“La detención de una líder indígena no puede leerse al margen de su rol en la sociedad”, dijo el relator del Comité de la ONU.
Otro
organismo de Naciones Unidas encargado de la protección de los derechos
humanos reclamó al Gobierno la liberación de la dirigente social
Milagro Sala. Se trata del Comité contra la Discriminación Racial de la
ONU (CERD), cuyos integrantes se reunieron ayer en Ginebra con el
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “La decisión (del Grupo
de Trabajo de Detenciones Arbitrarias) tiene que ser cumplida”, le dijo
al funcionario Pastor Murillo, el relator para la Argentina del Comité.
En la reunión de ayer en Ginebra, los expertos de la ONU,
representantes de organizaciones no gubernamentales y el Estado
argentino trataron la situación de los derechos humanos de las personas
migrantes y de los pueblos indígenas. El encuentro había empezado el
martes y aunque el tema no estaba formalmente en la agenda, ese día el
Comité preguntó por la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del
Parlasur. El gobierno dio su respuesta ayer. Avruj argumentó que
invitaron al Grupo de Detenciones Arbitrarias a visitar el país, al
igual que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la
OEA, organismo al que enviaron una respuesta escrita. Adujo que la
detención de Sala no está vinculada con que sea dirigente de un grupo
étnico, sino que es “por delitos de corrupción y violencia”. Y afirmó
que es un tema que se dirime en Jujuy. “Respetamos la autonomía de la
justicia provincial”, señaló. Agregó que de todas maneras el gobierno
tomó en cuenta lo que dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias y que estaban trabajando en eso. Murillo,
del CERD, fue muy claro al contestar al funcionario: “Entiendo la
posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder
indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad.
La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede
investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del
grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”. Luego, alentó al
Estado para que adopte medidas para la liberación de la dirigente
social.
“Si las invitaciones son para facilitar el cumplimiento de la
resolución, bienvenidas sean. Si son para dilatar o desviar el tema está
mal”, señaló a PáginaI12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS,
como respuesta a la estrategia planteada por el Gobierno luego de que el
Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamara
la “liberación inmediata” de Sala por considerar “arbitrario” su
arresto.
En un principio, el Gobierno buscó impugnar a ese organismo
argumentando que se trataba de una “simple opinión” y que los expertos
no habían evaluado todas las causas que existían contra Sala, cosa que
no era cierta. Algunos funcionarios con experiencia en el sistema
internacional de derechos humanos, como el secretario de derechos
humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, o el
representante de derechos humanos de Cancillería, Leandro Despouy,
creen que el reclamo de la ONU debe ser atendido y en corto plazo. Sin
embargo, no parecen estar ganando la pulseada interna. Avruj, el enviado
del Gobierno a Ginebra, está más cerca de la posición del gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales, quien espera que los expertos de Naciones
Unidas cambien su posición o, al menos, intenta postergar todo lo
posible la respuesta. “Es preocupante que la máxima autoridad en
derechos humanos responda que respeta la autonomía provincial ante una
evaluación de los derechos humanos de un organismo como el CERD”, afirmó
Chillier. Es que el estado nacional es el responsable y garante del
cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Y, de hecho, es el gobierno
de Mauricio Macri el que está pagando el costo político por mantener
presa a Sala. Al reclamo del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de
ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la
mención del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau se sumó ahora el
Comité contra la Discriminación Racial, también de la ONU.
“Estoy
acá como Abuela de Plaza de Mayo, en nombre de todas mis compañeras, y
voy a salir por el mundo a hablar de ella”, manifestó Estela de Carlotto
en una conferencia de prensa tras el encuentro que mantuvo con la
dirigente social jujeña Milagro Sala, detenida desde enero. Carlotto
visitó a Sala acompañada por Lita Boitano, presidenta de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni y otros
dirigentes de HIJOS y el titular de la CTA, Hugo Yasky. La presidenta de
Abuelas expresó haber sentido “una tristeza infinita” al visitar a
Milagro y a las otras cinco militantes de la Tupac Amaru detenidas en el
penal de Alto Comedero. Remarcó que se trata de mujeres “fuertes,
aguerridas” y que “son leonas que van a seguir luchando, como lo hemos
hecho nosotras”. Puntualmente sobre Sala, Carlotto dijo que “está fuerte
pero hay que sostenerla, la encontramos bien porque es una mujer muy
fuerte, pero es un ser humano y la fortaleza a veces se quiebra”.
También le apuntó al gobierno al reclamarle que cumpla la resolución del
Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y
criticó: “Nos ofenden diciendo que los desaparecidos son menos, que
somos un curro, que no se sabe en qué paredón están”.
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