Altas autoridades de Derechos Humanos de provincias
argentinas expresan su enérgico repudio por el hecho intimidatorio
sufrido por la abogada querellante en juicios de lesa humanidad en la
provincia de Tucumán, Dra. Laura Figueroa.
Tanto la irrupción en su domicilio particular y estudio, a
plena luz del día, como la persecución intimidante vehicular cuando
regresaban miembros de organismos de Derechos Humanos, luego de participar del acto de homenaje al militante catamarqueño Juan Carreras,
desaparecido, que fuera encontrado y reconocido hace pocos dias en el
"Pozo de Vargas", sitio ubicado en la periferia de la ciudad de
Tucumán, donde desde hace tiempo, con el gran aporte de un Equipo de Antropólogos se viene reconociendo a muchísimas victimas del terrorismo
de Estado, constituye una clara manifestación de hostigamiento e
intimidación al compromiso y las politicas de Estado, de Memoria, Verdad y Justicia.
Parece que estas oscuras fuerzas del pasado de
terror aparecen cuando desde expresiones de figuras del gobierno
nacional, incluido el presidente de la Nación, se ponen en duda los
fundamentos que dieron consistencia juridica y politica a los
juicios que nos permiten combatir la impunidad y el olvido del
terrorismo de estado en la argentina.
Con nuestro repudio, vaya también nuestra solidaridad con la
Dra. Figueroa, y el firme reclamo de investigación, esclarecimiento y
sanción a los responsables, y garantías plenas para continuar y
profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Hugo Figueroa, Santiago del Estero
Delfor "Pocho" Brizuela, La Rioja
Hernán Velardez Vaca, Catamarca
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Noticia sobre el hecho:
ATENTADO
Una patota causó destrozos en la casa de una abogada de Derechos Humanos
Laura Figueroa, querellante en causas por delitos de lesa humanidad, denuncia que fue un ataque intimidatorio. Volvía de Catamarca, de participar de un acto por la restitución de los restos de un desaparecido, hallado en el Pozo de Vargas.
Seis hombres, a cara descubierta y a plena luz del día, ingresaron en la
casa de Laura Figueroa, conocida querellante en causas por delitos de
lesa humanidad y causaron destrozos, sin que haya indicios de robo. La
abogada denunció que los desconocidos barreteraon la reja, reventaron la
puerta de entrada, revolvieron armarios y cajones en distintas
habitaciones y en su estudio. Todo esto ocurrió ayer a la tarde, según
el testimonio de vecinos que, alrededor de las 18, vieron que los
atacantes salían de la vivienda, cargando dos mochilas. Cuatro de ellos
se subieron a un Peugeot 307, verde, y otros dos, a una moto.
Mientras esto ocurría, la abogada estaba viajando de regreso a Tucumán, desde la localidad de Belén, en Catamarca, donde había participado de un acto homenaje al militante del PRT Juan Carreras, cuyos restos fueron reconocidos recientemente en el Pozo de Vargas.
"No es un ataque azaroso ni aislado. Mientras esto ocurría en mi casa, a los que volvíamos desde Catamarca nos siguió, primero, una camioneta de Gendarmería y luego un vehículo 4x4. A otra compañera, hace unos dias, volviendo de Capilla del Rosario, se le cruzó una camioneta en el camino", denunció la abogada.
"Este es el tercer atentado en mi casa, vinculado con la causa Pozo de Vargas, en la que todavía soy representante de numerosas causas", alertó. Por ello, dijo, ya realizaron la denuncia "in voce" ante el fiscal Pablo Camuña, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán. "Consideramos que se trata de un acto de violencia con un objetivo amenazante, destinado no sólo a mí sino a un colectivo, por lo que corresponde a la jurisdicción tanto de la Justicia provincial como Federal -añadió-. Queda en sus manos ver cómo actuarán".
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se solidarizaron con la abogada y manifestaron que este ataque no es azaroso. "Hay un envalentonamiento de quienes pretenden la impunidad para los genocidas, con un regreso a la 'teoría de los dos demonios’ que el mismo Mauricio Macri sostiene cuando habla de ’guerra sucia’".
También desde el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) repudiaron el atentado, ocurrido a dos semanas de la identificación de Juan Carreras, en la fosa clandestina Pozo de Vargas. "Lamentablemente debemos emplear aquellos términos propios de la jerga que remite a las prácticas genocidas. Así como una 'patota' ingresó a la Facultad (de Bioquímica) para secuestrar a Juan; otra, 40 años después, ingresa al domicilio de la doctora Figueroa", escribieron en su repudio los profesionales del Camit.
La Fundación Memorias e Identidades del Tucumán es otra de las organizaciones que expresó su más repudio a la nueva agresión sufrida por la abogada de derechos humanos. "Denunciamos esta recuperada forma de hostigamientos y amedrentamientos contra los profesionales vinculados a la militancia y los juicios por delitos de lesa humanidad que se están dando en otros lugares del país, a partir de la administración macrista", consignaron en un comunicado.
"La doctora Figueroa es un referente ineludible en la lucha por establecer la verdad y la justicia de los acontecimientos que han sido caracterizados como práctica aberrantes de la doctrina de Seguridad Nacional, implementada durante el llamado Operativo Independencia y luego por la dictadura cívico militar", consideraron desde ese colectivo, a la vez que exigieron que se investigue el hecho.
La organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán se sumó a los repudios y exigió el esclarecimiento de este hecho a la Justicia Provincial y Nacional.
Mientras esto ocurría, la abogada estaba viajando de regreso a Tucumán, desde la localidad de Belén, en Catamarca, donde había participado de un acto homenaje al militante del PRT Juan Carreras, cuyos restos fueron reconocidos recientemente en el Pozo de Vargas.
"No es un ataque azaroso ni aislado. Mientras esto ocurría en mi casa, a los que volvíamos desde Catamarca nos siguió, primero, una camioneta de Gendarmería y luego un vehículo 4x4. A otra compañera, hace unos dias, volviendo de Capilla del Rosario, se le cruzó una camioneta en el camino", denunció la abogada.
"Este es el tercer atentado en mi casa, vinculado con la causa Pozo de Vargas, en la que todavía soy representante de numerosas causas", alertó. Por ello, dijo, ya realizaron la denuncia "in voce" ante el fiscal Pablo Camuña, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán. "Consideramos que se trata de un acto de violencia con un objetivo amenazante, destinado no sólo a mí sino a un colectivo, por lo que corresponde a la jurisdicción tanto de la Justicia provincial como Federal -añadió-. Queda en sus manos ver cómo actuarán".
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se solidarizaron con la abogada y manifestaron que este ataque no es azaroso. "Hay un envalentonamiento de quienes pretenden la impunidad para los genocidas, con un regreso a la 'teoría de los dos demonios’ que el mismo Mauricio Macri sostiene cuando habla de ’guerra sucia’".
También desde el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) repudiaron el atentado, ocurrido a dos semanas de la identificación de Juan Carreras, en la fosa clandestina Pozo de Vargas. "Lamentablemente debemos emplear aquellos términos propios de la jerga que remite a las prácticas genocidas. Así como una 'patota' ingresó a la Facultad (de Bioquímica) para secuestrar a Juan; otra, 40 años después, ingresa al domicilio de la doctora Figueroa", escribieron en su repudio los profesionales del Camit.
La Fundación Memorias e Identidades del Tucumán es otra de las organizaciones que expresó su más repudio a la nueva agresión sufrida por la abogada de derechos humanos. "Denunciamos esta recuperada forma de hostigamientos y amedrentamientos contra los profesionales vinculados a la militancia y los juicios por delitos de lesa humanidad que se están dando en otros lugares del país, a partir de la administración macrista", consignaron en un comunicado.
"La doctora Figueroa es un referente ineludible en la lucha por establecer la verdad y la justicia de los acontecimientos que han sido caracterizados como práctica aberrantes de la doctrina de Seguridad Nacional, implementada durante el llamado Operativo Independencia y luego por la dictadura cívico militar", consideraron desde ese colectivo, a la vez que exigieron que se investigue el hecho.
La organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán se sumó a los repudios y exigió el esclarecimiento de este hecho a la Justicia Provincial y Nacional.
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