Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un
informe regional
sobre la violencia y otras vulneraciones a derechos de las que son
víctimas las niñas, niños y adolescentes en contextos en los cuales
opera el crimen organizado y grupos violentos o dedicados a actividades
delictivas. El informe identifica los principales factores que inciden
en que esta sea la región con los mayores índices de violencia en el
mundo y se centra, fundamentalmente, en analizar el modo en cómo las
niñas, niños y adolescentes se ven afectados por diversas formas de
violencia en sus comunidades, en particular por actos procedente de
personas vinculadas a grupos delictivos aunque también por acciones de
agentes del Estado.
Las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores
de preocupación en la región que conllevan graves vulneraciones a los
derechos humanos de las personas. La opinión pública con frecuencia
asocia estos contextos con los adolescentes, a quienes responsabiliza en
gran medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas
comunidades. La atención se centra especialmente en los adolescentes
varones de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos
tradicionalmente excluidos y discriminados, quienes cotidianamente son
estigmatizados y señalados como “potenciales peligros sociales” que
deben ser controlados. Sin embargo, tal y como la CIDH lo expone en el
informe, la realidad difiere de estas percepciones y es mucho más
compleja. Las niñas, los niños y los adolescentes de hecho representan
uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y
vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar del crimen
organizado y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter
represivas.
Los habitantes de algunas comunidades sufren con mayor intensidad el
flagelo de la violencia. Las zonas especialmente afectadas son los
barrios menos desarrollados, con acceso limitado a servicios básicos,
falta de oportunidades y con una escasa implantación del Estado. Son
zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen
garantizados sus derechos debido a situaciones estructurales de
marginación y exclusión social. Estos factores facilitan el surgimiento y
la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de
organizaciones criminales. En adición, los importantes réditos
económicos asociados al mercado ilegal de las drogas han contribuido de
modo destacado a la expansión de grupos criminales que compiten por este
mercado y sus beneficios, lo cual ha desencadenado espirales de
violencia por enfrentamientos entre grupos criminales y con las fuerzas
de seguridad del Estado. El fácil acceso a las armas de fuego, y el
elevado número de ellas en manos de particulares, contribuyen a agravar
el clima existente de inseguridad y la violencia.
En el informe la CIDH constata con profunda preocupación que las
condiciones en las que viven las niñas, niños y adolescentes en estos
contextos pueden llegar a ser abrumadoras. Muchos de ellos sufren
situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares,
comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de
la policía. La calidad educativa es deficiente y existen muchos
obstáculos para el acceso a niveles de educación superior asicomo para
acceder a oportunidades laborales y a un empleo digno. Muy a menudo los
niños y los adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que
colaboren con estas organizaciones; otros adolescentes se acercan a
estos grupos en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y
sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener.
Una vez dentro de estas estructuras son utilizados y explotados por los
adultos para una amplia gama de acciones, desde la vigilancia, el
traslado y venta de drogas, robos, extorsiones, secuestros, así como
para la realización de otras actividades violentas relacionadas con el
mantenimiento de los intereses de los grupos criminales. Las niñas y las
adolescentes, en particular, son las principales víctimas de violencia
sexual y de la trata con fines de explotación sexual. Los adultos los
usan como elementos descartables e intercambiables en las estructuras
criminales, el último eslabón de la cadena, siendo la edad promedio de
captación a los 13 años.
Las respuestas de los Estados frente a estos desafíos se basan
primordialmente en políticas fuertemente centradas en los aspectos de
control coercitivo por las fuerzas de seguridad y de represión punitiva a
través del sistema penal. El común denominador de las estrategias de
seguridad en la región ha sido la atribución de mayores competencias a
las fuerzas de seguridad del Estado aunada a una progresiva
militarización de la policía y sus operativos así como a la
participación del ejército en acciones de seguridad ciudadana.
Sin embargo estas estrategias no han contribuido a reducir
significativamente el clima de inseguridad, por el contrario, muchos
países han experimentado un recrudecimiento de la violencia además de
reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En el presente informe
la CIDH muestra su preocupación por las elevadas cifras de detenciones
arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, tratos
crueles, inhumanos y degradantes, inclusive ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas, así como la lentitud en su investigación y el
nivel de impunidad en que quedan estos actos. Debido al estigma social
hacia algunos adolescentes de determinados grupos sociales, éstos son
frecuentemente las víctimas de estos abusos y arbitrariedades. Entre las
situaciones detectadas, la CIDH ha observado que la aplicación del
delito de “asociación ilícita” o de “pertenencia a grupo criminal” ha
incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes en
base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a
una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de
un delito. Las actuales políticas de drogas también han contribuido a
elevar el número de niños y adolescentes privados de libertad por
delitos de micro-tráfico y posesión de pequeñas cantidades de drogas. En
varios países de la región se observa una sobrerrepresentación de los
adolescentes pobres, afrodescendientes y los pertenecientes a minorías,
entre las personas detenidas por la policía. La persecución de los
delitos de “asociación ilícita” y de los delitos de drogas han
conllevado además a que en la práctica se haya elevado el número de
detenciones preventivas y su duración debido a la saturación del sistema
judicial.
Por otro lado, los Estados de la región priorizan las respuestas
retributivas y penalizadoras hacia los adolescentes en conflicto con la
ley penal, siendo el encierro la medida más extendida. La respuesta de
los Estados se ha caracterizado por propuestas de reducción de la edad
de responsabilidad penal para los adolescentes, en algunos casos desde
los 12 años, y el alargamiento de las penas. En la práctica puede
implicar que aquellos pasen encerrados toda su adolescencia, fase
crucial para su formación, crecimiento y desarrollo personal. A lo
anterior se le agrega que los centros de privación de libertad, los
cuales mayoritariamente se encuentran en condiciones alarmantes en
términos de seguridad, salubridad y hacinamiento, se han convertido en
factores adicionales de vulnerabilidad y de exposición a la violencia y
al crimen para los adolescentes, lo cual solo lleva a profundizar y
robustecer el problema que se busca solucionar. La CIDH reitera en el
informe que las medidas tendientes a responsabilizar a los adolescentes
por sus actos deberían basarse principalmente en un modelo de justicia
restaurativa y medidas socio-educativas que tenga como objetivo la
rehabilitación y la reinserción social del adolescente.
A juicio de la CIDH, las actuales políticas buscan mostrar resultados a
corto plazo pero no logran abordar adecuadamente las causas
estructurales ni se enfocan suficientemente en la prevención, o en
programas de inversión social y promoción de derechos. Son políticas que
no toman en cuenta las consecuencias específicas de estos contextos
para los y las adolescentes quienes se encuentran en una especial
situación de vulnerabilidad y desprotección que los expone a ser
captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse a
actividades violentas y delictivas, y a ser víctimas de ellas.
El informe concluye con una serie de recomendaciones a los Estados para
hacer frente a la violencia y la inseguridad a través de políticas
públicas que tengan un carácter integral y holístico y que consideren la
centralidad de los derechos humanos y garanticen efectivamente la
vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan sus países de origen o residencia.
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