Riesgos del Trabajo: Un Decreto a medida de la necesidad de la UIA y la urgencia de la UART (agosto 2016).
Ha
tomado estado público el proyecto de un decreto “de necesidad y
urgencia” (DNU), aparentemente elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para introducir modificaciones en el actual sistema de Riesgos del Trabajo.
Así
como el actual gobierno intentó designar por decreto y “en comisión” a
dos miembros de la Corte Suprema, ahora pretende asumir facultades
legislativas pese a que el Congreso de la Nación está funcionando con
absoluta normalidad (ver art. 99.3 de la Constitución Nacional).
La
reiteración de comportamientos políticamente patológicos, claramente
autoritarios y contrarios a nuestra forma republicana de gobierno,
desnuda la ideología intima del elenco gobernante. Eso en cuanto a las
formas.
En cuanto al fondo, el
proyecto de DNU en sus considerados delata que la única preocupación de
sus autores es reducir la litigiosidad que afecta al sistema, que
supuestamente pone en peligro la tasa de ganancias de las ART e
incrementa los costos laborales de los empleadores. Nuevamente la SRT
actúa como guardia pretoriana del lucro de las aseguradoras,
despreocupándose por la suerte de las víctimas de los siniestros
laborales.
Ya hemos dicho en otras
oportunidades que la litigiosidad a la que alude este proyecto de DNU,
es consecuencia natural y lógica de la conflictividad que está en el
código genético del sistema, al poner como gestor del mismo a
aseguradoras con intereses opuestos a los de las víctimas.
El
eje de la proyectada reforma es obligar a los trabajadores a transitar
por las Comisiones Médicas, tratando de sortear los cuestionamientos
constitucionales que le ha hecho la Corte Suprema, a un procedimiento
kafkiano que pone a profesionales del arte de curar a resolver temas de
claro contenido jurídico, en un marco de enorme desigualdad en la
correlación de fuerzas entre las partes en conflicto. Médicos que,
además, en la mayoría de los casos ignoran los principios del Derecho
del Trabajo y los de la Seguridad Social.
Las
estadísticas oficiales demuestran que la inmensa mayoría de los
siniestros laborales se tramitan y finalizan en la ART, en una instancia
en la que ésta es juez y
parte, ya que, como se dijo, por tener fin de lucro tiene intereses en
pugna con los de los damnificados. Ella decide si acepta la denuncia y
la extensión de la cobertura; decisión condicionada por su natural
vocación por maximizar sus ganancias. Con este proyecto, a los
damnificados que minoritariamente pretendan cuestionar lo actuado por la
aseguradora les ponen una nueva valla: pasar obligatoriamente por las
Comisiones Médicas del sistema, las que históricamente han sido
funcionales al negocio de las ART. La intención es clarísima: alejarlos
de la Justicia.
Por otra parte,
establece restricciones inadmisibles en materia procesal, como es el de
que todas las medidas de prueba deban producirse en el lugar donde el
trabajador efectivamente preste servicios, constituyendo dicha previsión
una clara limitación a la amplitud probatoria a efectos de averiguar la
verdad material. Lo mismo, la exigencia que los peritos médicos de
oficio integren el cuerpo médico forense de la jurisdicción
interviniente. Más reprochable aún, que su costo pueda ser financiado
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
atentando claramente contra su imparcialidad. Constituyen previsiones
que violan el art. 14 bis CN y la tutela judicial efectiva de las
personas que trabajan.
El proyecto
de DNU está plagado de arbitrariedades, claramente perjudiciales para
los trabajadores, cuyo análisis excede el marco de este comunicado.
Nuestra Asociación simplemente pretende alertar a los operadores
jurídicos y a los actores sociales, sobre este nuevo parche que se
intenta aplicar al sistema de Riesgos del Trabajo,
cuya aprobación significará un evidente retroceso para los
trabajadores, y un avasallamiento a la forma republicana de gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario