Tinkunaco 1.925/16 - Trabajo vs. Capital: el conflicto social por el sistema de pensiones Juan Carlos Gómez Leyton

Trabajo vs. Capital: el conflicto social por el sistema de pensiones

 Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencia Política, Investigador Asociado FLACSO-Chile

“La lucha [anticapitalista] no es producto de la militancia que viene del exterior, por fuera de la dominación, sino que, por el contrario, se inscribe en la relación de la dominación misma y es inherente a nuestra experiencia cotidiana” John Holloway, Contra el Dinero.

“Los pies de las y los trabajadores asalariados permanecen sumergidos en el lodo de la explotación incluso cuando (su cabeza respira) en nubes ideológicas burguesas” Richard Gunn, Notas sobre Clase.

Otra grieta en el muro de la dominación neoliberal

Desde el 24J del año en curso, el conflicto social y la discusión política e ideológica sobre el sistema de pensiones está instalada en la sociedad neoliberal chilena. De la misma forma como en el año 2011, cuando los estudiantes secundarios y universitarios, desbordaron las calles de las distintas ciudades del país, exigiendo el fin del lucro en el mercado de la educación y demandado la reposición del derecho social a una educación gratuita y de calidad. La masiva salida a la calle de las y los trabajadores expresó, en una poderosa manifestación social y política de carácter transversal, el “rechazo” al actual sistema de Previsión Social de Capitalización Individual (PSCI) administrado por el capital privado a través de las AFP. Sistema impuesto durante la dictadura cívico-militar en 1980 y mantenido, consolidado y extendido como tantas otras cosas, por los gobiernos concertacionistas.

 
Según los datos proporcionados por la encuesta CADEM, un 87% de la ciudadanía considera que es necesario y urgente realizar cambios al sistema e incluso muchos solicitan su reemplazo integral. Igual porcentaje de adhesión concitó la demanda estudiantil durante el año 2011.  No obstante, a cinco años de la “rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana” la disputa social y política por la continuidad de la estructura mercantil en la educación, se mantiene activa y vigente. Fundamentalmente, porque las reformas propuestas por el gobierno de la presidenta M. Bachelet y de la Nueva Mayoría, actores políticos que se apropiaron de la demanda estudiantil, se encaminan por una senda que, en vez, de modificar la estructura de mercado, solo la ajusta y corrige las fallas de mercado con el objeto de que este siga funcionando óptimamente. De esa forma, el gobierno de la Nueva Mayoría, hace posible la continuidad de un mercado de la educación corregido. El cual será financiado por el erario público y con la supervisión y el cuidado del Estado neoliberal. Renunciando política y socialmente, a re-instalar el derecho social a la educación.

 
De esa forma el Estado neoliberal, sin abandonar su rol subsidiario, está estableciendo nuevas reglas y normas (practicando un activo y remozado neo-institucionalismo “racional choice”) y asumiendo nuevos roles con el objeto de asegurar la reproductividad integral, no solo del mercado de la educación, sino del capitalismo neoliberal.

 
La imposición política de la reforma educativa propiciada por el gobierno de la Nueva Mayoría, implica que el movimiento estudiantil secundario y universitario como la ciudadanía movilizada habrán sido políticamente derrotados por el poder del capital. Obviamente que algunos “triunfos” o “logros”, el movimiento estudiantil, habrá obtenido y, por cierto, un número específico y reducido de ciudadanos, considerados “vulnerables”, gozarán de la focalizada gratuidad educacional, establecida por el gobierno. Mientras que el resto de la ciudadanía seguirán inmersos en la ajustada estructura mercantil educativa. La educación no dejara de ser un “bien de consumo” de libre disposición mercantil. Y, el derecho a la educación solo será un “discursivo vació”, pues este ha sido negado a la ciudadanía.

 
En definitiva, la opción del gobierno de la Nueva Mayoría apunta a la mantención y continuidad de uno de los tres pilares del patrón de acumulación capitalista en su forma neoliberal. Con esta estrategia política, el gobierno de la presidenta Bachelet, intenta cerrar la grieta que la rebelión ciudadana abrió, en el año 2011, en la estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal.

