un Juez Penal Canicoba Corral. En una maniobra contra la ley sindical,
porque sólo se puede intervenir un gremio cuando hay acefalía y lo decide el
Ministerio de Trabajo con orden judicial y es para llamar a elecciones.: El
juez penal no es competente para hacerlo se han violado todas las leyes
Pero esto es más grave aún porque está diputada del PRO no puede decidir no
llamar a elecciones por indicación del gobierno y las empresas navieras.
Sabes quién es Gladys E. González
Es una diputada del PRO
Según los propios dirigentes y militantes del PRO es alguien que está
procesada penalmente por defraudaciones en licitaciones
https://youtu.be/ZXrr0HiR84o
En el punto 2.19 minutos de transmisión de youtube aparece la acusación de
Walter Gutierrez militante del PRO de Avellaneda,
http://www.lapoliticaonline.
Parece que Gladys González ante la imposibilidad de ser intendente de
Avellaneda se dedica al sindicalismo, sin el voto de los trabajadores
pretende eternizarse en la conducción del gremio de marítimos.
La intervención del sindicato la hace un juez penal, no tiene competencia
para ello. Canicoba Corral no es competente para ordenar una intervención a
un gremio
Esto es muy grave.
No hablo en defensa del Caballo Suárez porque sabrá la justicia si es o no
responsable penalmente, el problema es que un gremio no puede ser
intervenido por una orden judicial de un juez penal
Es que la delincuencia que puede existir por parte de un integrante de la
entidad sindical no puede involucrar el derecho colectivo de todos los
trabajadores en su conjunto
Esto es un ataque directo a la clase trabajadora, o movimiento obrero, como
les guste.
Hay que chequear bien la información, pero por comentarios de gente del
Ministerio todo lo que digo es así.
Esto es gravísimo, más allá de las formas, se advierte cierta impunidad con
sospecha de corrupción.
Todo esto es un mamarracho Averigüen el conflicto gremial que tenía el SOMU
Averigüen por qué en el medio del conflicto gremial deciden procesar
penalmente a los miembros de la conducción del Somu las circunstancias por
las que se lo procesa se conocían desde mucho antes y justo se decide
encarcelarlo e intervenir el gremio, y en vez de convocar a elecciones está
diputada del PRO decide con el gobierno y las empresas navieras que no va a
haber elecciones en el sindicato??????
Esto es un saqueo al estilo Videla & Cía
http://blogspot.us11.list-
Llueven las denuncias contra la intervención macrista del SOMU
Marítimos de todo el país reclamaron que se fije un plazo para el fin de la
intervención y la devolución del gremio a los afiliados. Además acusan a
Gonzalez de utilizar el patrimonio del SOMU en beneficio propio y de
generarle negocios al primo de Macri.
Los escándalos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) siguen
sucediéndose. Lejos de traer la paz prometida la salida de la conducción del
procesado Omar “Caballo” Suarez y la intervención dispuesta por el Juez
Federal Rodolfo Canicoba Corral, el gremio es un hervidero que produce uno
tras otros episodios reñidos con la legalidad.
Ahora, mientras los afiliados siguen reclamando la devolución de la
herramienta gremial, se conocieron particularidades de la utilización que la
Interventora y diputada macrista Gladys González realiza con el patrimonio
del sindicato. Las prácticas de la mujer, puesta por el propio Mauricio
Macri para “poner en orden” el SOMU, están lejos de ser prolijas y la
igualan las denuncias que ella misma realiza a través de los medios de
comunicación sobre el “Caballo”.
Es que en las últimas horas afiliados del gremio la denunciaron por la
utilización para uso personal de camionetas 4×4 del sindicato. Pero no sólo
eso. Es que también señalaron el uso por parte de sus familiares de
vehículos de los marítimos. Eso, casualmente, es lo mismo que denunció hace
unas semanas sobre la conducción gremial que fue desplazada.
Además, fuentes muy cercanas a la intervención, detallaron que en marzo la
propia interventora, sus colaboradores, y sus grupos familiares, se
instalaron en el hotel que el SOMU posee en Villa Gesell y allí pasaron un
período de vacaciones.
En paralelo, tras los tres fallos que redujeron la intervención del gremio y
de la obra social y ordenaron fijar un plazo legal para el fin de la
intervención, durante la semana pasada comenzaron a presentarse ante el Juez
Canicoba cientos de afiliados de todo el país pidiendo la remoción de la
interventora.
Las peticiones firmadas por afiliados de todas las Seccionales y
Delegaciones, exigen la remoción de la intervención y denunciaron “las
causas penales abiertas a González y su embate contra todos los derechos de
los trabajadores y su complicidad con las empresas armadoras extranjeras
para liquidar el gremio y la marina mercante nacional. Todo esto confirmado
por sus ex co-interventores Alonso y Viola Balbín en el Juzgado”.
Concretamente se señalan reuniones de Gonzalez con Marítima Meridian,
casualmente una firma cercana a Angelo Calcaterra, para traer remolcadores
nuevos al país y desplazar a las empresas nacionales en beneficio del primo
del Presidente. Negocios para amigos.
Los trabajadores pidieron la habilitación de la feria y recusaron al juez en
el expediente de Intervención del SOMU y de la OSPM, porque éste ignoró el
fallo de la Cámara Federal del 14 de julio y no cumplió ninguna de las
órdenes del Alto Tribunal a pesar de estar en funciones todo el mes de
receso invernal.
También por haber negado el derecho de los más de cuatrocientos dirigentes
electos en 2015 y asumidos en 2016, reconocidos por el Ministerio de
Trabajo, para recuperar el sindicato, sin los ex dirigentes procesados, hoy
renunciados, jubilados o expulsados.
Los afiliados argumentan que resulta “absurdo fundar la separación de las
autoridades electas del gremio en 2011, que no son las asumidas en 2016, en
que todas eran sospechosas o que todos los miles de afiliados podían ser
parte de una organización criminal, porque eso era equiparar todo el
sindicato con una mafia”.
Además según pudo saber InfoGremiales se están redactando en todo el país
denuncias por abandono de personas de la Obra Social de pacientes crónicos
(celíacos, diabéticos, cáncer, etc.) y denuncias contra la intervención y
sus empleados por administración fraudulenta y usurpación.
Lunes 01 de agosto de 2016 | 07:43hs
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