En defensa del Fuero del Trabajo, del derecho protectorio y la
independencia del Poder Judicial, la Comisión Interna se hizo presente hoy una
vez más en el Consejo de la Magistratura a fin de manifestar nuestro
repudio y rechazó a los pedidos de juicio político impulsados desde el
Ministerio de Trabajo por el Gobierno Nacional contra los jueces Dr. Enrique
Arias Gilbert y la Dra. Graciela Marino. Tocado el punto del dictamen
elevado por la comisión de acusación, en una sorprendente maniobra tendiente a
seguir dilatando mediaticamente el procedimiento con el desempate de quien
ilegalmente ostenta el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura Dr.
Tonelli termino por tercera vez postergándose el tratamiento final. Los
trabajadores del fuero seguiremos alertas y movilizados a fin de garantizar la
independencia de criterio de nuestros jueces, y en contra de los pedidos de
juicio político a raíz del contenido de sus sentencia.
COMISIÓN INTERNA FUERO DEL TRABAJO – UEJN
Ante el nuevo ataque perpetrado por
autoridades nacionales contra reconocidos integrantes de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio
expresa su más profundo y enérgico repudio, y denuncia que la
reciente presentación efectuada por el Poder Ejecutivo ante el Consejo de la
Magistratura de la Nación, caratulada ‘Cañada, Juan Manuel
c/ Dres. Cañal, Diana y Raffaghelli, Luis’, constituye una grave
injerencia en el ámbito de la justicia del trabajo, que persigue, sin disimulo,
condicionar la labor de aquellos jueces que muestran independencia de criterio
frente al poder político, y compromiso con el imperativo constitucional que
erige al trabajador como sujeto de preferente tutela.
La acusación, formulada por funcionarios dependientes del
Ministerio de Comunicaciones, tiene por destinatarios a la Dra. Diana Cañal y al
Dr. Luis Raffaghelli, y está motivada en el contenido de la sentencia que
dictasen en la causa ‘Sapienza’, en oportunidad de integrar la Sala de feria de
la C.N.A.T., en enero de 2016. En la misma, se reconoció la competencia del
fuero del trabajo para intervenir en materia de despidos operados en el ámbito
del sector público, y se ordenó, a través de una medida cautelar y ante la
evidencia de encontrarse en presencia de un despido motivado en razones
políticas, la reinstalación provisoria de los trabajadores afectados por la
medida patronal discriminatoria.
La materia, conforme se advierte, no es ajena al interés de la
actual gestión de gobierno, que ha llevado a cabo una drástica reducción de la
dotación de personal en distintas reparticiones estatales, que se tradujo en la
expulsión de miles de trabajadores del sector público que, más allá de falacias
discursivas, fueron sacrificados en aras del ajuste, de la reducción del gasto y
de la eliminación de políticas y programas gubernamentales de carácter
inclusivo, paridos al amparo de la anterior administración.
Por su inocultable semejanza, la actual denuncia remite
necesariamente a la que hace poco más de tres meses tuviese lugar, también ante
el Consejo de la Magistratura y a instancias del Ministro de Trabajo de la
Nación, que atribuyó mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e
incumplimiento de la Constitución Nacional a los Dres. Enrique Arias Gibert y
Graciela Marino, que integran la Sala V del fuero.
En aquel entonces, la agraviante descalificación hacia los
magistrados vino de la mano de lo resuelto en autos ‘Asociación Bancaria c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social y otros s/ medida cautelar’, en donde los jueces instaron al
cumplimiento de un acuerdo salarial firmado entre el sindicato y las cámaras del
sector bancario. El mismo, cabe recordar, excedía el techo salarial que había
delineado la cartera laboral, en burda intromisión en materias ajenas a su
competencia.
Lo propio vale decir de la denuncia efectuada contra la Dra. Mirta
Gonzalez Burbridge, titular del Juzgado Nacional de 1era. Instancia del Trabajo
N° 13, en razón del voto en el que dispuso la reinstalación de un trabajador
perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, que había sido privado de su
empleo en forma manifiestamente irregular.
