Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.
LA SOMBRA DE OTRA EMPRESA FANTASMA -OPALSEN SA- EN EL CLAN MACRI EN URUGUAY
La causa se inició en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina (Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica), le vendía autopartes a Sevel Uruguay, es decir que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.
Sobreseídos por la Corte de la “mayoría automática”, Franco Macri y su hijo (el presidente) Mauricio Macri, habían sido procesados en 2001 por el contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen S.A.
La causa se inició en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina (Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica), le vendía autopartes a Sevel Uruguay, es decir que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.
Según los datos surgidos en la investigación judicial, las primeras operaciones se hicieron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina eran luego reingresadas en el país.
Las compraban y también las vendían Sevel Argentina, Sevel Uruguay y Drago SA, una supuesta controlada del grupo Macri.
Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.
En su defensa, Macri argumentó que “me parece una decisión poco feliz que lleguen a procesarme por esto.
Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado”.
Para llevar adelante la importación, los involucrados apelaron al régimen de “importaciones por particulares”, que regulaba el Decreto 2677/91.
Ese régimen es el que autorizaba a importar a personas físicas o ideales, en forma particular, los mismos tipos de automotores producidos o importados por las terminales automotrices radicadas en la Argentina.
En total se estimó que fueron 1936 automóviles los que ingresaron con el presunto delito de contrabando, agravado por la intervención de tres o más personas, lo cual configuraba la calificación de delito complejo.
Para llevar adelante la maniobra, se había usado de pantalla a la empresa uruguaya Opalsen S.A., una controlada de Sevel Argentina.
En la causa se determinó que buena parte del directorio de Sevel figuraba en la nómina de Opalsen.
Por otra parte, Sevel S.A. tenía participación mayoritaria en el paquete accionario de Opalsen.
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