La cuestión de la ceocracia y la naturaleza del gobierno macrista
Autor(es): Bonnet, Alberto
Bonnet,
Alberto. Licenciado en Filosofía y Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad Autónoma de Puebla, docente en la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA) y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Muchos análisis políticos de los nombramientos del nuevo gobierno de Macri en los medios masivos de comunicación giraron alrededor de la idea de una ceocracia, a raíz de la cantidad de gerentes de grandes empresas (Chief Executive Officers o CEOs) designados como funcionarios, y esta idea habilitó las más osadas hipótesis acerca del carácter de las políticas que adoptaría dicho gobierno.1 El debate generado por tales designaciones se vio enrarecido, en aquella coyuntura de fines de 2015, por el eco de las polémicas suscitadas en el marco del ballotage realizado días antes. En efecto, el eje de la campaña kirchnerista ante la segunda vuelta había sido –recordemos- que sólo el voto por Scioli podía evitar que regresara al gobierno la derecha menemista de la mano de Macri. Los ribetes grotescos de este vulgar chantaje ya habían sido puestos en evidencia mucho antes. “La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, dijo alguna vez Antonio Machado. Y la verdad en éste caso ni siquiera había salido de la boca de un porquero, sino del hocico de un simple puerco: Zulemita Menem ya había aclarado meses antes que tanto Macri como Scioli eran “personas que nacieron de la mano de mi padre”.2 Las designaciones de Macri apenas sirvieron en aquellos días para que los alicaídos kirchneristas creyeran corroborados sus oscuros pronósticos. Sin embargo, la caracterización del gobierno de Macri a partir de esa idea de una ceocracia planteó y sigue planteando, a casi un año de distancia de aquella coyuntura, ciertas cuestiones que nos parecen interesantes.
¿Qué significa esa designación de numerosos gerentes en importantes cargos públicos? Las características del personal designado para la conducción del Estado, naturalmente, nunca carecen de significado político. El propio hecho de que los mencionados Macri y Scioli provenían de las filas del empresariado doméstico, sin ir más lejos, significa algo bastante desagradable para cualquiera de nosotros. Y, más específicamente, el hecho de que una cantidad significativa de los funcionarios nombrados por Macri provengan de la gerencia de grandes empresas tampoco carece de significado. Nos habla, por lo menos, de dos cosas. En primer lugar, de algo que por carencia de un concepto más preciso y valiéndonos de una expresión politológica estándar, podríamos designar como un indicio acerca de un “estilo de gobierno”. Designar en importantes cargos públicos a capitalistas o a sus gerentes implica una suerte de asimilación político-ideológica de la gestión pública del Estado a la gestión privada de la empresa.3 Esto no significa que, en los hechos, los funcionarios designados vayan a gestionar el Estado como si fuera una empresa. La gestión del Estado (es decir, de las relaciones de dominación) está regida por una lógica inexorablemente diferente de la que rige la gestión de las empresas (de las relaciones de explotación).4 Puede que algunos de los CEOs designados, inexpertos en materia de gestión pública, hayan confundido ambas lógicas en un comienzo, pero ya están aprendiendo sobre la marcha... Dicha asimilación, sin embargo, reviste un significado preciso a propósito de los mecanismos político-ideológicos de legitimación de esa gestión del Estado. Apunta a legitimar la gestión pública en términos de la eficiencia (arbitrariamente) atribuida a la gestión privada. Una maniobra político-ideológica neoliberal a la que explícitamente había recurrido Menem cuando, por ejemplo, designó a gerentes de Bunge y Born a la cabeza del Ministerio de Economía en virtud de ser “empresarios exitosos”. Y, en segundo lugar, nos habla de las limitaciones más pedestres de la alianza Cambiemos y, en particular, del PRO, respecto de la disponibilidad de cuadros para ocupar los principales cargos públicos. El PRO es una fuerza política que desde un inicio reunió en sus filas a cuadros provenientes de los principales partidos de un sistema de partidos burgueses en crisis junto con cuadros provenientes de organizaciones sociales extra-partidarias.5 Y, a pesar de su prolongada experiencia de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el acceso al gobierno nacional parece haber recrudecido su necesidad de recolección de extra-partidarios.
Ahora bien: ¿qué no
significan aquellas designaciones de gerentes en cargos públicos? Aquí
es donde nos encontramos ante las limitaciones del empleo corriente de
la idea de ceocracia
para la caracterización del gobierno macrista. Esas designaciones no
nos decían ni podían decirnos nada más preciso acerca de las políticas
que adoptaría el gobierno de Macri, como pretendieron en su momento
muchos periodistas de los medios masivos de comunicación e incluso
intelectuales afines al kirchnerismo. Un documento de trabajo de CIFRA
presenta el ejemplo más elaborado que conocemos de dicha pretensión.6
El documento propone una interpretación del recambio entre
administraciones que pone en juego una burda manipulación de conceptos
con fines propagandísticos. Sostiene, por ejemplo, que en
las presidenciales de 2015 los sectores dominantes accedieron al poder
por primera vez en la historia argentina mediante un partido propio
(como si el partido del orden por excelencia de nuestro país, el Partido
Justicialista, no fuera un partido burgués), que el recambio resultante
de dichas elecciones acarreó por sí mismo un cambio en el régimen
político e incluso en la forma de Estado (como si asuntos como estos se
dirimieran sin más a través de elecciones), que también los cambios en
los “patrones de acumulación” y en sus correspondientes “bloques de
poder” están regidos por esos recambios entre administraciones (y que
además vienen acelerándose de un modo curioso a lo largo de la historia
argentina, a juzgar por los 45 años que duró el “agroexportador”, los 25
que duró el de “valorización financiera”, los 12 que habría durado el
de “los gobiernos kirchneristas” (sic) y el añito de vida del que
gozaría “el que intentan poner en marcha actualmente los sectores
dominantes” (sic). Pero el punto relevante aquí es que semejantes
afirmaciones enmarcan un intento de caracterizar el supuesto nuevo
“bloque de poder” que habría consagrado la victoria electoral amarilla,
así como las medidas de política económica que había comenzado a
implementar desde el estado, a partir de los antecedentes educativos y
laborales de los funcionarios designados por Macri.7
El documento nos proporciona así una muestra palmaria de la manera en la que no
debe abordarse la relación de la burguesía y sus diversas fracciones
con el Estado y las políticas públicas. Si adoptáramos el abordaje
propuesto por el documento, deberíamos concluir que los gobiernos de
Lula implicaron el ascenso al poder de Estado de los obreros
metalúrgicos paulistas y los gobiernos de los Kirchner el de los
especuladores inmobiliarios, o bien que la política económica
implementada por Kicillof fue la puesta en práctica de los principios
teóricos de El Capital,
cosas bastante alejadas de la realidad, por cierto. Aquella relación de
la burguesía y sus diversas fracciones con el Estado y las políticas
públicas es, en cambio, una relación objetiva. Esto significa que es
completamente independiente de la procedencia de quienes ejercen el
poder de estado en ciertas circunstancias. Un puñado de funcionarios
plebeyos educados en universidades públicas, provenientes de la pequeño
burguesía y enrolados en partidos de masas, en este sentido, puede
ejercer el poder de Estado de una manera tan acorde con los intereses de
las fracciones de la burguesía que comandan el proceso de reproducción
capitalista como una ceocracia.
Y también quiere decir que es altamente independiente de la voluntad de
esos funcionarios que ejercen el poder de Estado. El proceso de
reproducción capitalista está atravesado por luchas entre clases y
conflictos entre fracciones de la burguesía cuyos resultados, las
relaciones de fuerzas emergentes de esos enfrentamientos, se presentan
ante esos funcionarios como un chaleco de fuerza dentro del cual suelen
verse obligados a acomodarse.
Las políticas implementadas por el gobierno
macrista durante estos meses lucen de una manera muy diferente desde
este último punto de vista. Consideremos las características del proceso
de ajuste tarifario en curso, especialmente durante los meses que se
extendieron entre las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería
de comienzos de abril y la Revisión Tarifaria Integral de largo aliento
que acaba de anunciarse en septiembre. El proceso incluyó resoluciones
con aumentos descomunales así como anuncios de topes y descuentos,
amparos colectivos seguidos de fallos de diversas instancias judiciales,
cacerolazos, audiencias públicas, resurrección de ex secretarios de
energía, declaraciones acerca de diversas costumbres domésticas de los
argentinos, etcétera. El punto de partida del proceso de ajuste era un
retraso tarifario que, a mediados de 2015, se estimaba en un promedio de
un 600% en energía y un 200 a 300% en transporte, cubiertos con
subsidios que superaban el 4% del producto y eran la principal causa del
déficit fiscal. La eliminación de los subsidios y el saneamiento fiscal
fue, naturalmente, una de las principales demandas de la burguesía y
uno de los principales puntos de coincidencia entre los candidatos en
las últimas presidenciales. La situación en la que se encuentra el
proceso de ajuste en estos días augura para fines de año, no sólo un
aumento del déficit fiscal, sino incluso de los propios subsidios. Esta
política tarifaria del gobierno macrista no puede entenderse, desde
luego, como una extensión de la estrategia empresaria de Shell. Y las
declaraciones de Aranguren en el plenario de comisiones de diputados de
junio en el sentido de que, en ese proceso de ajuste tarifario, “estamos
aprendiendo sobre la marcha”, pueden considerarse ciertamente como una
confesión de las peculiares incertidumbres de un ceo
convertido en funcionario pero, fundamentalmente, deben considerarse
como un reconocimiento de la condición de cualquier funcionario arrojado
en uno de los frentes decisivos en los que se dirime la lucha de clases
en nuestros días.
Consideremos ahora las medidas en materia de
retenciones. Macri había prometido, en el último tramo de su campaña, la
eliminación de todas las retenciones agropecuarias, salvo las que
gravaban la soja y sus derivados, que prometía reducir a razón de un 5%
anual Esta promesa ratificaba, naturalmente, la posición adoptada por el
macrismo durante el principal enfrentamiento interburgués registrado
durante el kirchnerismo: el conflicto entre el gobierno y la burguesía
agraria y agroindustrial alrededor de las retenciones móviles de 2008.8
Y apenas asumió, a mediados de diciembre de 2015, anunció la supresión
de los impuestos a las exportaciones de trigo, maíz, carne y productos
regionales, así como la reducción de 5 puntos de los vinculados con la
soja (La Nación,
14/12/15). Primavera amarilla aquella, en la que se desarmaba el cepo
cambiario sin que el dólar se descontrolara y en la que todos los demás
sueños burgueses parecían igualmente realizables. La reducción de los 5
puntos correspondientes al año en curso, sin embargo, acaba de
convertirse en un cronograma de reducciones escalonadas a implementarse
recién en 2018-19 (La Nación,
3/10/16). La explicación de este viraje no se encuentra, naturalmente,
en alguna pérdida de influencia de tres o cuatro funcionarios
provenientes de cámaras empresariales vinculadas con la agroindustria
que se desempeñan como funcionarios. Basta, en cambio, con revisar las
declaraciones que acompañaron este viraje para explicarlo. “La
suspensión de la rebaja a las retenciones se debe al contexto social”
–declaró el ministro Burayle; “si bien no es lo que se había prometido”
-reconoció Chiesa, de la CRA-, “planteado de la manera en que se
planteó, en función de los números de pobreza, el sector no le puede
quitar el hombro al país” (ambos en Radio Continental, el 4/10/16). La
dupla impuestos a las exportaciones agropecuarias – cuestión social
vuelve así a la agenda del gobierno de Macri una década y media después
de aquella coyuntura en la que el gobierno de Duhalde implementó juntas
las retenciones y los planes jefes y jefas de hogar desocupados. Las
posiciones adoptadas por ambos gobiernos y las corporaciones son
idénticas, sus condicionamientos, semejantes. Macri, en cambio, decretó
sin más la eliminación de las retenciones mineras en marzo. Y no sólo es
imposible adivinar a las maniobras de qué agente de las corporaciones
mineras infiltrado como funcionario respondió esta medida, sino que ni
siquiera había sido una promesa de campaña. Pero basta con revisar el
anuncio de esta medida por el propio Macri (en San Juan, acompañado por
Uñac y Corpacci, y aplaudido desde lejos por los restantes gobernadores
de las provincias mineras; Ámbito Financiero
12/2/16) y el contexto en el que se inscribe (desde la reunión con los
24 gobernadores en Olivos en diciembre hasta la devolución del 15% de
los fondos de la coparticipación retenidos a las provincias en mayo)
para entender el sentido de la supresión de este impuesto no
co-participable: el nuevo presidente necesita el apoyo de los
gobernadores justicialistas para poder gobernar.9
Estos avances y retrocesos, estas
contradicciones, ponen de manifiesto simplemente que las políticas
implementadas por un gobierno no pueden explicarse a partir de la
procedencia o de la voluntad de sus funcionarios, sino que deben
explicarse fundamentalmente a partir de la forma específica en que se
expresan las relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clases
en el accionar del estado durante determinado período. Pero este es,
naturalmente, un argumento que se aplica a cualquier proceso de
políticas públicas. Si bien alcanza para poner en evidencia los límites
de las interpretaciones del gobierno macrista en términos de una ceocracia,
en sí mismo no nos dice nada específico acerca de la naturaleza de
dicho gobierno. Sin embargo, quizás el hecho de que aquellas
contradicciones, aquellos avances y retrocesos, hayan sido especialmente
intensos durante estos últimos meses, sea a su vez un indicio de su
naturaleza.
