La Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía
Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y
el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET), nucleadas en
la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia
(ICCSI) y acompañados por la
Asociación Pensamiento Penal y Poder Ciudadano presentamos una impugnación (
aquí)
a los nombramientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como
director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Los pliegos de ambos serán tratados esta semana por la Comisión de
Acuerdos del Senado de la Nación en el marco de una reunión a la que han
sido invitados los candidatos, pero sin la participación de la sociedad
civil porque el reglamento no exige que se realice una audiencia
pública. Por ese motivo, además de la impugnación, hemos presentado un
pedido al presidente de la Comisión, Senador Rodolfo Urtubey, para que
convoque a una audiencia pública (
aquí).
Los argumentos para impugnar a los candidatos propuestos por el Poder
Ejecutivo para dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional se agrupan en
dos ejes: en el análisis de sus perfiles a partir de los antecedentes
que presentaron, los datos que surgen de revisar sus actividades previas
y las causas judiciales en las que se encuentran involucrados; y, por
otro lado, en las decisiones que Arribas y Majdalani tomaron desde que
fueron nombrados en comisión en sus cargos.
Llama la atención que ni Arribas ni Majdalani tienen la formación ni la
experiencia profesional adecuada y necesaria para desempeñar los cargos
para los que se los propone. No han acreditado conocimientos específicos
en cuestiones de inteligencia, seguridad, defensa o cualquier otra
materia relacionada. Al mismo tiempo, tanto Arribas como Majdalani
cuentan con numerosas denuncias judiciales y antecedentes que requieren
una investigación seria antes del análisis de sus pliegos por parte de
la Comisión y antes de que las y los senadores sean convocados a prestar
su acuerdo.
Destacamos que los dos candidatos omitieron información muy relevante
sobre su actividad privada y la que aportaron fue imprecisa e
insuficiente para certificar los pocos antecedentes que consignan,
soslayando el mecanismo establecido por ley para que los senadores
puedan analizar sus postulaciones. Ambos candidatos ocultaron
significativas participaciones en sociedades empresarias; antecedentes
de ejercicio de cargos directivos que seguramente hubieran sido
subrayados si la postulación fuera para cualquier otra institución.
Cualquiera fuera el motivo, el ocultamiento es alarmante por sí mismo.
En el caso de Arribas, cuestionamos su perfil para estar al frente de la
AFI porque lo único que explica su nombramiento es la relación de
confianza con el Presidente de la Nación cuando su trayectoria privada
ha sido en el negocio del fútbol a través de la participación en
sociedades anónimas dedicadas a la compra venta de jugadores de fútbol.
Arribas ha sido investigado por irregularidades relacionadas con esta
millonaria actividad económica que es considerada por el GAFI, como una
de las que facilita el lavado de activos y la evasión fiscal, mercados
ilegales que la AFI debe investigar. No parece razonable poner al frente
del órgano rector del Sistema de Inteligencia a quien tiene vínculos
sospechados con esos mercados caracterizados por el flujo ilegal de
dinero.
En el caso de Majdalani, señalamos su pobre desempeño como integrante de
la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso de la Nación. Durante los tres años que ocupó
la vicepresidencia de la Comisión fiscalizadora, Majdalani no hizo nada
para controlar el funcionamiento del aparato de inteligencia, aún luego
de que estallara la crisis del sistema a fines del 2014. Tampoco fue
permeable a los pedidos de información ni abrió canales de acceso sobre
las actividades de control de la Comisión cuando desde la ICCSI se
requirió información tan elemental como la cantidad de reuniones
realizadas en un año parlamentario. La Comisión se caracterizó por una
total inacción. Nada sugiere que Majdalani vaya a ejercer ahora con
seriedad la dirección del aparato de inteligencia cuando ni siquiera
mostró iniciativa para controlarlo. Además, es de público conocimiento
que Majdalani mantiene vínculos personales con cuestionados ex
integrantes de los servicios de inteligencia que explican su permanencia
en ese sector. Y, como si fuera poco, también ha sido denunciada a lo
largo de su actividad pública en distintas causas judiciales que
detallamos en la presentación, algunas vinculadas con su participación
en sociedades comerciales que no fueron informadas en su CV.
Desde diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo ha tomado decisiones que
lejos de tender hacia la democratización y transparencia del
funcionamiento de los órganos de inteligencia han retrotraído los
avances que, tardíamente y en el plano normativo, habían comenzado a
ocurrir en 2015. El gobierno nombró a estos dos candidatos en Comisión y
envió los pliegos para su acuerdo recién siete meses después de
haberlos designado. Luego, sin fundamentos, derogó la estructura
orgánica, los regímenes profesionales y el régimen de registro y control
del uso de los fondos reservados de la AFI y hasta el momento se negó a
informar con qué lo reemplazó, reeditando la “disciplina del secreto”
para cuestiones que no deberían serlo. Al mismo tiempo, traspasó por DNU
el sistema de escuchas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Estas medidas fueron tomadas durante la gestión, en comisión,
de Arribas y Majdalani. Además, se conoció la contratación de personas
en cargos clave vinculadas a gestiones muy cuestionadas de la ex SIDE y
que indicarían un reacomodamiento del status quo. Estas medidas están
lejos de representar los cambios que requiere una nueva
institucionalidad y matriz de funcionamiento del sector inteligencia en
nuestro país.
Como hemos visto en los últimos años, la oscuridad y ausencia de
control; la falta de transparencia del uso de los fondos y las redes
entre servicios de inteligencia, sectores del poder judicial y del poder
político sólo tienen consecuencias negativas para el funcionamiento del
Estado de derecho. Así se comprueba al analizar la participación de los
servicios de inteligencia en gravísimos hechos de la historia reciente
como el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por lo tanto, la
democratización de este sistema es un proceso impostergable con el que
deben comprometerse todos los actores políticos.
En el control de idoneidad de quienes estarán a cargo de la AFI está en
juego una parte importante de lo que ocurrirá en los próximos años con
la gestión del sistema de inteligencia. La idoneidad no puede basarse
únicamente en la confianza personal del Presidente de la Nación o en las
afinidades partidarias. Puede abarcarlas pero no agotarlas. Por eso
debe ser inadmisible para el Senado la falta de información en los
pliegos de los candidatos. El sistema de inteligencia que nuestro país
necesita requiere profesionales calificados que puedan demostrar su
compromiso con los valores democráticos, con estándares de transparencia
y acceso a la información y el respeto de los derechos humanos. No es
el caso de ninguno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, motivo
por el cual solicitamos que las y los senadores realicen una evaluación
sustantiva de los perfiles de los candidatos, investiguen sobre la base
de la información aportada y no les brinden el acuerdo solicitado.
![["Asociación Pensamiento Penal"]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEgnI8Q0lYbM9HVP5_VRS6MXpC4G-JBKWAI5O52nPWjTgu4i1705Xm2QkCbTOPmSQuE-0JT-jUQtxZnfiQ2VXUwGPrVTEqPFkoSYzYOwHdM0NiepVlyG5pJ_GUBfyUST42yViVxWbwCKs7ifF3vtnXfq9g=s0-d-e1-ft)
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