 
La movilización social y política ciudadana del pasado 24J protagonizada, fundamentalmente, por trabajadores activos y pasivos y sus familias, abrió una nueva grieta a estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal. Una gran grieta que pone en cuestión, tal vez, al más importante y central de todos los pilares que sostienen el patrón de acumulación capitalista neoliberal: el ahorro previsional de la clase trabajadora.

 
El rechazo de millones de trabajadores al funcionamiento del SPCI ha generado una nueva conflictividad política y social en la convulsionada sociedad neoliberal, activando y visibilizando, el permanente conflicto entre el trabajo y capital, en otras palabras, la lucha de clases.

 
El “regreso” de la lucha clase a la sociedad neoliberal

 
En efecto, la demanda “No + AFP” expresa y manifiesta categóricamente un conflicto político y social entre el trabajo y el capital. Ya, no se trata de ciudadanos neoliberales o clientes descontentos con el funcionamiento de un especifico mercado como es el caso, por ejemplo, del mercado de la educación. El conflicto en torno a las AFP expresa la disputa por el “uso” social y económico de una fracción del salario que perciben las y los trabajadores y que estos destinan para su sobrevivencia al momento de dejar de ser fuerza de trabajo activa.

 
Durante tres décadas y media (35 años, 1981-2016) el capital nacional como internacional, especialmente, el financiero y mercantil, ha administrado, utilizado e invertido esa fracción del salario de las y los trabajadores (10%) en función de sus intereses políticos, sociales y económicos; pero, por, sobre todo, para la reproducción ampliada del capitalismo neoliberal. La función social y económica de esa fracción del salario de la clase trabajadora -al igual que la plusvalía que generan- está políticamente determinada por el capital. Apropiarse coercitivamente de ella es la base del patrón de acumulación del capitalismo neoliberal.

 
Por eso, el ahorro previsional (10% de su salario) de las y los trabajadores constituye uno de los factores claves que explica tanto el “éxito” del capitalismo neoliberal chileno, su estabilidad y su altísima rentabilidad como también su concentración y expansión externa. Sin embargo, los resultados sociales y económicos para la clase trabajadora, tanto activos como pasivos, han sido paupérrimos.

 
Esos resultados paupérrimos se expresan, por un lado, en bajos salarios, en empleos precarios, flexibles, y descontinuos en el tiempo, en constantes entradas y salidas del mercado laboral, en endeudamiento permanente, etcétera. Y, por otro lado, luego de 30 o 35 años de formar parte de la fuerza de trabajo activa, las y los y trabajadores que pasan a “retiro” perciben, producto de las condiciones del mercado laboral señaladas anteriormente, pensiones miserables. La cuales con dificultad les permiten sobrevivir.

 
Conscientes de esa situación las y los trabajadores activos y pasivos han iniciado, como quedo manifestado el 24J, un masivo proceso de movilización social y política, cuyo objetivo central es poner fin al actual SPCI y a su administración a través de las AFP.

 
Esto implica entrar a disputarle al capital financiero y especulativo nacional e internacional, el control y uso de los fondos de pensiones, o sea, del 10% del salario que mensualmente cerca de 11 millones de trabajadores coercitivamente depositan en alguna de las seis AFP existentes.

 
La demanda “NO + AFP” que la clase trabajadora planteo y lanzo al ruedo político de la sociedad neoliberal, el 24J; ratificada consistentemente el 10 de agosto pasado con un masivo y ruidoso “caceroleo” ha estremecido de la dominación neoliberal, profundizando, como he dicho, la grieta abierta el 24J.

