EL FUERO DEL TRABAJO Y LA DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES.
DECLARACIÓN DE LA SECCIÓN DE
DERECHO DEL TRABAJO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (IDEL) DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
(FACA).
La justicia del
trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores cuando padecen
actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de tareas. Cuando ella
se torna ineficiente y no cumple su misión, a los trabajadores sólo les espera
la marginalidad social y la miseria. En un país en el que la corrupción
empresaria ha llegado al punto del escándalo, el trato que reciben los
trabajadores y la burla sistemática y fraudulenta del orden público social es
natural al abuso y la explotación. Siendo las víctimas de ese corrupción,
sujetos de especial consideración tuitiva constitucional, necesitan de abogados
para su defensa.
El fuero del
trabajo y el ejercicio de la abogacía en el mismo, merecen un trato justo
que no reciben, de la prensa sensible a los intereses empresarios, ni del
presidente de la República.
No hay acceso a
la justicia de los sectores más desprotegidos de la población, sin el ejercicio
libre, honesto y digno de la defensa.
El IDEL-FACA advierte que la
justicia del trabajo viene siendo objeto de un trato peyorativo, al mismo tiempo
que se deja de proveer los recursos humanos y materiales para que pueda cumplir
su cometido. Prueba de ello es la falta de provisión de los cargos de los
magistrados, permaneciendo vacantes los puestos de desempeño, por incuria del
Poder Ejecutivo en la elevación de los pliegos.
A comienzos de
junio pasado, estaban vacantes 29 Juzgados de Primera Instancia sobre un total
de 80 y 8 vocalías de distintas salas de la Cámara sobre un total de
30.
También el IDEL
advierte que la campaña de medios alentada desde los sucesivos gobiernos, contra
la mal llamada industria del juicio, se lleva a cabo infamando a los abogados
laboralistas y difamando al fuero del trabajo.
Se reitera en
la ocasión la política económica que a partir de una extorsión montada sobre la
crisis, hizo pagar los costos del ajuste a los trabajadores reeditando el
discurso y propiciando las mismas herramientas de flexibilidad que llevaron al
paìs a una tasa de desempleo superior al veinte por ciento y propiciaron la
tercerización y el fraude laboral y previsional que hoy
impera.
Manifestaciones
del presidente de la República, (recogidas el domingo 24 de julio en el diario
La Nación) en las que expresa que una de las dos condiciones que esperan las
inversiones para concretarse es "...una justicia laboral más equitativa, no tan
volcada a encontrarle siempre la razón a una parte", alientan un lamentable
enfoque clasista que no puede ignorar ese estado de
cosas.
Un auténtico
aliento a las inversiones, no puede afirmarse con indiferencia de los derechos
humanos y sociales, la defensa de los mismos y el respeto a la independencia del
poder judicial que se agravia.
Acompaña a este
proceso los anuncios, que pasan por otra nueva reforma de la Ley de Riesgos del
Trabajo 24.557, que se alienta desde sectores de gobierno, proponiendo el cese
de la competencia laboral en los juicios de reparación de daños por infortunios
propios de accidentes de trabajo y enfermedades causadas por el trabajo. Un
artilugio procesal de ese tipo, consiste en una reaccionaria respuesta de
censura, discriminante y contraria a la Constitución Nacional y los Tratados de
Derechos Humanos y Sociales que nos obligan. El fuero especializado tiene
jerarquía supralegal por imperio del art. 36 de la Carta Internacional Americana
de Garantías Sociales, que prescribe: "JURISDICCIÓN DEL TRABAJO": "En cada
Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento
adecuado para la rápida solución de los conflictos".
La campaña
mediática referida a la llamada industria del juicio, acompaña a una política
económica pro empresaria, que pretende socializar los costos de la reparaciones
por daños resultantes tanto de la actividad lícita como la ilícita de los
apropiadores del trabajo.
Este particular
socialismo a contrapelo del que moderadamente se esboza en la Constitución, se
torna en una burla de la misma cuando los seguros sociales obligatorios, pasan a
servir para liberar de los daños que produce por el despido arbitrario o el
infortunio de trabajo que se debía evitar y se provocó por incuria y violación
sistemática de las normas de seguridad e higiene o el deber de indemnidad de los
trabajadores. En innumerables ocasiones, los tribunales del país, han tenido que
ejercer el control de constitucionalidad difuso sobre normas inspiradas en esa
política social que viola derechos humanos y
sociales.
Por lo demás,
el mantenimiento de la legislación que inconstitucionalmente veda a los
trabajadores, la actualización del valor de sus créditos y el sostenimiento
judicial de tasas de interés, hace posible que con la morosidad sistemática en
la judicialización de los daños por despidos e infortunios de trabajo,
eternizadas en prologados y burocráticos procesos que sirven para financiar a
empresarios deudores y sus aseguradoras. Son esas las causas objetivas que hacen
que la justicia del trabajo sufra el recargo de tareas que padece, y los
créditos alimentarios que en ella se procesan, se licúen a precio
vil.
Los abogados
deberán seguir cumpliendo con su ministerio, que cuando se trata de defender a
los humildes, los honra tanto o más que cuando se defiende a los poderosos. Las
corruptelas de los abusos que se dan en esa defensa, seguirán siendo condenados
por el IDEL-FACA como graves desviaciones e ilícitas que bastardean una
profesión a la que dañan. Pero la entidad tiene conciencia que el
ejercicio profesional de la defensa de los trabajadores, honra. Pese a que por
desviación totalitaria se intenta constituir al abogado, en el chivo
expiatorio de una ciudadanía necesitada, a la que se debe y que por su
intermedio alcanza el acceso a la justicia, lo que implica la garantía del
debido proceso judicial ante el juez natural.
Buenos Aires, 3
de agosto del 2016.
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