La reiteración del accionar gubernamental da cuenta de la
instauración de una práctica preocupante, de inusitada gravedad institucional y
sin antecedentes en el período democrático, donde el Poder Ejecutivo Nacional se
ha constituido en una suerte de policía del pensamiento, que persigue a los
jueces por el contenido de sus sentencias, especialmente cuando los
pronunciamientos dictados, no obstante encontrar sólido basamento en la
normativa de aplicación, no se adecúan los lineamientos político-económicos
definidos por la coalición gobernante.
La denuncia contra Raffaghelli y Cañal debe, a su vez,
necesariamente vincularse con el fallo dictado por la Corte Suprema de la Nación
en el marco de la misma causa ‘Sapienza’, que dejó sin efecto el pronunciamiento
de la Cámara del Trabajo y estableció que los juicios por despidos en el Estado
no deben tramitar en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos por jueces
con competencia en lo contencioso administrativo federal.
La doctrina sentada por el Máximo Tribunal, tristemente célebre por
su reciente intento de garantizar la impunidad de los genocidas de la última
dictadura militar mediante la aplicación de la derogada Ley 24.390, supone en la
práctica que los trabajadores públicos despedidos, que en su gran mayoría se
encontraban vinculados a la Administración por contratos precarios, deban
cuestionar su despido ante tribunales no versados en materia laboral ni imbuidos
en los principios propios del Derecho del Trabajo, y bajo un régimen de
procedimientos destinado a regir relaciones entre iguales, es decir, que
prescinde de un elemento fundamental en materia laboral, como lo es la
desigualdad fáctica entre las partes.
Desde esta perspectiva, tampoco puede omitir considerarse que el
Consejo de la Magistratura, que por mandato constitucional tiene a su cargo la
selección de los magistrados, ejerce facultades disciplinarias sobre los mismos
y decide la apertura del procedimiento de remoción de jueces, ha sido objeto de
un virtual copamiento por parte del Poder Ejecutivo, que recurriendo a distintos
artilugios y con el auxilio de un sector del poder judicial, ha alterado
ilegítimamente, en su beneficio, la representación de la oposición en el
organismo.
En igual sentido, cuadra subrayar que esta nueva intromisión del
Poder Ejecutivo, ha de leerse en clave con el intento de traspasar la Justicia
Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las
declaraciones formuladas en medios periodísticos por el primer mandatario, que
amén de atribuir a los trabajadores una propensión al incumplimiento de deberes
contractuales, reclamó públicamente a los jueces del fuero equilibrar decisiones
que, en su criterio, afectan en demasía los intereses de los patrones.
Resulta evidente que la descalificación del mundo del trabajo en su
conjunto, hoy personificada en magistrados de nutrida e intachable trayectoria
en la disciplina, en modo alguno constituye un hecho aislado o un simple exceso
de un funcionario desvelado y con supina ignorancia de los principios más
elementales del Derecho Constitucional. Antes bien, nos encontramos en presencia
de un plan cuidadosamente elaborado desde las máximas esferas del poder político
y económico, destinado a acallar las voces institucionales que puedan suponer un
freno al desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
desnudando una práctica cuyo autoritarismo rememora las épocas más oscuras de
nuestra historia.
En este complejísimo escenario, desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio rechazamos enfáticamente la implementación de políticas económicas en pugna con el programa social constitucional, y destinadas a garantizar la rentabilidad empresaria a expensas de la pérdida de derechos de los sectores más postergados, y convocamos a todos los actores sociales comprometidos con la defensa de los trabajadores y trabajadoras a aunar esfuerzos y a trabajar en forma articulada, para frenar el intento gubernamental de instaurar una justicia laboral dócil y a
la medida de las corporaciones económicas.
CORRIENTE DE ABOGADOS LABORALISTAS 7 DE JULIO
UNA NUEVA INJERENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA
JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO.
En un nuevo capítulo de la política de ataque
sistemático a la Justicia Nacional del Trabajo y al derecho protectorio de los
trabajadores, el gobierno nacional acaba de impulsar una denuncia contra los
jueces de cámara, Dra. Diana Cañal y Dr. Luis Rafaghelli.
La acusación, formulada por funcionarios
dependientes del Ministerio de Comunicaciones, está motivada en el contenido de
la sentencia dictada en la causa: “SAPIENZA, MATIAS EZEQUIEL Y OTROS c/
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL Y OTRO s/ACCION DE
AMPARO”, por la sala de feria en enero de 2016, integrada por los magistrados
mencionados. En el fallo, motivo de la denuncia, se reconoció la competencia del
fuero del trabajo para intervenir en materia de despidos operados en el ámbito
del sector público y se ordenó haciendo lugar a la medida cautelar incoada y
ante la evidencia de tratarse de un despido motivado en razones políticas, la
reinstalación provisoria de los trabajadores afectados por la
medida.
Posteriormente, la Corte dio vuelta el
fallo y ordenó la tramitación de la causa por ante la Justicia Federal en lo
Contencioso Administrativo.
Inscribimos la conducta denunciante del
Gobierno Nacional en la indisimulable política de avanzar sobre la
justicia laboral en todos los terrenos, ya sea en el ataque frontal contra su
magistratura, en su desguace vía el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires o en
las reformas al derecho protectorio de los trabajadores.
El presidente de la Nación no ha ahorrado
palabras desde su asunción para acometer contra nuestro fuero. Se trata de una
ofensiva directa destinada a condicionar mediante la amenaza a la magistratura,
la protección jurídica de los trabajadores. Estamos frente al interés por
aplicar los retrocesos que en materia de derechos le hacen falta para la
aplicación de las políticas de ajuste y entrega en marcha.
Tal cual ya lo hiciéramos con motivo de los
juicios políticos impulsados desde el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de
la Nación contra los jueces, Dra. Graciela Marino y Dr. Enrique Arias Gibert,
repudiamos y rechazamos este nuevo intento del gobierno nacional que mediante
este tipo de maniobras pretende instalar el terror entre los magistrados,
funcionarios y empleados de nuestro fuero y condicionar la independencia
de la Justicia Nacional del Trabajo.
Esta mañana cuando esperábamos que de una vez
por todas el Consejo de la Magistratura decidiera el rechazo al pedido de juicio
político contra Marino y Arias Gibert, en una nueva maniobra tendiente a
mantener la amenaza latente contra quienes tengan la osadía de fallar conforme a
derecho y ajustado a un criterio jurídico independiente, la mayoría automática
del Consejo de la Magistratura decidió postergar su dictamen final.
Los trabajadores de la Justicia Nacional del
Trabajo, mantendremos firme y en alto los principios que dieron lugar a la
creación de nuestro fuero y con ellos la defensa del derecho protectorio y
exhortamos a toda la ciudadanía a tomar conocimiento de este nueva injerencia
del Poder Ejecutivo y denunciar lo que haya que denunciar sin miedos y con el
único propósito de garantizar la independencia de la justicia.
29/05/17
Cristian
Carro
Secretario
General
Diego González
Secretario de Prensa
COMISIÓN INTERNA DEL FUERO DEL TRABAJO
-UEJN-
Adhesión de la "Asociación
de Investigación estudio y difusión del Derecho Laboral Prof. Dr. Camel Rubén
Layún"
La “Asociación de investigación, estudio y difusión del
Derecho Laboral Prof. Dr. Camel Rubén Layún” de la Ciudad de Chilecito
(Provincia de La Rioja), adhiere -y hace suyos en todos sus términos- a la
expresión de solidaridad con los Dres. Diana Cañal y Luis Raffaghelli emitida
por la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) el día 29 del
corriente mes y año.
Compartimos la preocupación, el alerta, la gravedad de su
motivo y la exhortación a mantener la autonomía de los jueces laborales dentro
del amplio marco normativo que rige su función, expresadas por
ANJUT.
Consideramos que el propósito de esta adhesión solo puede
cumplirse en plenitud en la manifestación de su motivación, complementándola con
la íntegra transcripción del comunicado de ANJUT, la que se efectúa a
continuación.
Argentino Pedro
Braga
Arturo Ochova
Presidente
Secretario
Adhiero plenamente. La independencia de la JUSTICIA no debe
ni hay que permitir que sea avasallada
Mariano J. Andino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario