El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo
Autor(es): Logiudice, Edgardo
Logiudice,
Edgardo. Abogado y ex-docente de Ciencias Políticas de la Universidad
de Buenos Aires y co-autor -junto a Leandro Ferreyra y Mabel Thwaytes
Rey- de Gramsci Mirando al Sur, Buenos Aires, K&ai, 1994. Integró el
Colectivo editorial de DOXA. Es autor de numerosos artículos y ensayos
en publicaciones de Francia, Italia y nuestro país, referidos a las
problemáticas de la pobreza, la propiedad, el Estado, la representación y
la crítica a la ideología. Autor de Agamben y el Estado de Excepción,
Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2007. Integra el Consejo de
redacción de Herramienta
El poder político privado
El ceomacrismo pretende la legalización de la privatización del poder político.
No se trata ya solamente de la privatización de los bienes y
servicios públicos como ocurriera en la época de Menem, conforme a las
políticas Thatcher-Reagan de los ochenta y noventa. Parece tratarse
ahora, y no sólo en nuestro país, de la transformación legal del Estado
en una empresa privada de modo tal que los gobiernos se integren
directamente por los directivos del gran capital, los
ceo-representantes. Algo más de lo que algunos llaman ceocracia: es el
poder político privado. Un Estado como investidura legal del capital.
Quizá los griegos llamaran a eso plutocracia.
Un aspecto de lo que Juan-Ramón Capella llama “soberano supraestatal difuso”.
No se trata literalmente de una confabulación, una conjura o una
conspiración. Más bien, elaboraciones de estrategias, conforme a una
lógica en la que hasta la apariencia pública de los Estados y los
organismos internacionales o intergubernamentales debe ser expropiada.
Si los Estados, como ya lo dijera Marx hace más de un siglo y
medio, estaban a merced de los acreedores de la deuda pública –hoy
eufemísticamente “soberana”–, la nueva estrategia adopta la máscara
estatal como propia a través de la “alianza”, o la “participación”. Ya
no se trata de un poder en la sombra, ni de gabinetes en la sombra, sino
del aplaudido encumbramiento de los reales o potenciales “inversores”.
Este ceomacrismono no es, en realidad, demasiado original. No lo es
en el campo internacional, desde que Kofi Annan siendo Secretario
General de la ONU le dio luz verde anunciando en el Foro de Davos la
creación del Pacto Global, cuna del Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes –representantes de 250 empresas cuyos ingresos anuales superan
los ocho billones de dólares– que elaboró la Agenda de Desarrollo 2030
para las Naciones Unidas. Esta Agenda para el Desarrollo Sostenido
significa, como veremos, una nueva estrategia del capitalismo
financiero. Medroso ahora, tras los sobresaltos vividos desde 2007-2008.
Pero no menos ávido de ganancias.
Tampoco es original en el campo nacional, desde que Duhalde
primero, y Kirchner luego, nos legaron sendos decretos de alianzas
público-privadas que ahora figuran como antecedentes legislativos del
nuevo Proyecto. Cierto es que por esas épocas no prosperaron. Los
organismos intergubernamentales de crédito (FMI, Banco Mundial, etc.) ya
habían adoptado el sistema de reconversión de sus créditos, en créditos
de los fondos privados. El Plan Brady de restructuración de las deudas,
ya con el default de Rodriguez Saa, exigía el cobro de sus créditos a
través de entregarlo a los fondos privados. A Duhalde no le dieron los
tiempos políticos, y la tarea quedó a cargo de Kirchner, que siguió el
ejemplo de Lula: pagó, es decir cambió un acreedor por otro. Se salvó la
plata del FMI en beneficio de los fondos de riesgo. Los fondos pudieron
armar su arquitectura especulativa ya también con las deudas soberanas.
El desenlace es para nosotros conocido: la puntada final fue el
pago a los holtdouts, los célebres “buitres”. Se pagó lo que resultó de
la re-estructuración de la deuda. Mientras tanto, para hacerlo, las
economías de los países emergentes y de los socios menores de la Unión
Europea (Irlanda, Portugal, España, Grecia) se endeudaron hasta la
saturación.
Esta arquitectura financiera es la que ahora tiene ahítos de deuda a
los países emergentes, con el consiguiente riesgo de hacerlas
incobrables. De ahí el pánico.
La salida que han encontrado es hacerse directamente de las
infraestructuras básicas de una nación a través de las Alianzas
Público-Privadas y la ocupación de los aparatos del Estado. Y así lo
postulan a la luz del día, “sinceramente”. Tan sinceramente como el
Presidente Macri cuando les organiza un “Mini-Davos” para repetirles:
“estamos acá para ayudarlos”. El Presidente se dirige a instituciones
como BlackRock, una empresa de gestión de inversiones estadounidense
considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, de
los que gestiona más de 4,6 billones de dólares. Y que no casualmente
propone “eliminar los intermediarios y gestionar los proyectos ellos
mismos”. Para eso están los ceos.
Esa nueva subclase que está haciendo torpemente sus pininos
políticos, tan petulante que pasa por encima de los mínimos reparos
republicanos y constitucionales, porque la democracia para ellos es puro
marketing. Conclusión que comparten con los políticos que hicieron de
la representación popular pura técnica publicitaria.
Y estos ceo-representantes ya les han resuelto algunos problemas a
los barones globales del dinero. Como corresponde a los mayordomos. Por
ejemplo, el nuevo gobierno, con el acuerdo de la “oposición” peronista,
ya les resolvió uno: pagó a los célebres buitres, sigue pagando
serialmente los intereses y sigue emitiendo deuda soberana con tasas
olímpicas. Y promulgando un perdón fiscal no pensado precisamente en los
fondos ocultos que podrían tener los vecinos de Villa Soldati.
“Hasta que lleguen las inversiones”, dicen. Y hablan de “brotes
verdes”, según la metáfora sojera, que aún no aparecen, porque los
mayordomos no son suficientemente eficientes. Y porque la peonada a
veces se encabrita y no hay garantías de gobernabilidad.
El 8 de junio, durante el 14° Foro de Liderazgo en Infraestructura,
el Ministro Frigerio confirmó el envío al Congreso del proyecto de ley
de Participación Público Privada.
El 30 de ese mes, Marval, O’Farrell & Mairal celebró el
acontecimiento. Se trata del estudio de abogados más grande de la
Argentina especialista en transacciones financieras internacionales,
particularmente en energía y recursos naturales, con oficina en Nueva
York. Los tiempos parlamentarios impidieron hasta hoy la aprobación de
la ley que el ceogobierno hubiese querido ofrecer al Foro de Inversión
que, al momento que escribo, se desarrolla en Buenos Aires: un Mini
Davos al decir del Presidente y los grandes Medios. Recordemos que Davos
es el Foro Económico Mundial conformado por las más grandes empresas,
bancos y grupos financieros globales: Google, Facebook, Microsoft,
Coca-Cola, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Volkswagen, Visa y un
larguísimo etcétera.
Los más ingenuos denuncian el evento como la última carta del
gobierno frente a la continuada recesión. Creo que se trata de la
primera carta ofrecida como cabeza de playa para el deseado desembarco
del capital financiero de ocupación.
Emergencias de capitales sin destino
George Soros ha dado la voz de alarma. Según un artículo del New
York Times teme una crisis financiera como la del 2008. China, la
segunda economía capitalista del mundo, que juega un papel fundamental,
carga con una deuda de 26,6 billones de dólares, más de dos veces y
media que el tamaño de su economía. A la vez que los fondos de inversión
privados de ese origen superan los 3,5 billones. Por su magnitud,
parece ser el signo más evidente del problema que aqueja a los fondos de
riesgo: son demasiados.
Sobreabundan, hay hiperliquidez y saturación de deuda. Y, por lo visto no sólo de los países “emergentes”.
Hasta ahora, la economía de la deuda, fundada en una construcción
financiera donde las deudas generaban títulos de crédito que funcionaban
de garantía para asumir más deudas, parecía un juego infinito. Las
expectativas de ganancias futuras funcionaron como la zanahoria tras la
cual se bicicleteaban los pagos con nuevas deudas. Un punto de apoyo
fueron los precios crecientes de las materias primas, que originaban los
contratos a futuro, apilándose unos sobre otros. Toda una ingeniería de
la financiarización.
Pero la recesión económica frenó y bajó los precios de los
commodities sobre los que especulaba esa construcción. Para muchos
países, los emergentes en particular, los commodities fungían como la
garantía de confianza en endeudarse. Ese piso ya no es firme, es
demasiado riesgoso para los inversores de riesgo1.
La economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas:
inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de
ingobernabilidad. La economía de la deuda, la ingeniería financiera de
los futuros y derivados, parece haber tocado techo. Los resonantes
cambios tecnológicos con sus innovaciones y la economía colaborativa y
las grandes cadenas globales de valor no parecen suficientes para
reactivar la economía productiva y vuelva a ser un lugar en que puedan
alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas
negativas del Banco Central Europeo, ni la reducida tasa de la Reserva
Federal de Estados Unidos, cuyo anunciado aumento está por ahora
congelado, han derivado fondos hacia la producción. La baja de las
materias primas y todos los commodities ha dejado sin piso a muchos
negocios financieros y a las economías de América Latina.
Los fondos, buitres o palomos, acusan temor y no hallan lugares
mínimamente seguros para amarrar. La consigna es, entonces, inducir a
los gobiernos –que ya se han transformado en simples gestores de
endeudamiento y recaudación– a asegurar, apalancar inversiones con obras
de infraestructura ofreciéndolas como garantías.
Acá es donde van a aparecer las Alianzas Público Privadas (APPs), la nueva estrategia que ya hizo pié en el Congreso.
En búsqueda de “soluciones” ¿Cómo vender el dinero?
Economía en recesión no significa solamente el peligro de que los
Estados no paguen sus deudas soberanas. Significa también que los
privados tampoco lo puedan hacer. La economía de la deuda, a través del
préstamo para el consumo, generó lo que se llama endeudamiento de
hogares. Que se mide en casi todos los países, aunque no en Argentina.
Este tipo de endeudamiento es una gran base sobre la que se apoya el
edificio del capital financiero, y también está saturado. Y, como lo
demostró la crisis de las hipotecas subprime, cuando la gente de a pié
no puede pagar sus deudas, el efecto es de dominó.
Y dinero parado es dinero inútil. La mercancía del capital
financiero es el dinero, en cualquiera de sus formas. Y las mercancías
deben venderse, con la ganancia de los intereses. El préstamo es una
venta de dinero a plazo. Por eso la consigna de los vendedores de
capital a los Estados es endéudense. Así lo aconsejó el premio Nobel
Krugman –declarado partidario de Hillary Clinton– al próximo gobierno
estadounidense… la potencia más endeudada del mundo, con déficits fiscal
y comercial ingobernables.
Hay que ponerse en el lugar de estos señores: sus capitales están
ociosos, la pirámide de deudas se constituye sobre la base de activos
intangibles, cuyo valor es convencional o producto de las expectativas
de ganancias. Y el peligro actual es que ni los Estados, ni los
particulares, puedan saldar las deudas, porque no se sabe si esta vez
los Bancos Centrales podrán realizar los gloriosos salvatajes como
otrora se hizo con los bancos, socializando sus pérdidas.
“¿Por qué no nos endeudamos e invertimos?” –pregunta el Nobel– “Lo
que más necesitamos es aumentar fuertemente la inversión pública en
todo, desde energía o transporte hasta el tratamiento de aguas
residuales”. Vale decir, infraestructura.
Después, a largo plazo –dice– las deudas se pagarán solas:
endeudarse en infraestructura significará más ingresos fiscales (“Estos
ingresos adicionales probablemente serían más abultados que cualquier
suba en los pagos de intereses futuros”), generará empleos (hay que
tomar en cuenta “el papel potencial de la inversión pública en la
creación de empleos”) y, lo más importante, “ofrecería una valiosa
garantía contra posibles sacudones futuros”2.
Hasta acá, el vocero ofreciendo la mercancía capital a los Estados
Unidos. Eso sí: para que lo invierta en bienes públicos. El argumento de
venta es que generará impuestos y empleo. De paso las infraestructuras
serían la garantía contra sacudones, léase crisis de insolvencia. O sea:
las infraestructuras como una garantía hipotecaria.
Obstáculos políticos
La inversión en infraestructuras públicas, es decir energía,
comunicaciones, sanidad, agua, transportes, es una cuestión
eminentemente política. Y aquí vienen los roces con la gobernabilidad. Y
los mínimos principios democráticos.
El Financial Times publicó el año pasado un artículo de John
Authers: “Hace falta un billón en inversiones para infraestructuras”.
Dice: “Está claro que los inversores privados tienen apetito por las
infraestructuras”; una encuesta realizada a los grandes fondos de
pensiones arrojó que muchos tenían previsto incrementar allí sus
inversiones “más que en capital de riesgo, los hedge funds o la mayoría
de los activos”. Pero esa inversión conlleva un riesgo en la falta de
garantías, especialmente en los mercados emergentes. Pero “para los
gobiernos […] representa un dilema político básico: hacer que los
ciudadanos paguen por algo que antes era gratuito es impopular”. Las
tarifas, claro, que ya conocemos por acá. Después, está el tema de que
se tarda mucho más tiempo en finalizar un proyecto que lo que dura una
legislatura de un gobierno democrático: “Es realmente un problema de
política pública. Si hubiera un marco financiero y fiscal sostenible los
inversores aportarían el dinero para los proyecto enseguida”.
Esa es la razón por la que BlackRock se sincera, como vimos,
aconsejando eliminar intermediarios, es decir la mínima representación
popular, y gestionar ellos mismos los proyectos. Esto, como veremos, es
la esencia de las presuntas alianzas. Y está en el proyecto enviado al
Senado por los “ceo-representantes”. De allí la pretensión manifestada
desde el comienzo de gobernar por decreto, aunque tampoco en esto son
muy originales.
Las eminencias y las nuevas estrategias
Nuevo Poder es una publicación chilena de corte liberal. Leo: “los
inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias
globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba
el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su
dinero en un lugar seguro”. En este cambio de estrategia global
comienzan a operar las “personas eminentes”, es decir, los grandes
grupos económicos globales que la UN ha legalizado con carácter de
“asesores”.
a) Actores internacionales
El 31 de julio del 2012, el Secretario General de las Naciones
Unidas Ban Ki-moon anunció la composición de su Grupo de Alto Nivel de
Personas Eminentes. El sector empresarial ha estado representado por
Paul Polman, director ejecutivo de Unilever. Sus informes se realizan
consultando a los directores ejecutivos de las más grandes empresas
multinacionales, las cadenas globales de valor. Ha convenido una Alianza
Público-Privada con FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola),
una agencia especializada de las Naciones Unidas.
A principios del 2011 el Pacto Mundial lanzó una nueva iniciativa
con un número selecto de empresas, el Global Compact LEAD, que cuenta
actualmente con 55 participantes, incluidos Bayer AG (que acaba de
comprar Monsanto), Heineken, Lafarg, Tata, Coca-Cola y Vale.
En 2012 el Secretario General de la ONU puso en marcha la RSDS, Red
de Soluciones para el Desarrollo Sustentable con veintiún
representantes de empresas en su Consejo de Liderazgo que incluye a la
minera Anglo American y al grupo financiero Citigroup.
“Desarrollo Sustentable” es el título-paraguas para las inversiones en infraestructuras, sostenido por las Naciones Unidas.
b) Estrategias internacionales
El Banco Mundial ha elaborado dos Agendas para el Desarrollo. La
Agenda de Desarrollo Post-2015 y, recientemente, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
En diciembre de 2014, el Banco Mundial publicó la opinión del
gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado,
la Corporación Financiera Internacional, dedicado a las APPs. Decía
éste:
América Latina se enfrenta a una desaceleración económica después
de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse
cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales
eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los
latinoamericanos.
Sostiene que aumentó la relevancia de la inversión de los fondos en
energía, transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento.
Según los expertos, las dos grandes ventajas de las APP son,
primero movilizar financiamiento privado para que los gobiernos no
tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en épocas
de turbulencias económicas; y segundo, contar con el conocimiento y el
manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes
eran gestionados por el sector público.
Para la Agenda 2015 las eminencias de alto nivel habían dicho:
Las grandes empresas tienen dinero y experiencia para crear las
infraestructuras que permitan a todas las personas conectarse a la
economía moderna […] Se apoya un aumento de flujos financieros mejor
dirigidos en el sector privado; se apoyan los centros de asociación
público-privado en el seno de los distintos países; se fomenta la
inversión extranjera directa en los países en desarrollo…[asimismo] La
fuente de financiación a largo plazo más importante será el capital
privado, proveniente de los grande fondos de pensiones, fondos de
inversión…
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
unidad de la ONU para la región, una vez aprobada el año pasado la
Agenda 2030, elaboró el Informe Horizonte 2030. Este informe ilustra
claramente el cambio de estrategia. Se trata en apariencia de una fuerte
crítica a la financierización.
La mayor presencia e intervención del sector financiero en
distintos ámbitos de la actividad económica ha complicado la relación
entre la actividad real y la financiera. […] la esfera de lo financiero
tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto forma parte de un
proceso de financiarización, definido como la creciente importancia de
los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites
financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de
gobernanza, a nivel nacional e internacional.
Parecen dar cuenta recién ahora, “cuando se ha complicado”, de la
distancia entre la economía de la especulación del capital financiero y
la llamada economía real, es decir la producción. Y ello porque “La
creciente desigualdad, la presión del ajuste externo sobre las economías
más débiles y la caída de la inversión junto con la multiplicación de
los activos financieros conforman un cuadro de incertidumbre y baja
demanda agregada”. Presión del ajuste y creciente desigualdad que
acarrean incertidumbre de los capitales.
Incertidumbre en el retorno de las inversiones y en la gobernabilidad.
Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos
para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva
arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad
generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos
de capital.
“Insertarnos en el mundo”, acostumbran a decir nuestros ceos. El
Informe dice: “La inversión en infraestructura favorece el cambio
estructural […] fortalece los vínculos con el exterior y se aprovechan
las oportunidades que ofrece la economía global”.
Oportunidades condicionadas, pues “La trayectoria que proponemos
tiene como condición clave la participación conjunta de los actores
públicos y privados”. Vale decir, la arquitectura financiera se ha
vuelto volátil e incierta, alejada de la economía real, superar la
situación es volcar esos activos en bienes públicos, con la condición de
la “participación conjunta” de actores públicos y privados: las APP.
¿Qué son las APP o PPP?
En sintonía con esa estrategia, el año pasado la Casa de Altos
Estudios de la Bolsa de Comercio, que maneja el índice de valores de las
acciones más importantes del país, el célebre Merval, del cual es
vicepresidente Nicolás Caputo, el amigo cuasi “hermano” del Presidente
Ingeniero Macri, publicó “Participación del sector privado en la
infraestructura: oportunidades e instrumentos” de Ariel José Chirom y
Alejandro Gabriel Schachter. De su lectura surge el verdadero alcance de
las APP que el proyecto del gobierno quiere hacer ley. Señala los
bienes que se tienen en mira, el preminente papel del inversor y el
pobre y subordinado papel del sector público. Veamos como unos comen el
asado y otros se quedan con el humo.
Comienza definiendo que entienden por infraestructuras: Ingeniería,
equipos e instalaciones en los sectores de energía eléctrica,
transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Es decir los
recursos básicos de cualquier nación, por lo tanto los bienes de uso
público por excelencia.
Luego señala cuales son los mecanismos para atraer las inversiones.
Sostiene que la relación de los dos sectores es de riesgos y retornos
“compartidos”. Dado que no se trata solamente de que el sector privado
financie, un aspecto clave de este tipo de asociaciones consiste en que
el sector privado gestione la producción o provisión de un activo o un
servicio. Y ello requiere que el privado se haga cargo del proyecto en
su totalidad otorgando cierta libertad al privado de buscar mecanismos y
soluciones innovadoras que generen mejoras de eficiencia.
El rol del sector público es procurar la generación de incentivos
correctos a fin de favorecer la eficiencia de la inversión privada. Esto
significa dos cosas: brindar señales claras a los inversionistas de que
los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el
riesgo regulatorio.
Lo primero consiste, entre otras cosas, en renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.
Lo segundo, la regulación de los servicios, es dejarla en manos de
un órgano cuyos directivos puedan actuar con “independencia” y no sólo
con autonomía presupuestaria y administrativa, sino que además no debe
estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Es
decir, no debe estar sujeto a la ley. Lo más simpático es que el
“riesgo” regulatorio es denominado indistintamente como “riesgo de la
política”.
Como vemos, hasta acá, lo único que tiene de público esta alianza o participación es el nombre.
Pero no creamos que se agota allí el papel del Estado y la ley.
Éstos deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Para que no
queden dudas el trabajo enumera los riesgos a garantizar y la forma y
bienes que los garantizan. Un riesgo de la demanda de los servicios a
cargo del inversor es la de su existencia y continuidad, porque sin ella
no hay negocio, No debe haber incertidumbre “respecto al flujo futuro
de ingreso efectivo”. Por ejemplo garantizar la adquisición de energía,
por lo menos de un porcentaje de la producción, esto se llama “contratos
futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar para evitar
esa incertidumbre de flujo futuro de ingreso efectivo, es el de un
ingreso mínimo, por ejemplo en el transporte o en las rutas. En suma, se
trata de que el inversor no corra el riesgo político de que lo regulen y
de perder dinero en su negocio. El papel del Estado es garantizarlo:
garantizar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos.
Se propone entonces para ello el establecimiento de un fondo de
infraestructuras de garantías. El mismo debería estar constituido a
partir de activos que sean suficientes para garantizar la confianza del
inversor. El activo ideal como garantía serían bonos del gobierno de
largo plazo. Pero, claro, los inversores ya vienen escamados de los
bonos de la deuda soberana. “Una duda por parte del privado podría ser
que si el país se encuentra ante una crisis macroeconómica podría
también ingresar en default esa deuda invalidando así la garantía”.
Entonces, como los bonos de deuda pública, por más “basura” que sean,
siempre recuperan más o menos un 30% de su valor nominal, bastaría que
se emitieran más bonos por el 70% del valor que perderían. Esto equivale
a decir que para conseguir la inversión hay que endeudarse como
garantía, no por el valor de la inversión sino en un 70% más de su
valor.
Pero, en todo caso, si no se quiere hacer eso, habría otra salida.
Una vez emitidos los bonos por el valor de la inversión, previendo que
éstos puedan bajar achicando la garantía, se pueden cambiar por bonos de
otros países menos riesgosos. Pero como los menos riesgosos pagan menos
interés “el costo para el gobierno es sólo el diferencial de tasa de
interés”.
Si se quiere evitar ésta “pequeña pérdida” también se pueden
venderlo a los fondos de alto riesgo. Hedgearlos, en la jerga
financiera, venderlo a los fondos buitres en castellano.
Pero para todas estas lindas soluciones “es indispensable que esta
garantía se encuentre administrada por alguna sociedad que se encuentra
por fuera del accionar del gobierno en pos de brindar confianza al
inversor. Preferiblemente alguna sociedad extranjera”.
Por último, en todo caso y ya que estamos, estos bonos podrían
venderse en la Bolsa. Con ellos podrían generarse “productos
estructurados”, esto es, una nueva pirámide de futuros y derivados de
las finanzas especulativas que serían las que vienen a reemplazarse con
la nueva estrategia. Esto significa un negocio a dos puntas: se
garantizan las “inversiones en infraestructuras” y, con ellas, se
renuevan las que ahora oficialmente se condenan.
Todo eso para garantizar la demanda del servicio, es decir el
consumo de lo que haga produzca o venda y de ingreso mínimo, es decir la
ganancia.
A ello llaman “riesgo compartido”.
Para esto hacen falta ceos en los gobiernos.
El proyecto de ley
No tiene sentido transcribir acá los aspectos más significativos
del Proyecto PPP elevado por el Poder Ejecutivo, ya que sigue todos los
pasos marcados por el trabajo auspiciado por los amigos de la Bolsa en
la que el hermano Nicolás Caputo es figura relevante.
Con razón Marval, O’Farrell & Mairal, el estudio jurídico financiero ya mencionado, celebra que
El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en
la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las
prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el
poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón
de interés público…).
Copiando parcialmente la legislación de Perú, Colombia, Brasil y
Chile, país este último que aplica el sistema al régimen penitenciario,
incluyendo el monitoreo de la situación de los liberados después del
cumplimiento de la codena, el Proyecto enviado al Senado va un poco más
allá incluyendo la defensa nacional, el régimen hospitalario, la
investigación y la educación. Y hasta zonas francas: es decir, proyecto,
ejecución y administración de centros tributarios. Cualquier despistado
diría que se trata de la soberanía nacional.
Por lo demás, la brevedad y hasta ambigüedad del texto deja la
puerta abierta a una interpretación “flexible” por parte del Poder
Ejecutivo. Entre otras, las de ofrecer como garantías la percepción de
impuestos y, como lo sugiere el trabajo de la Bolsa, la emisión de
títulos valores para que funcionen como “productos estructurados”, vale
decir, como futuros para nuevas pirámides financieras. Esta vez con la
legitimación del Estado y la garantía anticipada de los bienes públicos,
es decir de todos nosotros.
Con lo cual el capital financiero mitiga su volatilidad e incertidumbre.
Merced a las Alianzas Público Privadas o Participación Pública
Privada cuyas siglas, como lo prefiere el gobierno, coinciden con su
denominación en inglés Public-Private Partnerships.
Siglas que bien pueden significar también Poder Político Privado.
Septiembre de 2016
Artículo enviado especialmente por el autor para su publicación en este número de Herramienta.
Ilustración: Suizo
1 Daniel
Lacalle es un economista español y asesor de negocios, reconocido por
Extel Thomson Reuters Survey entre los mejores gestores de fondos.
Escribió no hace mucho “El 'efecto aspirador': el dinero local escapa
de los mercados emergentes”. Decía: “Se estima que la inversión de
capital extranjera hacia los mercados emergentes caiga a […] niveles
inferiores a los de 2008 y 2009, en medio de la crisis. Esta caída de
inversión no está motivada por falta de liquidez, que es más que
excesiva por las inyecciones monetarias de los bancos centrales, ni por
altos tipos de interés, con 28 bancos bajando tipos y gran parte de
las mayores economías con tipos cero. […] Es caída de la inversión por saturación de deuda y percepción de riesgo muy superior a lo que los bancos centrales anuncian. […] nos podemos encontrar con una enorme cantidad de préstamos que son imposibles de pagar ante un escenario de crecimiento pobre o recesión”. http://www.elconfidencial.com/ ( http://blogs.elconfidencial.com/mercados/lleno-de-energia/2015-10-02/el-...).
En suma, sobra liquidez pero hay saturación de deuda y miedo al riesgo.
2 http://www.ieco.clarin.com/economia/Hillarynomics-Paul-Krugman_0_1631836813.html
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