Pueblo peronista
El Terrorismo de Estado [1]
que impusieron en esas circunstancias históricas del Argentina, entre
1976 y 1983, fue la condición fundamental para imponer un modelo
económico neoliberal. Como reconociera el secretario de estado,
Guillermo Walter Klein el colaborador más próximo al entonces ministro
de economía José A. Martínez de Hoz, la política económica aplicada desde marzo de 1976, era “incompatible con cualquier sistema democrático y sólo aplicable si la respalda un gobierno de facto” [2].
Decenas
de miles de luchadores políticos y sociales cayeron víctimas por el
sólo hecho de ser opositores a ese modelo, como Oscar Smih [3] quien “desapareció”junto a doce integrantes de la Comisión Interna del sindicato de Luz y Fuerza, por dar sólo un ejemplo. Pero también hubo comerciantes y empresarios, que poco o nada tenían que ver con la oposición, y sin embargo fueron víctimas del saqueo perpetrado por algunos civiles con socios militares. Si tenías bienes apetecibles, sin tener un “padrino” militar
que te protegiera, te convertía en presa fácil para civiles voraces que
se quedaran con tu fortuna así tuvieran que matarte, y a los tuyos. Los
Macri, por ejemplo, no sólo no fueron “molestados” sino que aumentaron mucho su fortuna.
Hace
pocos días, la diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió fue al
programa de Susana Giménez y allí pidió el beneficio la prisión
domiciliaria para los militares condenados en la última dictadura, dijo
que desea “justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel” (¡desea justicia! ¡Insólito!).
Carrió expresa así, la política de hecho llevada por el gobierno de
Cambiemos de Mauricio Macri [4]. Elisa Carrió no hace más que salir en
defensa de sus compañeros de fechorías , tanto militares como civiles, como Héctor Magnetto a quien “le consiguió hijos” (para conseguirlos es necesariohabérselos sacado a otros), cuando era funcionaria de la justicia militar. (ver recuadro)
Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante
la época de la dictadura, que depende de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, querellante en la causa de los Graiver, investigó delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. El funcionario confirmó a Tiempo Argentino [5] que hasta ese momento habían registrados 604 casos de empresarios y comerciantes despojados. “El
ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo
llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica
en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad
común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”.
“No
son saqueos de las casas de los secuestrados por parte de los grupos de
tareas para obtener un botín de guerra, sino que son aquellos casos en
los cuales lo que se hizo fue despojar a las víctimas con una motivación
que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era (imponer) el sistema económico, del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible”, explicó Alén. Y de paso quedarse directamente con varios negocios y empresas, omite Alén.
Martínez de Hoz fue condenando por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim. Los dueños de la importadora textil Sadeco, fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976. Luego los “blanquearon”: quedaron presos “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Esto sucedió porque Martínez de Hoz, oligarca y ministro de Economía de la tiranía, quiso quedarse con el negocio de exportación de algodón que tenía Sadeco con el gobierno de Hong Kong.Cinco meses de cautiverio bastaron para “ablandar” a los Gutheim para que firmaron la cesión del contrato para que Martínez de Hoz se quedara con el negocio.
Otro caso importante es el de los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino [6]. La dictadura luego de mantenerlos en cautiverio durante casi dos años los liberó, cuando
por medio de torturas y el cautiverio consiguió que transfirieran
25.000 hectáreas de tierras en la provincia de Santiago del Estero y un
avión familiar a distintos testaferros.
Daniel Paskvan,
era un empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y
Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan
paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16
de mayo de 1980 con un operativo policial y militar los militares toman
la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la
última dictadura, Albano Harguindeguy. “Vino
la policía y nos dijeron ‘estos son los nuevos dueños’. Nos despojan de
todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de
Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios
vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de
combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún
escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la
empresa tomada por el ejército”.
Los
militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las
acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist, propiedad del grupo de Héctor Capozzolo. “Agarran
las acciones y se quedan con las dos empresas, una de Santa Fe, de mi
padre, Dalmacio Paskvan, que era el principal accionista y la otra de
Roque Pérez y Lobos, de la que éramos dueños mi padre y yo.” Según
cuenta este empresario, una empresa multinacional que se llamaba
Nutrimentos, que había comprado parte de la empresa local Purina, “pretendía quedarse con nuestras empresas y pasar a manejar el mercado”.
Paskvan
inició una tarea judicial titánica para poder probar estos delitos y
hasta ahora logró probar defraudación, violación de los deberes de
funcionario público y abuso de autoridad en el juzgado penal de La
Plata. En los tribunales de Azul probó subversión económica. Sin
embargo, todavía no pudo recuperar un peso de todo lo perdido. Las
acciones robadas de la empresa de Santa Fe no las volvió a ver, pero a
partir de las condenas por el operativo en la provincia de Buenos Aires,
recuperó la administración judicial de lo que quedaba de su empresa:
sólo deudas.
El 27 de abril de 1977, Fernando Arturo Branca desapareció
misteriosamente cuando salió a navegar con el almirante Emilio Eduardo
Massera. Branca era un empresario exitoso, mayorista de papel reciclado,
representante de la empresa Durbin Inc. (en Miami) a través de Durbin
Sudamericana S. A. (en Buenos Aires). Propietario en la zona de Rauch
(provincia de Buenos Aires) de tres mil hectáreas sembradas con lino y
separado de Martha Rodríguez McCormack (a quien se atribuían amoríos con
Massera). Su cadáver nunca fue encontrado. A los tres días de su
desaparición llego a su despacho, por debajo de la puerta, un telegrama
desde Uruguay diciendo que siguieran con el negocio con el almirante y
que Cristina Larentis ,su novia se quedara tranquila . Investigado el
número del telegrama pertenecía a una familia que había felicitado al
hijo de Massera por su casamiento. En Madrid, España en las locas noches
del boliche Pacha ,
borracho como una cuba el marino Jorge Radice, delincuente represor en
la ESMA, contó como había matado a Branca. Radice había huido después de
matarlo con una montonera que se hacia llamar Barbarela.
Hoy Radice está preso. Se comenta que a Branca después de haberle hecho
firmar escrituras y otras cesiones de bienes, lo embarcaron uno de los vuelos de la muerte,
en los que tiraban detenidos al Río de la Plata . Hoy su nombre está
grabado en la piedra del Parque de la Memoria mirando al río que
seguramente fue su tumba.
Hacia
el fin de la dictadura el Ejército fogoneó su proceso. Massera
intercedió ante el contralmirante contador Andrés Covas, puesto por él
en la presidencia del Banco Central, para que autorizara una
transferencia internacional por 1.6 millones de dólares estadounidenses,
y así comprar los campos de Fernando Branca. Branca tenía vínculos
económicos con Massera y quienes relacionan a éste con su desaparición
plantean la hipótesis de que su socios Jorge A. Piaggio y Alberto
Lowenthal lo defraudaron.
Quizás la causa por “Papel Prensa” sea
la más conocidas. En ella está demostrado que Héctor Magnetto se quedó
con la empresa en la sala de torturas. Si, el mismo Magnetto accionista
de Clarín que “consiguió” sus hijos a través de Elisa Carrió cuando era
funcionaria de la tiranía. Sobre el caso es exhaustiva la presentación “Papel Prensa: La verdad” elaborado
por la Secretaría de Comercio Interior que estaba a cargo de Guillermo
Moreno y fue presentado a la prensa por Cristina Fernández de Kirchner
el 24 de agosto de 2010 [7]. La causa en el juzgado de Julián Ercolini
continúa en la práctica detenida.
La Constitución Nacional condena como infames traidores a la patria,
según el artículo 29, a quienes formulen, consientan o firmen,
facultades extraordinarias, la suma del poder público, o supremacías a
ningún gobierno; sobre la vida, el patrimonio o el honor de los
argentinos. Por el artículo 36, la misma pena les corresponde a quienes
interrumpan el sistema democrático.
La
insólita Elisa Carrió negando que ya haya justicia en la cárcel a los
genocidas, sólo muestra la hilacha de haber sido cómplice de los
terroristas de estado y de sus socios civiles. Como si ellos fueran
cándidos abuelitos repartidores de maíz a las palomas.
Recuadro
Elisa
María Avelina Carrió, “Lilita” es actualmente diputada nacional, pero
comenzó su carrera en 1978 como asesora de la Fiscalía de Estado del
Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y jurando por sus Estatutos en
lugar de la Constitución Nacional. Una tiranía de la que ella, a los 21
años se aprovechó, y continúo sacando provecho por muchos años. Arguyó
Carrió haber aceptado esa tarea "porque necesitaba la obra social". Pero
la cosa no quedó allí. Enredada entre braguetas militares fue ascendida
en 1980, a la Secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de
Justicia de intervenida provincia de Chaco. Una carrera meteórica con
nivel y jerarquía de Juez de Cámara.
El
25 de octubre de 1982, luego de la derrota de Malvinas y con los
militares en retirada, fue premiada con un rápido ascenso para llegar a
Fiscal de la Justicia Militar, pese a la objeción de varios jueces por
no contar con experiencia jurídica que lo justificara, no haberse
respetado el escalafón ni la convocatoria a concurso para la promoción.
Y
por más que Lilita se esfuerce en demostrar linaje y blasones de pago
chico, lo cierto es que su familia se enriqueció notoriamente a partir
el golpe cívico-militar de 1976. El padre, de esta pretendida "niña
bien", había heredado junto a su hermano una estación de servicio
ubicada en un ciudad llamada Quitilipi, sobre la ruta 16 que une
Resistencia, la capital, con Sáenz Peña, la segunda ciudad más poblada
de Chaco. Concretamente, la plata de esa época proviene porque la
sociedad de los hermanos Carrió era la principal proveedora de
combustibles del distrito militar que comandaba Ormaechea. El mentor
para que fuera silenciosa Fiscal de la Justicia Militar fue su tío
político, el Teniente Coronel Héctor Rodolfo Ormaechea, entonces Jefe
del Regimiento Chaco y su tío político. Carrió lleva los nombres de su
madre pero el Avelina proviene de su tía: Nelly Avelina Carrió de
Ormaechea casada con el Teniente Coronel Héctor Rodolfo Ormaechea Según
declaró públicamente el ex Director del Diario La Razón, José Pirillo1,
fue Carrió quien le “consiguió” los hijos al propio Héctor Magnetto
cuando trabajaba en el juzgado chaqueño. Es lógico que Carrió se hay
opuesto contundentemente a que se conozca la identidad de los hijos de
Ernestina Herrera de Noble.
Como se ve, tenía algunos intereses más que la “obra social”.
“Piensa el ladrón que todos son de su condición”Así reza el refrán de origen malagueño que denota la facilidad con que pensamos o sospechamos que otros son o actúan como nosotros, en especial cuando se trata de malas acciones o aptitudes.
"Cristina Kirchner puede ser jueza, pero va a tener que presentar el título de abogada" decía Carrió Lunes 24 de junio de 2013 según una nota de La Nación. "Es una oportunidad para que sepamos si efectivamente se recibió o no"
Casi dos años después, el 7 de junio de 2016 salió en toda la prensa que el juez Bonadio sobreseyó a Cristina Kirchner por su título de abogada. Entendió que no hay delito y que se recibió en la Universidad de La Plata.
Según las crónicas Carrió accedió a su primer cargo como abogada a los 21 años. Considerando que haya terminado a los 17 años la secundaria debió hacer la carrera de abogacía en tan sólo ¡4 años! Notable celeridad y vitalidad la de “Lilita” ya que a los 15 años se casó con el ruralista Enrique Santos con quien tuvo su primer hijo a los 16, Enrique. Se divorció a los 18 años. En su segundo matrimonio, con el abogado Miguel Angel Benítez, alumbró a Victoria e Ignacio. Volvió a divorciarse pero desconocemos la fecha y los motivos.
Con tantos vaivenes personales es realmente notable que haya hecho la carrera en tan sólo 4 años. Quizá algún buen periodista de investigación pueda echar luz a tanta celeridad.
Notas:
[1] Es el ejercicio criminal de la soberanía estatal,
si el mismo estado impone su terror, bajo la cobertura de soberanía que
es inherente a todo estado nacional, no hay instancia donde pedir
justicia.
[2] Diario Clarín, 5/10/1980.
[4] Lesa humanidad: hay menos detenidos y aumentan las prisiones domiciliarias
En
ocho meses las detenciones pasaron de 1070 a 1055. Hay paridad entre
los represores detenidos en cárceles y los que están presos en sus
casas: 535 y 489 con domiciliaria. http://www.
[5] Publicado en Tiempo Argentino, por Gimena Fuertes http://www.
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