¿Cuál es, entonces, la naturaleza del
gobierno macrista? El requisito para entender las características del
macrismo es distinguirlo adecuadamente del menemismo. El menemismo fue
la respuesta de la gran burguesía a la crisis estructural del modo de
funcionamiento del capitalismo argentino de posguerra, gestada sobre las
relaciones de fuerzas impuestas por la derrota del movimiento obrero en
los procesos hiperinflacionarios de 1989-91 y consistente en un radical
proceso de reestructuración económica y política del capitalismo
doméstico. El macrismo es un fenómeno muy diferente. No es la respuesta a
una crisis estructural sino a una crisis coyuntural: la crisis que
cerró el proceso, relativamente exitoso, de restauración del orden
llevado adelante por el kirchnerismo.10
No se gestó a partir de una simple derrota del movimiento obrero, sino
de un proceso más complejo de restauración del orden a través de la
integración de demandas que arrojó como resultado relaciones de fuerzas
mucho más favorables a los trabajadores. Y tampoco enfrenta la tarea de
imponer una reestructuración radical del modo de funcionamiento del
capitalismo doméstico, sino la de resolver una serie de problemas
acumulativos que acarreó ese proceso reformista de restauración del
orden.11
Hacer frente a problemas como la inflación y el déficit fiscal
implicaba un viraje hacia la derecha que el kirchnerismo propiamente
dicho no estaba en condiciones de encarar, pero que los dos principales
candidatos a las presidenciales se postulaban a encabezar. La
competencia entre Macri y Scioli como candidatos del ajuste en las
presidenciales de 2015, sin embargo, expresó un viraje hacia la derecha
diferente de la competencia entre Menem y Angeloz como candidatos de la
modernización en las presidenciales de 1989.
La resolución de esos problemas acumulados
durante el kirchnerismo, en el contexto de las relaciones de fuerzas
vigentes, era de antemano una tarea ardua. Pero, además, hay un último
elemento que complicaba aún más dicha tarea. El proceso de restauración
del orden después de la crisis y la insurrección de fines de 2001 fue
exitoso, ciertamente, pero no careció de ciertas limitaciones en su
dimensión decisiva: la restauración duradera de las condiciones para la
dominación política. Estas limitaciones pueden apreciarse, entre otras
cosas, en sus dificultades respecto de la recomposición del sistema de
partidos, que quedó completamente desarticulado después de la crisis
política de 2001. Esta ausencia de recomposición del sistema de partidos
fue quizás el factor decisivo que impidió que el recambio entre
administraciones y el ajuste que estamos discutiendo tuviera lugar como
resultado de la crisis política que atravesó el kirchnerismo en 2008-09.
La burguesía resultó incapaz de organizar una alternativa de recambio
que impusiera una salida de derecha a esta crisis política a través de
las presidenciales de 2011. Mientras tanto, entre 2011 y 2015, los
problemas inherentes al proceso reformista de restauración del orden que
había concluido el kirchnerismo siguieron acumulándose, convirtiendo al
ajuste en una empresa cada vez más ardua. Y también esa ausencia de
recomposición del sistema de partidos vuelve a ponerse de manifiesto hoy
en las agudas inconsistencias que signan el desempeño de la alianza
política gobernante.
Colaboración especial para este número de Herramienta.
1 El primer empleo de esta expresión parece haber sido responsabilidad del periodista económico A. Zaiat (“La CEOcracia”, en Página 12,
6/12/15). El periodista se refería a las designaciones de I.
Constantini de General Motors en Aerolíneas Argentinas, S. Malcorra de
IBM y Telecom en la Cancillería, de J. J. Aranguren de Shell en el
Ministerio de Energía y Minería, de G. Lopetegui de LAN en la Jefatura
de Gabinete, de L. Caputo del Deutsche Bank en la Secretaría de
Finanzas, de M. Quintana de Pegassus en la Secretaría Coordinación
Administrativa y Evaluación Presupuestaría y de otros gerentes en
dependencias provinciales.
2 Véanse las declaraciones de Zulema Menem en Radio del Plata,
Bs. As., 28/10/15 y en otros medios. Su tío Eduardo Menem fue aún más
preciso: “Scioli ingresa a la política de la mano de Carlos Menem, en
cambio Macri nunca estuvo en nuestro gobierno”, en declaraciones a Radio Viva, La Rioja, 29/10/15.
3En
este sentido es correcta la afirmación de G. Vommaro de que “los CEOS
que dominan muchos de los puestos relevantes no expresan tanto la
influencia directa de las corporaciones empresariales como la
centralidad del ethos managerial con el que quiere refundar la Argentina” (Vommaro, G.: “El candidato no es el proyecto”, en Anfibia, UNSAM, www.revistaanfibia.com).
4
Este es, precisamente, el escollo que enfrentan los intentos de
incorporar los mecanismos de la competencia de mercado dentro del
aparato de Estado de la public choice y otras concepciones reaccionarias de la administración pública.
5 Véase en este sentido A. Belloti, S. Morresi y G. Vommaro: Mundo Pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Bs. As., Planeta, 2015.
6 Nos referimos al Documento de Trabajo 15 del CIFRA-CTA y FLACSO La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos,
Bs. As., febrero de 2016. Véase mi discusión preliminar de este
documento en “La insurrección como restauración”, reportaje en La izquierda diario 28, Bs. As., abril de 2016.
7Una
curiosidad adicional del documento es que pretende adherir al marco
teórico de Poulantzas. El concepto poulantziano de “bloque en el poder”
es, ciertamente, bastante ambiguo. Pero si algo
es evidente es que Poulantzas no entendía la relación entre la clase
dominante y el Estado en esos vulgares términos personales. El rechazo
de semejante concepción, precisamente, estaba en el eje de su crítica a
la sociología de las élites de Miliband: “la relación entre la clase burguesa y el Estado es una relación objetiva”, en el sentido de que, “si la función del Estado en una formación social determinada y el interés de la clase dominante en esta formación coinciden,
es en virtud del propio sistema: la participación directa de miembros
de la clase dominante en el aparato de Estado no es la causa sino el efecto―por
lo demás un efecto casual y contingente― de esta coincidencia
objetiva” (Poulantzas, N.: “El problema del Estado capitalista”, en R.
Miliband, N. Poulantzas y E. Laclau: Debates sobre el Estado capitalista, Bs. As., Imago Mundi, 1991, p. 81).
8 Acerca de las características de este conflicto puede consultarse A. Bonnet: “El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo”, en Herramienta web 6, Bs. As., 2010.
9 Véase el artículo de L. Alvarez Huwiler: “¿Es el árbol o el bosque?”, en Página 12, 7/3/16.
10 Para un análisis de las características de este proceso de restauración puede consultarse A. Bonnet: La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015. Bs. As., Prometeo, 2015.
11
Esto no impide de antemano que el gobierno macrista pueda encarar
algunas políticas más estructurales como, por ejemplo, revertir algunas
de las estatizaciones forzadas de empresas de servicios públicos
heredadas del kirchnerismo, si impusiera un cuadro tarifario que las
volviera rentables. La venta de acciones del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la Ansess anunciada en abril podría considerarse
como un antecedente. Pero esto no cambiaría nuestro argumento y, en
cualquier caso, hoy parece improbable que el gobierno macrista alcance
el escenario de estabilidad requerido para encarar este tipo de
políticas más estructurales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario