra alternativa que reconocer que la estrategia de seguridad no
fue acertada
durante su gestión.
Por otra parte,
el Programa Frontera Sur, lanzado en 2014, se centró en asegurar
un paso formal
y ordenado de los migrantes, a través del incremento de las
protecciones y las
acciones sociales hacia ellos. Pero el balance del programa ha
sido un aumento
abrupto de la detención de migrantes, mientas los cuerpos
armados cometen
numerosas violaciones de sus derechos humanos. A este enorme
costo, el gobierno
estadounidense ha reducido drásticamente el flujo de migrantes,
si tomamos en
cuenta que el número de personas detenidas en la frontera sur
aumentó casi el
doble entre 2013 y 2017[7].
Cabe destacar
que el Programa Frontera Sur no involucró un programa de
desarrollo económico
para los países centroamericanos ni tampoco para los estados
fronterizos de
México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los
grupos
criminales para tener hombres que realicen sus actividades
delictivas. Sin la
elaboración de una estrategia integral, el programa está
destinado a seguir
deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes
volverán a
intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de
permanecer en sus
países de origen.
Por si fuera
poco, el gobierno mexicano fue el anfitrión de la Conferencia
Centroamericana
de Seguridad en abril de este año. Los participantes plantearon
diversas
iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica
en contra de
las organizaciones criminales trasnacionales. Como resultado,
las fuerzas
mexicanas terminarán colaborando con los cuerpos militares del
Comando Sur, el
Comando Norte y las fuerzas centroamericanas[8].
En el marco de esta colaboración, una nueva base militar será
instalada en la
frontera de Guatemala a fin de realizar ejercicios militares
conjuntos que se
desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.
Todo ello
responde a la necesidad de crear redes más complejas de
seguridad frente a la
aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para
superar el
endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La
región
fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando
la violencia,
ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares
tanto nacionales
como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que
tendrán que
enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos,
amenazas y
peligros en la frontera sur de México.
- Ulises Noyola Rodríguez es colaborador
del Centro de Investigación
sobre la Globalización
URL de este
artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/192918
[1] The New York Times. Trump Signs Memo Ordering
End to ‘Catch and
Release’ Immigration Policy. Fecha de publicación: 6/4/2018.
[2] The New York Times. The Enemy Within: Bribes
Bore a Hole in the
U.S. Border. Fecha de publicación: 28/12/2016.
[3] Bussiness Insider. Congress's massive new
spending bill completely
whiffed on Trump's demands for 'the wall'. Fecha de
publicación: 22/3/2018.
[5] Congressional
Research Service. U.S.-Mexican Security
Cooperation: The Merida Initiative and Beyond. Fecha de
publicación: 29/6/2017.
[6] El
gasto militar pasó de 52,235 a 112,403 millones de pesos
entre 2007 y 2016 de
acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz
de Estocolmo.
[8]Huffington Post. Así es la
estrategia con la que EU busca que México vigile la frontera
sur. Fecha de
publicación: 26/4/2017.
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