 
Por primera vez, en poco más de 40 años de irrestricta dominación y hegemonía del capital neoliberal, la clase trabajadora, se ha manifestado contundentemente en contra del capital. Si bien, en la movilización social nacional del 24J en contra del SPCI convergieron otros “malestares” que la ciudadanía posee en contra de la democracia neoliberal, de la clase política, del gobierno y de su impopular presidenta, la masiva salida a la calle de la clase trabajadora y sus familias, confronta política y socialmente, directamente, al capital.

 
Por esa razón, consideramos que esa manifestación como conflictividad política y social constituida, posee una envergadura, una extensión y una profundidad radicalmente distinta a la expresada y visibilizada por el conflicto juvenil y estudiantil del ciclo de protestas 2006-2011. 

La conflictividad abierta por la demanda de la clase trabajadora, dada sus características estructurales, compromete la existencia tanto presente y futura del capitalismo neoliberal. De allí, su trascendencia y potencia política, social e histórica.

 
Como toda sociedad capitalista, la neoliberal es una sociedad dividida y estructurada en clases sociales. Específicamente, en dos grandes clases, aspecto sociológico que en los últimos 43 años se ha olvidado o se ha intentado negar o borrar teórica, política e históricamente. Como una forma de negar la conflictividad entre ellas, o sea, de negar la lucha de clases. No obstante, el conflicto abierto por las pensiones, pone en evidencia, la existencia, por un lado, de la clase trabajadora “activa y pasiva” y, por otro, la clase burguesa, o sea, los dueños y controladores económicos, políticos y sociales del “capital”. Y, por ende, de la lucha de clases, entre el capital y el trabajo. Por ello es tan equivoco tratar de presentar a la sociedad neoliberal como una sociedad dividida entre “personas activas y pasivas”, como negar que esa división existe.

 
Es, justamente, la división clasista lo que explica que en los días posteriores al 24J, los distintos actores sociales, económicos y políticos nacionales, al reaccionar ante dicho acontecimiento, se fueran alineando en torno a uno u otro sector en conflicto. Unos en apoyo y defensa del capital y los otros, en apoyo y defensa de las posiciones asumida por la clase trabajadora.

 
El capital a través de un ejército de comunicadores sociales, periodistas, publicistas, intelectuales orgánicos y miembros de la clase política tanto de los partidos del orden como algunos de la Nueva Mayoría, han iniciado toda una ofensiva comunicacional para defender, avalar y justificar el SPCI.

 
Dentro de este grupo de defensores del capital neoliberal habría que alinear y situar los planteamientos programáticos realizados por la presidenta M. Bachelet, el martes 9 de agosto. Los principios anunciados por la presidenta de ninguna manera buscan romper o quebrar o alterar la estructura interna del funcionamiento del SPCI. Todo lo contrario, como ha sido el sello del gobierno de la Nueva Mayoría, siguiendo la senda política establecida por los gobiernos concertacionistas (1990-2010), busca “cambiar sin transformar”. O sea, como señalo Moulian, hace dos décadas, el “transformismo”.

 
Por su parte, las y los trabajadores, a través de un conjunto heterogéneo y plural de comunicadores, cientistas sociales, intelectuales orgánicos, representantes sociales y sindicales, organizaciones sindicales, sociales y gremiales de todo orden, periodistas y militantes y activistas políticos, han desplegado una ofensiva comunicacional con el objetivo de interiorizar a la ciudadanía de lo negativo que ha sido para las y los trabajadores el sistema PSCI. Promoviendo, la urgente necesidad de impulsar su transformación radical. La estrategia combina lo comunicacional con la activa movilización social callejera.

La batalla comunicacional

 
Hasta ahora, la lucha política y social, ha sido esencialmente comunicacional y argumental. En donde, la correlación de fuerzas tiende a favorecer al capital. Dado el control que este tiene de los principales medios de comunicación, especialmente, de la televisión y de la prensa escrita y radial. A través de esos medios, ha difundido ampliamente la defensa tanto del SPCI como el rol de las AFP. Al mismo tiempo que se “demoniza” las alternativas que se presentan y defienden los sectores afines a los trabajadores. Especialmente, se condena el sistema previsional solidario y de reparto.

