La deuda sobre la deuda
Con el pago a
los fondos buitres, avalado por el Parlamento nacional, el Estado
incurrió en un nuevo fraude para con la sociedad argentina.
Endeudamiento público, ajuste y violencia son palabras que explican lo
que pasó y estructuran el otro debate: el de la necesidad de suspender
los pagos e investigar la deuda externa.
Por Julio Gambina – Ilustraciones: Kundo Krunch
Con el acuerdo del Parlamento argentino
para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos
buitre”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.
El monto en cuestión suma 12.500
millones de dólares, que es el monto estimado para cancelar en efectivo a
los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos
de la deuda pública. Así, el stock de deuda pública de la Argentina
alcanzaría los 300.000 millones de dólares. El argumento gubernamental
es que cerrando el default incurrido desde 2001, se habilita a nuevas
rondas de préstamos. En ese sentido, vale afirmar que esa situación
agravará la hipoteca que pende sobre nuestro pueblo.
Los especuladores financieros (buitres)
compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y
ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada
título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una
estafa gigantesca. Una estafa convalidada bajo un gobierno
constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos
gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública
surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura
genocida.
En rigor, se viene escamoteando la
investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de
pago soberano, ahora derogada a petición de la justicia de EEUU y los
organismos internacionales del sistema financiero mundial. Solo así se
podía habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York.
La comisión bicameral de investigación de la deuda que establecía la ley
de pago soberano, incumplió con la presentación de un informe a fines
del 2015, aun cuando, sin debate en el Congreso argentino, un informe
fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Es importante señalar que nuestro país
legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y al mismo
tiempo se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de
la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros
procesos judiciales en curso. Ahora se celebra el fin del default
asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de
un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución,
intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que
usufructúa el trabajo social.
Es curioso como ayer, con el
kirchnerismo en el gobierno, se celebraba el desendeudamiento y ahora se
continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos recurrentes de
la “alegría” para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la
independencia. Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán
recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación,
salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas.
Deuda y ajuste caminan juntos
La nueva deuda es una de las caras del
ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al
consenso de toda la población, por lo que ganar en conciencia social
movilizada para suspender los pagos supone un camino alternativo, y
claro, mientras se audita la deuda, los pagos deben suspenderse. El
partido de la deuda avanzó en el Parlamento para convalidar la estafa de
los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando
los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña
de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.
La dependencia económica y política es
evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos
públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo
menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una
profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego
de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una
consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de
la deuda. Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados
parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional
de la Argentina diseñada desde Wall Street.
Fue curioso escuchar en la ronda de
expertos sobre el acuerdo parlamentario, tanto en la Cámara de
Diputados, como en la de Senadores, como los apologistas del mercado, la
negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas
a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y
prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los
representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades
bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores
en estos ámbitos en que se define la especulación local.
En sentido contrario, hace muy pocos
días, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al
9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del
financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de
lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la
toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del
costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es
que aun con el acuerdo parlamentario existe la probabilidad de
continuidad de litigios contra la Argentina, lo que supone elevadas
tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados
del partido de la deuda.
Resulta evidente que solo son hipótesis
infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa
seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo,
ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la
crisis fiscal y resolver, vía endeudamiento, la disputa de consenso ante
un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que queda claro en
las reuniones del presidente con los gobernadores, empresarios y
sindicalistas que a cambio de ciertas concesiones corporativas, promueve
el consenso político a una gestión de ajuste y endeudamiento con
severas consecuencias regresivas para la mayoría de la población. Los
gobernadores reciben promesas de anticipo de fondos de coparticipación a
cambio del disciplinamiento de sus legisladores provinciales. A los
empresarios les libera las condiciones de mercado para mayor
rentabilidad vía incremento de precios. A la burocracia le transfiere
recursos de la seguridad social para contener el conflicto. Todo para
lubricar en la burocracia política, empresarial y sindical el apoyo al
ajuste y al endeudamiento.
El programa de máxima es la liberalización
No se trata de deuda o ajuste como
sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se
descarga sobre la mayoría empobrecida del país. La convergencia de ambas
cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y
del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva
que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016.
La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia
de las diferentes centrales sindicales en la perspectiva de una
protesta, que no solo involucra al salario y las negociaciones
colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las
ganancias, los despidos y suspensiones, como los ingresos derivados de
la política social.
El problema es la dispar evolución de
los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en
proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios
aumentaron 11,9% entre enero y marzo del 2016. La proyección anual
dispara un 35% y con la aceleración de abril, del 6 al 8%, el guarismo
puede superar el 40%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de
cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de
tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier
opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y
la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.
Vale mencionar que la dupla ajuste y
mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es
una condición para incorporar al país a las negociaciones de los
tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del
Pacífico y el Tratado Transpacífico –TPP-, instrumento de
reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por
el Mercosur desde Argentina en 2005. La inserción en esa lógica de
libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para
mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas
en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los
inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza
la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar
el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el
escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula
secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.
Contrario a lo que algunos pueden
pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno de
Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran
capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que
lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por un nuevo y
mayor endeudamiento externo, y ante el conflicto, represión y protocolo
de seguridad.
Nueva deuda para pagar la vieja
El Parlamento de la Argentina autorizó
al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones
de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que se
destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía,
Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000
millones de dólares.
En rigor, los acuerdos negociados a
cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los
10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en
cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la
totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios
del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio
kirchnerista.
Queda claro que ese amplio espectro
político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de
hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre
2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente
la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por
Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa
sentencia judicial se prueba el carácter fraudulento de la deuda. La
diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por
un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero,
hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la
continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrán
crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se
ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y
buitres. Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la
autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda”
serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que
comparten las provincias y la Nación.
Vale mencionar sobre el partido de la
deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre
acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social
con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos,
pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de
las clases dominantes. En rigor, el camino del endeudamiento público
asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja las posibilidades de
satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a
satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se
acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital
para reincidir en el cuento de nunca acabar, con una deuda vieja que se
recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos
futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud,
educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.
Casi 27 millones de dólares se pagarán
en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche
Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones
de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el
armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los
otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial. Casi siempre
se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del
negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la
circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema
financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la
Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva
oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.
El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los
acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las
cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de
políticas de Estado.
La tasa de interés que alegra al equipo
económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es
usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región
se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas
superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente
pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado. El paquete de
bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con
títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte
importante del trabajo social local al pago de intereses y la
recurrente renovación del capital.
¿Qué hacer?
Se trata de una gigantesca bola de nieve
que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo
de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años. La deuda tiene
que ser investigada, y mientras suspender los pagos.
Hay que seguir argumentando a favor de
la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos.
Algunos preguntan si eso es posible y hay sobrados elementos para creer
que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino
acreedor de una deuda varias veces cancelada.
Fue la deuda uno de los mecanismos para
favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre
comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más
concentrados.
En el origen está la violencia de la
deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los
derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de
la mayoría de la población.
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