 
La propia jefa de Estado, Michelle Bachelet, descartó de plano la instauración de ese sistema. En su opinión coincidente con los planteos manifestados por los defensores del SPCI y de las AFP, sostuvo: “Lo que queda clara es que nunca más vamos a poder volver a un sistema como el de reparto”, las razones o factores que lo impiden, según ella, son de carácter demográfico, fundamentalmente, dos, por un lado, la “natalidad”, esta va disminuyendo y, por otro, los hombres y mujeres del siglo XXI, están “viviendo más años”. Por lo tanto, “el activo de trabajadores que va ir generando los ingresos será menor que los pasivos”. En otras palabras, en el futuro cercano, la clase trabajadora pasiva será mayor que la clase trabajadora activa.

 
Esa inversión demográfica-vital se ha transformado en la clave explicativa de los que defienden el actual SPCI para justificar su continuidad en el tiempo como también la necesidad existente de hacerles cambios que de ninguna manera toquen o alteren la lógica operacional del sistema. El mejoramiento de las pensiones pasa por aumentar el porcentaje de salario que la clase trabajadora destina al ahorro previsional o a extender la edad laboral activa, especialmente, de las mujeres, entre otras decisiones que debieran ser adoptadas para mejorar las pensiones sin tocar el SPCI.

 
Así la campaña comunicacional del capital ha ido instalando distintos argumentos que reconocen puntos sensibles del problema. Pero, al mismo tiempo, asumen una postura crítica tanto de la propuesta realizada por el Gobierno y, sobre todo, de la clase trabajadora.

 
Está, por su parte, utilizando principalmente las redes sociales y los medios de comunicación alternativos en un flujo constante de información proporciona los argumentos que sostienen tanto la crítica y la demanda del movimiento “NO + AFP”.  Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de trabajadores No + AFP, difundió a través de las redes sociales su posición ante los anuncios de la Presidenta Bachelet. Si bien, parte reconociendo que varias de las medidas anunciadas responden a demandas formuladas por la clase trabajadora. La insistencia gubernamental de establecer una AFP Estatal, confirma “que no existe voluntad por avanzar hacia un sistema público de pensiones”. Para la Coordinadora “la demanda por un Sistema de Seguridad Social, fundado en los principios de solidaridad”, constituye la principal demanda. Por esa razón, lamenta que la presidenta “haya desaprovechado esta oportunidad para responder al clamor de la mayoría de los chilenos que pide acabar con las AFP”. No resulta coherente, en su opinión, pretender cambios estructurales de un sistema si la administración de los ahorros previsionales “continuarán bajo la administración privada que dispone (de esos recursos) para el financiamiento de los grupos económicos en desmedro de los trabajadores y la sociedad”.

 
En términos generales, al igual que durante el conflicto estudiantil, en el año 2011, la ciudadanía apoya masivamente la demanda que cuestiona la forma como funciona y, sobre todo, los resultados que arroja el PSCI. Muchos quieren cambiar el sistema. Sin embargo, no todos los participantes de la movilización social “No + AFP” tiene clara la alternativa con la cual se quiere sustituirla. Lo más probable que con el correr del tiempo, el movimiento “No + AFP” termine fragmentado. Y, sus distintas fracciones sociales alineándose en alguna de tres posibles alternativas: ajustarlo, reformarlo o sustituirlo. Tal como ocurrió con el movimiento estudiantil de 2011. Este se fragmento en entre aquellos que optaron por la alternativa de ajustar el mercado de la educación, aquellos que buscaban una reforma estructural más sustantiva y otros que procuraban su sustitución total. Como se sabe, se impuso la primera. 

Esta es una lección política que los actuales ciudadanos movilizados debieran tener presente. Si, la demanda del 24J fue por el fin del sistema, esa demanda no puede ser tranzada por algo menor como podría ser una reforma de orientación capitalista neoliberal como es la propuesta de los actores vinculados directamente a la industria de las AFP; o, de un ajuste neoliberal como la propiciada por el gobierno de Bachelet, cuyo eje central es la creación de una AFP estatal. El movimiento social “No + AFP” manifestó, en su primer acto público masivo, su total rechazo al sistema y su claro objetivo por sustituirlo, por un sistema solidario y de reparto. Ese es el mandato ciudadano.

 
Con todo, la nueva problemática social y política ya está instalada y la vieja lucha entre el capital y el trabajo, la “vieja” y “vilipendiada” lucha de clases, que muchos teóricos posmodernos, dieron por muerta y enterrada, agita y remece a toda la formación social neoliberal.

La potencia anticapitalista de la demanda: “No + AFP”

El gobierno de la Nueva Mayoría lo sabe y le aterra. Por esa razón, la presidenta Bachelet, en su mensaje del martes 9 de agosto, hizo un llamado a la unidad y a la generosidad de todos los actores involucrados en el conflicto con el objeto de establecer un “gran pacto nacional”.  Pues, en su opinión “este desafío nos necesita a todos, como Presidenta buscaré y promoveré con todas mis fuerzas un entendimiento. Iniciaré a la brevedad las conversaciones con trabajadores, empresarios, académicos, representantes del mundo social y del mundo político, de Gobierno y oposición, de manera de lograr una propuesta con amplio acuerdo. Espero de todos y todas, la generosidad que requiere construir el bien común. Chile es de todos, debe ser una comunidad para todos”.

 
Este llamado a la unidad, a la constitución de un “gran pacto nacional” es el típico recurso político discursivo de carácter emocional que utilizan las elites en el poder y de poder, cuando la conflictividad política y social al interior de la sociedad capitalista podría comprometer    se apela a las subjetividades de los sujetos como de los actores sociales involucrados directamente en el conflicto social y político con el objetivo fundamental de dominar, disminuir, la potencia política que tiene el conflicto. En otras palabras, el gobierno y su discurso de “unidad nacional” busca desconocer la existencia de la lucha de clases, de la irreductibilidad del conflicto entre el capital y el trabajo. Con un discurso de siete minutos la Presidenta, el gobierno de la Nueva Mayoría, busca apropiarse de la demanda de la clase trabajadora en contra del capital. Su estrategia apunta a arrebatarle el protagonismo político a los dirigentes del movimiento. Situarlo en un segundo o tercer plano, pues los medios de comunicación asumen que la propuesta del Gobierno es la que interpreta al movimiento No + AFP, lo cual es equívoco.

 
Si bien, la propuesta gubernamental genera ciertas resistencias entre los gremios y asociaciones empresariales vinculadas a la industria de las AFP, ella no constituye una propuesta de reforma estructural que pueda comprometer la estabilidad y la continuidad del capitalismo en su forma neoliberal. En cierta forma, la propuesta presidencial se levanta como un dique de contención que busca frenar y obstaculizar la demanda radical del movimiento NO + AFP y de la clase trabajadora.

 
El conflicto político abierto por la clase trabajadora al cuestionar el sistema de pensiones, tiene una potencia política e histórica que podrían generar cambios históricos insospechados por los propios organizadores y convocantes de la movilización del 24J. Pues, él expresa el poder del trabajo ante el poder del capital. Allí está la clave y la potencia política de su presencia.

 
Durante 43 años de hegemonía neoliberal (1973-2016) se ha hecho “creer” a la ciudadanía, en general, y a la clase trabajadora, en particular, que el trabajo es él que depende del capital. Y, no al revés. En esa falsa inversión teórica, política e histórica que oculta lo que está en el centro de las relaciones sociales de producción capitalistas: la dependencia del capital al trabajo. En contra de todas las apariencias, el capital depende totalmente del trabajo para su existencia y para su reproducción.  Es, un hecho histórico, social y político, que el capital depende de la subordinación del trabajo. De allí la lucha política e histórica permanente del capital por someter al trabajo. El núcleo duro, durante las cuatro décadas de la dominación neoliberal en Chile, ha sido, justamente, la protección y defensa de la clase dominante (quienes tienen el control directo o indirecto del capital) ante la ingénita insubordinación del trabajo.

 
Cualquiera manifestación de insubordinación del trabajo, puede producir serias alteraciones al orden capitalista existente. La poderosa insubordinación trabadora de los años sesenta y setenta había desembocado en la crisis orgánica de la sociedad capitalista nacional (1967-1973). La respuesta del capital fue violenta y radical. Ello explica que en las últimas décadas el capital, primero, a través de la dictadura militar, disciplinara militarmente a la insubordinada clase trabajadora y popular y, en segundo lugar, contuviera y redujera su poder social con la imposición de una represiva legislación laboral.

 
El disciplinamiento, control y sometimiento del poder del trabajo por parte del capital, continuó y se extendió a lo largo de la democracia pos-autoritaria (1990-2016). Ello explica, por ejemplo, que la nueva clase trabajadora que se conformó y emergió al interior de la sociedad neoliberal, tuviera serias limitaciones para manifestar y hacer sentir su poder social. Lo cual, por cierto, no significa que la clase como la lucha de clases hayan desaparecido en la sociedad capitalista neoliberal como sostienen y afirman diferentes cientistas sociales vinculados al pensamiento posmoderno, posmarxistas, posestructuralistas, etcétera. Todo lo contrario.

 
Obviamente, la nueva clase trabajadora en el capitalismo neoliberal es radicalmente diferente a la constituida durante el patrón de acumulación industrial. No obstante, las notarías y efectivas diferencias que podríamos identificar entre una y otra, debemos aclarar que lo que permanece es su potencia social e histórica, por ende, política, dada su condición de clase. Pues, ésta, la clase, es la propia relación (por ejemplo, la relación capital-trabajo) y, de manera más específica una relación de lucha. En otras palabras, explica Gunn, lo anterior no quiere decir que las clases, como entidades sociales preestablecidas, entren en lucha. Más bien, la lucha de clases es la premisa fundamental de la clase. Aún mejor: la lucha de clases es la propia clase, o sea, la lucha de clases es intrínseca a la clase.

 
En consecuencia, ni la clase trabajadora, ni su lucha, han dejado de estar presente en la sociedad neoliberal. Su negación por parte de los sectores dominantes y de sus intelectuales orgánicos es la manifestación misma de su existencia. Nuestra posición que asume las premisas del marxismo crítico, considera que la relación de clases (digamos, la relación capital-trabajo) estructura la vida de diversos individuos (hombres y mujeres) de manera diferente. Esto significa que al interior de la sociedad capitalista las diferencias que existen entre los modos en que la relación capital-trabajo estructura la vida de los individuos son tanto cualitativas como cuantitativas. Este reconocimiento, implica que es un absurdo y teóricamente inútil buscar la existencia del trabajador puro o de la clase trabajadora pura. Cabe señalar que el propio Marx, lo descartó. La existencia del “trabajador” está dada por su condición de productor de plusvalía. Todo individuo (hombre o mujer) asalariado, es decir, el que percibe un salario por realizar cierta cantidad de trabajo, vive, por lo general, una vida escindida en y en contra de sí misma. Pues, la relación salarial es una forma burguesa y engañosa.

 
Tal como dice uno de nuestros epígrafes, aunque los pies de los individuos permanecen inmersos ya sea en la explotación o participando como “ciudadanos credicard” (Moulian, 1997) en los distintos mercados que ofrece la sociedad neoliberal, sea un “ciudadano consumidor- usuario o patrimonial” (Gómez Leyton, 2007) , aun cuando su cabeza y su existencia se desenvuelvan en las nubes ideológicas de la sociedad neoliberal, la línea de la lucha de clases seguirá recorriendo su existencia en cuanto productores directo de la plusvalía. La ciudadanía neoliberal es ante de todo “clase” trabajadora asalariada. En la sociedad neoliberal alcanza al 74% de la población activa económicamente.

 
La lucha entre el capital y el trabajo, o sea, la lucha de clases, es su forma neoliberal tiene directa relación no con el proceso de producción directa sino más bien con las formas de acumulación del capital. La disputa política no es solo por la plusvalía generada por las y los trabajadores en el proceso de trabajo sino también por apropiarse y administrar un porcentaje especifico del salario que perciben. En ese sentido las y los trabajadores en la forma capitalista neoliberal son doblemente expoliados y explotados.

 
Esta lucha la que cobra hoy una especial visibilidad. La ofensiva actual de la clase trabajadora tanto activa como pasiva manifestándose en contra del capital financiero y mercantil que maneja de manera especulativa sus fondos previsionales, representa y expresa, sin lugar a dudas, una rebeldía y una insubordinación del trabajo. Una manifiesta expresión del poder del trabajo.

 
En esa expresión se encuentra la potencia política del conflicto abierto por la clase trabajadora. Esa potencia está dada por la forma como fue operacionalizado, el sistema PSCI.
El sistema PSCI entrega y otorga, al contrario de lo que se podría pensar, un inmenso y extraordinario poder, hasta ahora inexplorado ni explotado social y políticamente, a la clase trabajadora.  A pesar de que el sistema PSCI fue ideado por los intelectuales orgánicos del capital como de la dictadura cívico militar, donde descolló el economista José Piñera entre otros, para favorecer directamente los intereses del capital nacional como internacional en contra de la clase trabajadora, al cabo de 35 años de funcionamiento, el poder, paradojalmente, lo detenta, aunque hasta ahora, virtualmente, la clase trabajadora activa.

 
El poder del trabajo al cual nos estamos refiriendo no tiene la misma relación con el poder al que hace alusión el periodista de CIPER Daniel Matamala.   Este siguiendo y asumiendo una perspectiva economicista e individualista propia de la cosmovisión neoliberal predominante. La base del poder, según Matamala es el dinero. Dice “el dinero es poder”. Por cierto, que ello es así. Pero, de acuerdo a lo expuesto más arriba la forma, el poder de la clase trabajadora no está en la cantidad de dinero que las y los trabajadores de manera individual o colectiva poseen o pueden disponer sino en el producir y generar plusvalía.

 
Matamala, con un sentido retorico, busca asimilar, el poder de los principales grupos económicos del país con el supuesto poder de las y los trabajadores. Para esos efectos, crea la ficción de que estos serían los dueños de los 171.089 millones de dólares que están depositados en las seis AFP. En verdad, las y los trabajadores considerados como sujetos individuales solo serían proporcionalmente dueños tan solo de unos 16.000 dólares. Considerando, un dólar a 650,00 pesos; cada trabajador de manera individual sería teóricamente dueño/propietario de unos 10 millones pesos. Frente a fortunas familiares (Luksic, Matte, Paulmann o Piñera) que superan los 2.000 millones de dólares. Las y los trabajadores, este supuesto “trabajador-propietario”, carece de todo poder. Los 16.000 dólares no le sirven de ninguna manera para influir como si lo hacen esas grandes fortunas. Tampoco es correcto sostener como lo hace Matamala que las y los chilenos (trabajadores) individualmente sean “dueños de buena parte de megaempresas como Cencosud, Colbún, Endesa, Enersis o CMPC”. Lo sostenido por Matamala no pasa de ser una ficción.

 
El poder de clase, o sea, colectivo y no individual, no está en la cantidad de dinero que las y los trabajadores logran capitalizar a lo largo del tiempo sino en la de ser productores directos (1) de plusvalía y (2) del ahorro previsional, el 10% de su salario mensual, que es apropiado por el capital. Este, el capital financiero y mercantil, depende de ambos factores. La suspensión de esa producción por parte de los trabajadores y no la participación de ellos en los directorios de las AFP desencadena la crisis no solo SPCI sino de todo el sistema capitalista neoliberal.

 
Esa es la potencia política e histórica anticapitalista de la demanda NO + AFP.